A dos días cumplirse los 96 años, el gobierno de Chaco trasladó a la localidad de Napalpí los restos de nueve víctimas aborígenes de la Masacre, que estaban en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata y habían sido restituidos a las autoridades de la provincia en 2018.
El Poder Ejecutivo provincial dispuso que los restos, que estaban resguardados en urnas en la Casa de Gobierno, en Resistencia, fueran llevados para su descanso final al monumento de la Masacre de Napalpí en Colonia Aborigen, construido en el Lote 39, el lugar donde se asesinó a más 400 integrantes de los pueblos Qom y Mocoví.
El acto protocolar fue encabezado por la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga, quien recordó: “Fue el gobernador Jorge Capitanich que a inicios de 2008 pidió perdón en nombre del Estado provincial a la sobreviviente de la Masacre de Napalpí, Melitona Enrique, después de que ella rompiera el silencio tras décadas de miedo”.
También señaló que posteriormente el testimonio de la aborigen Rosa Grillo dio lugar a que se propusiera un Juicio por la Verdad para que “se declare a la Masacre de Napalpí como un delito de lesa humanidad”.
Ahora, en el nuevo acto, la vicegobernadora Rach Quiroga sostuvo: “El Estado provincial propicia una reparación histórica para nuestros pueblos originarios en particular y para todo el pueblo chaqueño en general”.
Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, Silvana Pérez, acompañó: “La memoria que debe recordarse es que ha sido un genocidio”, sostuvo, y remarcó: “Napalpí representa en el Chaco una situación de genocidio indígena en el momento de la colonia”.
“Es muy importante hacer un acto de reparación, es decir de memoria, verdad y justicia, reconociendo la plurinacionalidad”, añadió la funcionaria, y destacó que la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros “impulsa una política muy clara de memoria, verdad y justicia”.
El gobierno provincial indicó que en el monumento a la Masacre de Napalpí “el sector más significativo es el Círculo Mayor, que posee un alto valor simbólico” y que en el mismo “están indicados los puntos cardinales y el Camino del Ñandú, un conjunto de estrellas que señalan un sendero en épocas de invierno para las culturas indígenas”.
También señaló que “en el centro del círculo se encuentra una fuente de fuego, que simboliza la vida, el conocimiento y la historia de los qom, y la reunión de los pueblos indígenas alrededor del fuego, donde los ancianos y ancianas transmitían el conocimiento a las nuevas generaciones”.
Alrededor de ese fuego se ubican diez postes de quebracho, correspondientes a los ritos funerarios de los qom, y a sus pies se depositarán las nueve urnas recuperadas del museo de La Plata, a las cuales se sumará una más por los indígenas caídos y por los caídos en la Guerra de Malvinas. Es en este lugar donde luego se colocarán las placas conmemorativas.
Al final del círculo, se emplazan dos “Muros de la Historia” donde se encuentran los relatos del pasado de Napalpí, su cultura, tradiciones, y los acontecimientos trágicos sufridos por su pueblo.
Verdad para reparar y “restituir la dignidad”
La Masacre de Napalpí es el nombre con el que se recuerda la matanza de más de 400 indígenas de los pueblos Qom y Mocoví a manos de la Policía chaqueña y estancieros locales, cometida en la Colonia Aborigen Napalpí el 19 de julio de 1924, durante la presidencia del radical Marcelo Torcuato de Alvear.
El ataque dejó al menos 700 víctimas, entre las que fallecieron y las que lograron escapar heridas, algunas gravemente. La maoría eran mujeres, ancianos y niños. Muchos de quienes no murieron por las balas, fueron degollados sin piedad con machetes y hachas, y algunos colgados.
En 2014 el Estado nacional inició una investigación de los eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en Napalpí, para luego solicitar la apertura de un juicio por la verdad. Para entonces, todos los culpables, unos 130 entre policías, estancieros y peones (blancos), ya habían muerto.
Durante la investigación el expiende creció sin parar con documentos históricos aportados por instituciones chaqueñas y de la Nación –como informes de la Comisión Honoraria de Reducciones del Ministerio del Interior, legajos del gobernador de entonces, Fernando Centeno, y del comisario Diego Uribarrie, jefe de Policía del Territorio Nacional del Chaco; el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, el diario El Heraldo del Norte en su Edición Especial de 1925, el expediente Judicial N°910/24, material aportado por el Aero Club Chaco (en los asesinatos se utilizó también una aeronave), fotografías de la reducción y más. También se incorporaron trabajos de investigación y testimonios de historiadores e investigadores de la reducción y de la Masacre de Napalpí.
En la apertura de la investigación para el juicio por la verdad, los fiscales señalaron que el daño padecido por las víctimas y los efectos en las generaciones siguientes debían ser determinados a fin de “restituir la dignidad” de las comunidades masacradas “como parte fundamental del proceso de reparación integral”.
“Entendemos como necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se perpetraron las atrocidades y saber quiénes son los máximos responsables de los crímenes, y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución”, marcaron.
