El pasado miércoles se dio a conocer que la causa Acindar, mejor conocida como El Villazo, se elevó a juicio oral y público. Se trata de la causa que investiga los crímenes cometidos contra trabajadores, la mayoría sindicalizados en la Unión Obrera Metalúrgica, en Villa Constitución el 20 de marzo de 1975.
Por entonces, el movimiento obrero de varias industrias metalúrgicas, sobre todo Acindar, estaba atravesando un proceso de avance en conquista de derechos laborales y resistiendo a la burocracia sindical. La madrugada del 20 de marzo desembarcaron en la ciudad fuerzas de seguridad y la Triple A en represalia y como clara antesala al terrorismo de Estado que se desplegaría a partir de 1976.
El fiscal de la Unidad Delitos Lesa Humanidad, Adolfo Villate, habló con El Ciudadano y especificó que se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidios y tormentos. Para esta elevación se constituyeron 77 casos y 25 personas estarán sentadas en el banquillo de los acusados. Ninguno de ellas está actualmente en cárcel por otros crímenes, pero al menos dos ya recibieron dos condenas por delitos de lesa humanidad.
Entre ellos, está imputado Roberto José Pellegrini, quien trabajaba en Acindar y que «colaboró como informante para que la represión masiva sucediera. Aportó legajos, dio domicilios de los trabajadores y apoyo logístico a las fuerzas, entregó un espacio físico para que obrara como centro clandestino de detención».
Villate además destacó que desde la Fiscalía hayan conseguido considerar estos crímenes como de lesa humanidad aunque se hayan perpetrado antes del inicio oficial de la última dictadura cívico militar y del genocidio. «Ya venía preparándose toda la estructura que luego sería la que tomaría el poder de facto un año después el 24 de marzo y sí claramente ya había diversas reglamentaciones que se venían dictando que predisponían todas las estructuras militares y de las fuerzas de seguridad para la represión», detalló.
Por otro lado, advirtió que habían solicitado las indagatorias en marzo de 2017, «lo cual da una idea del tiempo que llevó lograr esta elevación a juicio». La demora en los procesos judiciales en delitos de lesa humanidad es una constante que también denuncian las querellas y organizaciones de derechos humanos, que hablan de una «impunidad biológica» ya que en el camino fallecen muchos represores acusados.
Por su parte, Federico Pagliero integra el equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -Apdh- y dijo a El Ciudadano que tienen grandes expectativas para este juicio, que aún no tiene fecha pero esperan que pueda iniciar antes de fin de año. Expresó que desde esta querella «se persigue romper la impunidad del Terrorismo de Estado en esta causa emblemática y reivindicar a los obreros de la histórica lista Marrón de la seccional Villa Constitución. “
«Venimos acompañando a los heroicos obreros desde la primer denuncia que realizamos desde esta querella y hoy son los hechos elevados a juicio. Es importante aclarar que estamos dando una pelea muy grande en la cámara de casación penal, ya que se han desestimado los múltiples homicidios de esta causa y la asociación ilícita, una burla en relación a la magnitud de víctimas y la gravedad de delitos, los cuales entendemos, deben integrar la plataforma fáctica del juicio que se aproxima», explicó.
Cada causa de lesa humanidad tiene su especificidad y cada una da cuenta de la complejidad del aparato genocida que se montó en Argentina. En relación a otras causas, Villate consideró que «lo que tiene de especial y de paradigmático es que en la jurisdicción es donde se investiga más claramente lo que tiene que ver con la connivencia civil y empresarial».
Y siguió: «Lo que nosotros vemos acá es cómo las empresas pusieron al servicio de la represión un montón de elementos para que se lograra acallar la demanda de mejoras de parte de trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica de la seccional Villa Constitución que tenia la particularidad de que no estaba alineada en aquel momento con lo que era la burocracia sindical dirigida por Lorenzo Miguel».
En este sentido, recordó que el presidente del directorio de Acindar era José Alfredo Martínez de Hoz, quien al año siguiente se convertiría en el ministro de Economía de la Nación bajo el comando de las Fuerzas Armadas. «Él vino a implantar un nuevo modelo económico y esta represión masiva de los trabajadores, este intento de acallar sus reivindicaciones, sin dudas va en línea del modelo económico que quería implantar Martínez de Hoz, que tuvo sus consecuencias hasta ahora, hasta la actualidad».
Finalmente, Pagliero también subrayó la complejidad de la causa «por centrarse en la persecución estatal durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, que tiene está particularidad de ser una de las causas de lesa humanidad antes del golpe de Estado y en la cual el gobierno Nacional contó con la participación del gran empresariado (Acindar, Marathon y Metcon) y de la burocracia sindical de la UOM Nacional para perpetrar el delito internacional de genocidio hacia los obreros, sus familiares y el pueblo de Villa Constitución».
