El pasado jueves el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación presentó el dictamen de requerimiento de elevación a juicio en la causa Bolsafé Valores, que investiga una megaestafa en la ciudad de Santa Fe, y así se impulsó el juzgamiento oral y público del contador Mario José Enrique Rossini, sindicado jefe de la organización delictiva, además de otras ocho personas: Omar Santos Francisco Rossini, María Mercedes Leiva, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Miriam Analía Sabella.
El dictamen fue producto del trabajo conjunto de la Fiscalía Federal a cargo de Walter Rodríguez y el Área de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.
Se imputó a todos los nombrados haber administrado fraudulentamente los bienes confiados en custodia de al menos 408 víctimas, ocasionando un perjuicio patrimonial global denunciado por un monto aproximado a 251.000.000 de pesos, a partir de continuos y habituales actos de disposición llevados a cabo desde las sedes de las empresas Bolsafé Valores SA y BV Emprendimientos ubicadas en la ciudad de Santa Fe (utilizándose sus estructuras operativas y una red de productores afianzados en esta región), durante el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2003 hasta fines del mes de diciembre de 2012.
También se atribuyó a partir del 28 de diciembre de 2011 el delito de la captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil desarrollada por los imputados (a excepción de Omar Santos Francisco Rossini), agravada por el uso de medios de difusión masiva. La magnitud del accionar delictivo, el volumen de personas afectadas y la extensión temporaria de maniobra en cualquiera de sus modalidades se explica en virtud de un contexto configurado y apoyado en la confianza que inspiró Mario Rossini y los demás imputados en sus clientes, y el ardid aplicado con el propósito de lograr un estado de confusión generado deliberadamente en el público inversor, lo que revela el impacto socioeconómico producido.
El dictamen cuenta con un pedido de medidas cautelares de naturaleza patrimonial que están dirigidas a los imputados que evadieron la intimación cursada por el juez, cuando manifestaron que no tenían bienes para ofrecer en embargo.
Los próximos pasos
El juez debe dar traslado a los defensores de los imputados para ejercer el derecho de oposición. Luego se otorgará intervención a los letrados para que se produzcan los reclamos civiles, y se elevará la causa al Tribunal Oral Federal competente, en caso de aceptarse las acusaciones formuladas. Finalmente, la Fiscalía Federal santafesina y la Procelac resguardarán los elementos para seguir la investigación, con el propósito de definir la situación procesal del resto de los imputados en un tiempo razonable, que tiene como principal objeto el delito de lavado de activos, comunicó el MPF.
Síntesis de la causa
—9 personas afrontarían el juicio oral y público hoy impulsado.
—15 personas fueron sobreseídas durante la instrucción.
—4 personas están procesadas (entre ellos Rossini e integrantes de Valfinsa) por lavado de activos con confirmación de la Cámara Federal de Rosario, y 6 con falta de mérito (integrantes del Banco Galicia). Al respecto, hay un trámite ante la Cámara Federal de Casación Penal.
—14 personas (13 del Mercado de Valores del Litoral) cuya situación procesal debe definirse para ser indagados o no.
