El fiscal federal de Santa Fe, Gustavo Onel, pidió la elevación a juicio de la causa por el alzamiento policial de diciembre de 2013, en las que están imputados el líder de la agrupación Apropol Alberto Martínez y tres sargentos de la Policía provincial: Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani.
La causa comenzó con la denuncia del fiscal de Estado de la provincia, Pablo Saccone, el 10 de diciembre de 2013, luego de una semana de conflictos que tuvieron como epicentro las ciudades de Rosario y Santa Fe. Por aquellos días, los uniformados se acuartelaron en reclamo de un aumento salarial y dejaron de prestar servicio. En el pico de la crisis, hubo una marcha hacia la Casa Gris en la que los manifestantes portaron armas de fuego.
Las presiones sobre el gobierno provincial –que se replicaron en otros distritos como Córdoba y Entre Ríos–, sumadas a la manifestación en Plaza de Mayo y el bloqueo, por parte de la propia Policía, de la línea 911, motivaron la denuncia por “sedición” presentada por el fiscal de Estado Pablo Saccone.
El fiscal federal Walter Rodríguez fue el primero en tomar la denuncia. Su investigación estuvo orientada a determinar si los policías que se manifestaron frente a la Casa Gris tuvieron conductas extorsivas contra el gobierno provincial y si la actitud de la fuerza generó las condiciones que hicieron posibles los robos y saqueos registrados durante el “paro” policial
Tras la salida del fiscal Rodríguez, la causa quedó en manos de Gustavo Onel. Están implicados el líder de la agrupación Apropol y tres policías de la provincia. Este miércoles, Onel le solicitó al juez federal Reynaldo Rodríguez la elevación a juicio.
En su escrito, el fiscal federal indicó que “por aquellos días se produjo una afectación cierta y considerable a la seguridad nacional, circunstancia que los procesados no podían desconocer, no solo porque eran hechos de conocimiento público sino porque además formaron parte de las arengas al personal policial de Santa Fe”.
Al líder de Apropol Alberto Martínez se le atribuye ser el cerebro del alzamiento. Según Onel, “haber instigado, a partir del 3 de diciembre de 2013, y hasta el 10 del mismo mes y año, la comisión de delitos por parte de terceras personas que tenían estado policial, respecto de los cuales tenía una incidencia concreta, en virtud de lo cual estos ejecutaron un plan penalmente relevante consistente en alzarse en armas contra el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe”.
El martes 10 de diciembre de 2013, a una semana del inicio del conflicto, el gobierno provincial cerró un acuerdo con los policías sublevados en el Arzobispado de Santa Fe. Ese día, el entonces gobernador Antonio Bonfatti divulgó los términos del “acuerdo”: un pago de 2.000 pesos en diciembre y otros 2.000 en enero de 2014 y el aumento de los suplementos “Riesgo profesional” (del 30 al 120% sobre el sueldo básico) y “Dedicación especial” (del 25 al 100%).
Por eso, en su pedido de elevación a juicio, el fiscal Onel sostuvo que la protesta de los uniformados y el cese del servicio tuvieron como fin “arrancarle al Estado una medida o concesión que consistió en el dictado del decreto 4.221/2013”, por el cual se otorgó el aumento salarial y se aumentaron los adicionales.
La investigación de la Fiscalía Federal determinó que Alberto Martínez “utilizó diversos espacios virtuales de la organización Apropol, como sus cuentas de Twittter y Facebook, y también su cuenta personal de Twitter, para efectuar publicaciones con el objetivo de instigar a distintos actores a alzarse en armas contra las autoridades políticas provinciales, a fin de arrancarles una medida o concesión”.
Además, a Martínez se le imputó el delito de amenazas contra Bonfatti a raíz de los mensajes de texto que envió los días 4, 6 y 7 de diciembre del 2013 desde el teléfono de su esposa. Esos mensajes decían: “¿Seguís pensando en pagarle 5 mil pesos a los policías, explotador?”, “Explotador y negrero de los policías, te hago responsable de todo lo que sucede. Facineroso”, “En vez de mandarme la cana a mi casa, porque no buscás a los narcos y les pagás sueldos dignos a la cana, payaso explotador y negrero. El 12 voy para Rosario y vamos a hablar”.
A raíz de esos mensajes, Martínez quedó imputado por “instigación a cometer delitos, en concurso real con el delito de amenazas coactivas agravadas, en calidad de autor”. Según el fiscal Onel, “la conducta de Martínez superó con creces el ámbito de lo que pudiere considerarse un reclamo legítimo para ingresar en el campo de lo delictual, desde que la misma, destinada a que el poder político provincial cediera a sus reclamos, incluyó llamados a la paralización del servicio, a la insubordinación y a la propagación de situaciones con desprecio de las consecuencias que provocaron”.
Los otros tres sargentos involucrados en la causa fueron imputados por “sedición, agravado por tratarse de funcionarios públicos, en calidad de coautores” ya que “actuaron como coordinadores y negociadores de las mencionadas acciones ilegítimas, y además de ello se movilizaron en forma organizada y juntamente con un número indeterminado de personas, varios de ellos portando armas de fuego, a la par, a modo de presión”.
El fiscal Onel también los acusó de haber provocado perjuicios en los móviles de la Policía y de haber generado interferencias e interrupciones en el servicio telefónico de emergencias 911. Además, imputó a Abasto y a Patiño por “retirarse de manera injustificada” de sus lugares de trabajo, que en ese momento era la patrulla de intervención urbana.
