El juez federal Marcelo Bailaque elevó a juicio oral la causa que tiene como imputado al ex jefe de la Policía de Santa Fe Hugo Tognoli (de 52 años), acusado por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, al igual que a los dos supuestos líderes de las bandas narco más importantes del departamento General López, Carlos Ascaíni (de 40) y Oscar “Totola” Orozco (32). La resolución incluye a los uniformados Néstor Juan Fernández (43) y Alfredo Quintana (45), y al abogado y funcionario de la policía provincial Oscar Alberto Ledesma (54). Además de los principales responsables, la causa tiene más de una veintena de imputados por diferentes niveles de participación en las organizaciones narcocriminales. Este es el segundo juicio que enfrenta el ex jefe de la Policía Santafesina. El primero culminó a finales de octubre pasado, cuando el Tribunal Oral de Santa Fe condenó a Tognoli a seis años de prisión por “encubrimiento triplemente agravado” sobre un vendedor estupefacientes y coacciones contra la titular de una ONG.
Causa en Rosario
A finales de julio pasado, el fiscal federal Mario Gambacorta, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, solicitaron al magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº 4, Marcelo Bailaque, la elevación a juicio oral de la investigación que comenzó a finales de 2009 y se formalizó con la detención de Ascaíni –a principios de 2012– y la de Orozco en 2013, y que además tiene otros 25 imputados, incluido el ex jefe de la Policía de Santa Fe. Los pesquisas argumentaron que existen pruebas suficientes respecto de la connivencia y protección brindada por el ex jefe de la Policía provincial a la banda de Ascaíni, dedicada al narcotráfico en el sur provincial.
Según la investigación, Tognoli junto con otros uniformados brindaban protección a Ascaíni, sindicado como jefe de una organización dedicada a la comercialización de drogas con base en la localidad de Villa Cañás. La metodología era que policías brindaban información a cambio de una remuneración para que los líderes de las bandas lograran escapar de las fuerzas federales que los seguían. De la pesquisa surgió que a finales de noviembre de 2009 Tognoli, en su calidad de jefe de Drogas provincial, les dio su clave a subordinados para que investigaran dominios de vehículos aportados por Ascaíni para determinar cuáles eran de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En la causa, que comenzó con el juez federal Carlos Vera Barros a cargo, se develó que Ascaíni llamó a la comisaría de Villa Cañás para averiguar quién lo seguía. En ese marco, uniformados averiguaron en el Registro Nacional de Propiedad Automotor con las claves que pertenecían a Tognoli para alertar cuál era el vehículo de la PSA. Tras esa comunicación telefónica, un policía partió hacia donde se encontraba Ascaíni para interceptar y pedir identificación a quienes lo seguían, de tal forma de facilitar la evasión, según la pesquisa.
La Justicia federal tenía en la mira a Ascaíni por considerarlo el mayor distribuidor de las localidades de Villa Cañas, Venado Tuerto y Firmat (todas en el departamento General López) donde se realizó la mayor cantidad de allanamientos y secuestro de estupefacientes en el marco de tres causas unificadas: la que detuvo a Ascaíni en 2012, la que se originó por sospechas sobre uniformados y la que en 2013 derivó en la caída de Orozco.
En su fallo, Bailaque caratuló el accionar de los policías Tognoli, Fernández y Quintana bajo el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, doblemente agravado por haberse cometido con la concurrencia de tres o más personas organizadas para tal fin y por sus condiciones de funcionarios policiales. Los dos primeros en calidad de coautores, mientras que Quintana como partícipe necesario. El también policía Oscar Alberto Ledesma irá a juicio oral acusado de violación de los deberes de funcionario público en calidad de autor, por haber omitido denunciar a responsables del tráfico de drogas que operaban en la localidad de Firmat.
En la causa elevada a juicio se incorporaron otras dos presentadas por la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que incluye la descripción de la estrecha relación que mantenían los dos distribuidores de drogas más importantes del sur provincial, Orozco y Ascaíni.
Los pesquisas determinaron que Totola Orozco y el Vasco Ascaíni no eran rivales sino que se advertían sobre operaciones de compra-venta e intercambio de distintos tipos de estupefacientes. Esa relación quedó en evidencia tras el operativo de la Policía antinarcóticos provincial Azúcar Blanca, donde fueron detenidas a principios de abril de 2013 las esposas de Ascaíni, Carina Leguizamón (40), y de Orozco, Jenifer Domínguez (22).
En ese marco, al juicio oral llegarán, además del ex jefe de la Policía provincial, otros tres uniformados, los dos sindicados líderes narco y otras 21 personas, imputadas como integrantes con distintos niveles de participación en las bandas. Tognoli quedó detenido en octubre de 2012 luego de que un medio nacional publicara la investigación que le seguía la PSA, aunque a las dos semanas fue liberado. En marzo del año siguiente volvió a ser detenido, luego de que el entonces fiscal Juan Murray pidiera su procesamiento como integrante de una empresa criminal conjunta. La antecesora de Murray, Liliana Bettiolo, no apeló el fallo de Vera Barros que había exculpado a Tognoli y fue desplazada. Murray dejó el cargo en abril de 2014.
Primera condena en Santa Fe
El 25 de octubre pasado, el Tribunal Oral de Santa Fe sentenció a Hugo Tognoli a seis años de prisión por “encubrimiento triplemente agravado” sobre el vendedor de estupefacientes Daniel “Tuerto” Mendoza y por “coacciones” a la líder de Madres Solidarias, Norma Castaño, quien había denunciado la “connivencia” entre ambos. Tognoli fue condenado además a una inhabilitación especial para ocupar cargos públicos y una multa de 40 mil pesos porque uno de los agravantes de la protección era el “ánimo de lucro”. Su cómplice, el ex jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas, José Luis Baella, fue condenado a 5 años de prisión por los mismos cargos y Mendoza a 6 años y 6 meses por fabricación y comercialización de estupefacientes y coacciones a Castaño. Además, Fernando Torres recibió cuatro años de cárcel luego de que lo detuvieran con droga en la Terminal de Santa Fe.
