Catorce trabajadores de la empresa Elextrolux fueron imputados en el mediodía de este martes por la fiscal Valeria Haurigot, quien también pidió el «cese del estado antijurídico». El reclamo fue acompañado por el representante de la firma, quien redobló la apuesta pidiendo que se despejen los ingresos y se permita el libre acceso a la planta de zona sudoeste. Si bien el juez Hernán Postma admitió la imputación, dio su interpretación del caso. Partió de un eje fundamental: dijo que ante todo hay un conflicto laboral, que hay trabajadores que están tratando de reivindicar sus derechos y una instancia administrativa abierta en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que es «donde corresponde resolver la situación». Así, aseguró que ordenar el despeje del ingreso resultaría violento.
La Fiscalía sentó en el banquillo a 15 de los trabajadores despedidos de la empresa Electrolux y los imputó de «sabotaje y usurpación por turbación»; el lunes a uno y el resto el martes. La fiscal Haurigot describió que bloquearon los tres portones que tiene la firma ubicada en Batlle y Ordóñez al 3400 y detalló quiénes y con qué vehículos se hicieron esos bloqueos. Contó que todo se inició con una denuncia de uno de los empleados jerárquicos de la empresa, quien afirmó que esta situación les impide ingresar materias primas y sacar la producción.
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Haurigot pidió así el «estado del cese antijurídico». Es decir, que se levante el bloqueo por orden judicial. Planteo que apoyó el abogado de la firma, Jorge Ilharrescondo, quien redobló la apuesta al solicitar la medida cautelar, o sea la prisión preventiva de los acusados.
“No hablamos de represión porque a la palabra represión se le ha dado un tinte ideológico que no corresponde en este caso. Si reprimir implica implica restablecer la vigencia del Derecho, creo que estamos equivocados. Nosotros no pedimos la represión de la dictadura, ni estamos hablando del uso de la fuerza. Hay formas alternativas de restablecer el libre flujo de personas y bienes. Hay protocolos y autoridad de aplicación a quien encomendar el orden y pueden implementarlo sin cascos, gases lacrimógenos y apaleos generales”, dijo el abogado, generando murmullo en la sala. Luego pidió la intervención del ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro.
La defensora oficial Verónica Lamas, a cargo de la representación legal de cinco de los trabajadores, y Matilde Bruera, por el resto, hicieron planteos similares entre sí. Dijeron que lo que se da es un conflicto laboral y que no hay un bloqueo de la empresa. «Por ende no hay delito», agregaron.
Cuatro de los trabajadores también declararon durante la audiencia. Tres de ellos se desvincularon de la imputación. Uno incluso dijo que no estaba en el lugar cuando lo acusaron de obstaculizar el funcionamiento de la planta, donde la firma produce productos de línea blanca.
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Postma tuvo la última palabra. Fue después de escuchar todos los planteos, durante casi tres horas y media. El magistrado recordó que ya el 3 de mayo pasado no había hecho lugar al «cese del estado antijurídico» pedido por la acusación. Dijo que esa solicitud era «inadmisible e improcedente».
«Soy un juez penal. Llego a esta audiencia para resolver un conflicto. Y el origen es claro: es un conflicto laboral. Y hoy deriva en que hay personas que pueden haber cometido probables injustos y están sujetos a una investigación penal. Adquirieron el carácter de imputados, pero hay algo muy importante: son trabajadores que están tratando de reivindicar sus derechos. Todavía están en relación laboral aunque hayan sido despedidos, porque hay una intervención del Ministerio de Trabajo que no cesó», explicó Postma.
«Un juez penal no puede intervenir cuando lo hace el Ministerio de Trabajo y tomar una medida que podría llegar a perjudicar la solución del conflicto. Disponer esta medida (el desbloqueo de la planta) sería algo frío, irracional y hasta violento», añadió el magistrado.
«Hay un conflicto con pérdidas para todos. Y hay veces que es más significativa la pérdida del trabajador que la del empresario», agregó.
Así, Postma resolvió finalmente rechazar el pedido de cese de estado antijurídico hasta la finalización de la negociación laboral. «Después se verá si se resuelve en ese ámbito o no. Y de no resolverse se verá si hay una arista penal», explicó.
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