La defensa del general retirado Ramón Díaz Bessone pidió hoy que el militar imputado por delitos de lesa humanidad sea trasladado al Hospital Militar Central de la ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de un accidente cerebro vascular sufrido por su cliente, solicitud que fue concedida por el Tribunal Oral Federal Nº 2.
Así, el abogado defensor del ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército durante la última dictadura postergó el inicio de su alegato en el juicio oral que se lleva adelante en esta ciudad en el marco de la causa denominada Díaz Bessone.
En voto dividido, los jueces del TOF 2 decidieron que el general retirado se someta a estudios en el hospital central de la Capital Federal, aunque la medida no implica la suspensión del juicio.
La resolución motivó la inmediata reacción del fiscal de la causa, Gonzalo Stara, quien interpuso recurso de nulidad contra la decisión de los jueces por entender que debió darse intervención a la fiscalía antes de decidir.
Stara agregó en la audiencia de hoy que no puede privilegiarse al imputado con su traslado al hospital militar teniendo la posibilidad de recibir atención médica en esta ciudad.
De hecho, Díaz Bessone es atendido por sus problemas de salud en el Hospital Español de Rosario, confiaron fuentes judiciales.
El TOF 2 rechazó el planteo de la fiscalía y dispuso que se constituya una junta médica con profesionales de la Corte Suprema de Justicia para determinar si Díaz Bessone está en condiciones de continuar presenciando el juicio.
En tanto, la querella de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas adelantó que «propondrá la inclusión de peritos de parte”.
Tras ese incidente comenzó su alegato el defensor Germán Artola, en representación de los imputados Mario Marcote, José Scortechini y Ramón Vergara.
El abogado planteó ante el tribunal la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo, ratificó la validez de las leyes de obediencia debida y punto final.
Además, hizo referencia a la legalidad de las detenciones que se les imputan a sus defendidos como privaciones ilegítimas de la libertad, por entender que la policía actuó conforme a las leyes vigentes en ese momento y que luego remitía las actuaciones a la justicia militar.
