El empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Nelson Ugolini que quedó involucrado junto a su jefe, el fiscal Gustavo Ponce Asahad y su superior el entonces fiscal Regional Patricio Serjal en una causa por coimas, seguirá en libertad restringida. Así lo resolvió la jueza Eleonora Verón que prorrogó la medida por 90 días. Los tres quedaron vinculados al caso luego de que un empresario, que era buscado en una investigación de juego clandestino, declaró como arrepentido y dijo que le pagada a los fiscales entre 4 y 5 mil dólares mensuales para obtener información y protección.
Una serie de allanamientos en búsqueda de Leonardo Peiti, un empresario del juego que quedó vinculado a una asociación ilícita dedicada a las extorsiones y juego clandestino se presentó ante la Fiscalía y declaró como arrepentido. Dijo que había acordado con Ponce Asahad, con la anuencia de Patricio Serjal, para tener protección e información sobre investigaciones en su contra.
Peiti aseguró en esa oportunidad que le pagaba en forma mensual una suma cercana a los 4 o 5 mil dólares. Lo que valió el inicio de una nueva investigación contra los fiscales y un empleado del MPA.
Serjal y Ponce Asahad quedaron detenidos tras la imputación y recientemente le extendieron a este último la prisión preventiva hasta febrero próximo. En tanto, la audiencia donde se debatirá la situación del ex fiscal Regional será el próximo martes cuando se le vencerá el plazo de los 90 días de prisión preventiva y los fiscales del caso adelantaron que pedirán la prórroga de la medida cautelar.
Ugolini también fue imputado como partícipe del hecho. Para los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery los tres diseñaron y ejecutaron un plan con el fin de recibir dinero de Peiti a cambio de trasmitir información reservada y no investigar hechos que podrían constituir delitos o interferir en investigaciones en curso, omitir dictámenes propios de su competencia para que no prosperaran posibles imputaciones contra el empresario.
Puntualmente a Ugolini le imputaron haberle trasmitido información a Peiti sobre causas en trámite que tenía como sospechosos a dos personas que fueron detenidas el 8 de enero de 2020 con armas, quienes para los investigadores iban a perpetrar un ataque a balazos contra el Casino City Center de Rosario.
Circunstancia que se dio tres días después, cuando el 11 de enero pasado mataron en el ataque a Enrique Encino. Según la imputación el empleado le informó por Whatsapp las causas en las que Peiti podría estar siendo investigado por juego clandestino y en marzo de 2020 le adelantó las direcciones de los domicilios que iban a ser allanados y en los que funcionaban garitos, contó una fuente fiscal.
El fiscal Luis Schiappa Pietra pidió este miércoles la prórroga de la medida cautelar en contra de Ugolini la que implica firma semanal en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), fijación de domicilio y una fianza de casi 5 mil dólares.
La jueza Verón resolvió extender la medida por otros tres meses.
