Las fotografías en blanco y negro de rostros de mujeres y hombres desaparecidos se empezaron a mostrar públicamente un tiempo antes pero fue en abril de 1983, en Plaza de Mayo, que el lente de Daniel García sellaría su ingreso a la memoria colectiva de los argentinos. La mayoría son fotos carnet de mediados de los setenta y pertenecen a personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas por la última dictadura militar. Este lunes por la mañana el reflejo Graciela y Susana Busaniche reposa en las espaldas de los acusados de la cuarta elevación de Guerrieri, la causa que investiga los crímenes cometidos en el mayor circuito de quintas del Ejército que funcionaron como centros clandestinos de detención -CCD- en Rosario.
Cerca de las once, la sala de audiencia de Tribunales Federales de Rosario (Oroño 950) donde se encuentra el tribunal, las querellas, fiscalía y defensa está en silencio. Un plástico transparente los separa de hijas, hijos, hermanas, hermanos, y múltiples familiares de víctimas del terrorismo de Estado que cayó sobre la vida de los argentinos entre 1976 y 1983. Cada uno tiene una remera o un cartel con una fotografía de una de las 116 víctimas cuyos casos se constituyeron para este juicio. Graciela y Susana Busaniche son dos de ellas. La primera estaba embarazada al momento del secuestro, ambas militaban en Montoneros y siguen desaparecidas.
Sus rostros se reflejan en las espaldas de solo algunos de los acusados: de los veinte que había dos fallecieron, uno fue apartado, y solo ocho están presentes en la sala. Los demás se conectaron de modo virtual, entre ellos Pascual Guerrieri, cuyo apellido lleva el nombre de la causa. Se trata del ex agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del CCD Quinta de Funes. Solo cuatro de los imputados no tiene aún ninguna condena por delitos de lesa humanidad.
La causa investiga cómo funcionó el plan represivo que se montó en distintos CCD de Rosario y sus alrededores, bajo la órbita del Ejército. La Calamita (en Granadero Baigorria), la Quinta de Funes, la Escuela Magnasco (Ovidio Lagos y Zeballos), La Intermedia y La Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo Matheu” son los lugares donde se cometieron los tormentos y ejecuciones que se investigan. Los crímenes ocurrieron entre 1977 y 1978.
Entre los familiares que escuchan la audiencia hay quienes viven en Rosario y otros que vinieron desde lugares como Reconquista, al norte de Santa Fe, y Tucumán. Algo que los organismos de derechos humanos, como HIJOS, destacaron sobre este juicio: incluye casos de personas de distintos puntos del país.
La lectura de la síntesis de la causa que se da antes de leer uno por uno los casos, incluye una descripción de cada uno de los CCD, el modus operandi de las patotas que cometían los secuestros y el carácter sistemático, planificado, de los interrogatorios que incluían torturas.
En la puerta de los Tribunales, el aguante
Afuera de los Tribunales, Yolanda Medina -que tiene un hermano desaparecido cuyo caso se investigó en otra causa- toma las manos de Jésica Pellegrini y dice palabras en voz baja, con los ojos húmedos. Pellegrini, concejala pero desde mucho antes abogada querellante en este tipo de causas, la mira fijo y escucha con atención.
Más tarde, contaría a El Ciudadano que estar de nuevo en la puerta del edificio de calle Oroño, rodeada de banderas de organismos y de militantes, le genera sentimientos encontrados: «Por un lado, ratificar el camino de los juicios, ratificar que los delitos se siguen cometiendo y que hay muchas personas que siguen buscando a sus seres queridos y siguen buscando justicia y reparación. Que se vayan abriendo las imputaciones y haya cada vez más casos nos llena de emoción y de orgullo. Hay casos que hace más de diez años vienen esperando este momento, es muy importante. Pero también siento tristeza por los que ya no están como Vivi Nardoni -sobreviviente del genocidio y ex directora del Museo de la Memoria- o Chiche Massa -Madre de Plaza de Mayo- que esperaron mucho y lamentablemente el paso del tiempo conspira contra la justicia y reparación que tanto buscamos».
Mientras Pellegrini comparte qué rasgos considera fundamentales en esta investigación, se escucha la voz del Indio Solari a través de un parlante y las voces de familiares de víctimas, sobrevivientes, militantes y funcionarios de derechos humanos que asistieron a la convocatoria de «hacer el aguante». Tal como se hacía en la época pre pandemia. Hay banderas, fotos y cánticos mientras se espera el inicio de la audiencia que luego se pudo escuchar en vivo.
Sobre la causa, Pellegrini destaca: «Esta causa tiene varias características muy importantes. En primer lugar, la cantidad de víctimas que llegan a juicio, es decir, hay más de 60 casos que por primera vez llegan a la instancia de juicio oral. Hay una gran cantidad de casos y eso lo demuestra la concurrencia de tantas familias. En segundo lugar, nuevamente tenemos policías federales imputados, como pasó en la Causa Klotzman, que demuestran una vez más el aceitado funcionamiento entre las distintas fuerzas represivas, hay miembros del ejército y policías federales».
Por otro lado subrayó que se trata de la primera vez que en Rosario se investigan crímenes cometidos en dependencias de la iglesia «por el caso de Santiago Mac Guire en lo que era el Ceferino Namuncurá que hoy es el Liceo Aeronáutico de Funes. Él estuvo secuestrado ahí y lo dijo desde las denuncias ante la Conadep hace más de 30 años».
Las próximas audiencias se mantendrán los lunes a las 9.30 hs y más adelante el tribunal determinará el cronograma de testigos.
