El único servicio asistencial público en Rosario de pacientes con consumo problemático de drogas especializado en reducción de daños corre riesgo de cerrar por la falta de pago a sus profesionales y de «continuidad de la política pública», según advirtieron este viernes las autoridades.
«En esta situación uno de los principales riegos es maximizar las vulnerabilidades de los usuarios al no disponer del servicio de salud pública», dijo la doctora en Psicología Silvia Inchaurraga, titular del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y Sida (Ceads).
La profesional, que es la responsable de la ejecución del convenio entre la Universidad Nacional de Rosario y la provincia de Santa Fe mediante el cual se financia el Servicio Asistencial en Drogadependencias y Sida (Sadys), explicó que los profesionales no perciben sus honorarios desde hace 10 meses y el servicio corre riesgo de continuidad.
En ese marco, por el atraso en los pagos, cinco miembros del servicio (cuatro psicólogos y un psiquiatra) renunciaron la semana pasada, resintiendo las posibilidades de atención cuya demanda se incrementó en el contexto de pandemia.
«No sólo es la deuda, sino el panorama a futuro. No se sabe si hay continuidad de esta política pública», sostuvo Inchaurraga sobre el Sadys.
El dispositivo terapéutico -único de asistencia público desde la perspectiva de derechos de los usuarios- funciona desde 1995 y «fue pionero en esta perspectiva», remarcó Inchaurraga, al punto de ser declarado como caso de buenas prácticas en América latina por el programa de Sida de Naciones Unidas.
El Sadys es financiado por el gobierno santafesino a través de un convenio con la UNR, que está vencido desde diciembre de 2019.
El organismo público firmante es la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de Adicciones (Aprecod) de la provincia. Desde allí dijeron «de palabra que el servicio tendría continuidad con convenios cada seis meses», explicó la psicóloga.
Tras una reunión con el entonces ministro de salud santafesino, Carlos Parola, «en marzo el Estado pagó el mes de enero -restando diciembre de 2019-, pero desde entonces no se realizaron más pagos», aseguró Inchaurraga.
«No podemos trabajar diez meses gratis, aunque tuvimos la mejor voluntad entendiendo que había urgencias», señaló en relación a la pandemia que demandó recursos extras.
La misma problemática atravesaron ONG que prestan servicios -desde otra perspectiva clínica- a pacientes con consumo problemático de drogas, pero «ya regularizaron sus situaciones», explicó la titular del Ceads.
