Un informe privado da cuenta de un severo ajuste en las partidas que destina el gobierno nacional a la promoción de empleo juvenil y al trabajo decente. “Mientras el desempleo vuelve a ser un fantasma que recorre el mercado laboral, la intervención del Estado con políticas públicas desaparece”, concluye un informe del Centro de Estudios Atenea. La entidad recorrió el Presupuesto 2017 en comparación con los gastos que el Congreso nacional aprobó para 2016 y midió un “profundo recorte” en las partidas, en particular en las destinadas a los sectores más vulnerables del mercado laboral: jóvenes y trabajadores en negro.
“Las políticas de empleo, que son intervenciones públicas que hace el Estado sobre el mercado de trabajo, en sí mismas no son generadoras de trabajo”, aclara el informe, que de igual modo destaca que “los programas de políticas activas de empleo” resultan imprescindibles para “crear condiciones igualitarias en el acceso al trabajo, sobre todo en poblaciones vulnerables”.
En ese marco menciona como un “claro ejemplo” el recorte en el programa Progresar, para que jóvenes de sectores vulnerables puedan concluir sus estudios. Si bien el Progresar no depende de la cartera laboral sino de la Ansés se vincula con la problemática juvenil de empleo. Pero se achicó: “El programa pasó de una meta física de 965.320 beneficiarios en 2016 a 500.000 en el presupuesto proyectado de 2017. Asimismo, redujo su financiación de 8.946.735.752 pesos a 5.519.941.000, es decir, un 38% nominal y un 47% real”, refleja Atenea.
“El panorama para el empleo juvenil es desalentador. La tasa de desocupación de este rango etario triplica al del resto de la población. Una quita de recursos públicos en este segmento sería contraproducente si se quiere discutir una ley de Empleo Joven que brinde mejores oportunidades”, marcó el centro de estudios.
El trabajo también midió un importante recorte en el Sistema Federal de Empleo: “La Red de Servicios de Empleo, es decir, el alcance territorial del Ministerio de Trabajo en las diferentes jurisdicciones del país, el sistema sufrió nominalmente una baja del 2%, mientras que, la disminución real fue del 16%”, señaló el centro de estudios.
Según el análisis del Presupuesto 2017, la reducción más importante que presenta la cartera laboral se encuentra en los recursos destinados al Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), que tiene como principal objetivo combatir el trabajo informal mediante la incorporación de los trabajadores no registrados al Sistema de Seguridad Social. “A su vez, busca garantizar el respeto a los derechos fundamentales del trabajo, se realizan acciones de fiscalización en todo el territorio nacional y se difunden los beneficios de la regularización, apuntando a que los empleadores disciplinen de forma voluntaria su situación”, destacó Atenea.
Según las cuentas, el plan disminuyó nominalmente un 16%, “que se traduce en términos reales a una retracción del 28%”, por efecto inflacionario. “En detalle, esta partida muestra una significativa disminución en el monto destinado al personal contratado, de 30 millones de pesos pasa a 9.061.469 pesos, recortándose solo en este ítem un 77%”, señala el trabajo.
Del mismo modo, en la distribución de recursos del Ministerio de Trabajo pensados para el año próximo las partidas destinadas a la formación profesional y laboral de los jóvenes casi no reciben mejoras: “Su aumento es de tan solo 0,28% y si se toma como referencia la inflación estimada estos programas presentan una retracción real del 14%”, marcó el informe de Atenea.
