Peritos de la Policía Científica, bomberos y brigadas caninas realizaron hoy una inspección en un predio del emprendimiento inmobiliario de la localidad bonaerense de General Rodríguez para determinar si una casa ya demolida fue el lugar donde asesinaron al empresario Fernando Pérez Algaba, mientras la mediática Charlotte Caniggia fue citada para el lunes a declarar como testigo en la causa.
Fuentes judiciales informaron que en los rastrillajes se secuestró una hoja de sierra tipo amoladora dentada, tres guantes de nitrilo, un clavo con manchas hemáticas y otras cinco muestras similares en un pedazo de escombro, que presuntamente pertenecía a un piso; lo que será enviado a los laboratorios para analizar.
La inspección comenzó por la mañana y terminó a la tarde, por pedido del fiscal de Lomas de Zamora a cargo del expediente, Marcelo Domínguez, en el predio del barrio privado en construcción «Renacer», ubicado en el cruce de avenida De las Américas y ruta 6, de dicha localidad del oeste del conurbano.
En el lugar trabajaron durante horas los expertos de la División Casos Especiales Oeste de la Superintendencia de Policía Científica, un grupo de rescate de bomberos y brigadas caninas K9 con perros entrenados para rastrear restos cadavéricos.
También el fiscal requirió la presencia de máquinas retroexcavadoras. «La idea era poder confirmar si, tal como confesó uno de los detenidos, una de las construcciones del predio, que luego fue demolida, es el lugar del hecho, es decir la escena del crimen», dijo una alta fuente policial que trabaja en el caso.
El mismo vocero explicó que, más allá de que ese sitio quedó destruido, el objetivo con los perros rastreadores y los expertos en rastros fue hallar algún indicio que confirme si allí fue asesinada la víctima y si en ese mismo lugar también la descuartizaron.
En tanto, el fiscal Domínguez tiene previsto tomarle declaración testimonial a la hija de Claudio Caniggia el lunes próximo a las 10 en la SubDirección Departamental de Investigaciones (SubDDI) Esteban Echeverría, situada en avenida Pedro Suárez, de ese partido del sur del conurbano.
Según las fuentes, el instructor judicial quiere hacerle algunas preguntas en función de que uno de los imputados detenidos, el comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Mariano Córdoba (48), la mencionó en su declaración indagatoria.
Entre otros dichos, Córdoba sostuvo en su indagatoria que Pérez Algaba lo citó en una oficina de Puerto Madero, «muy ostentosa, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo ‘trading'», que según dichos de la propia víctima, «se la había prestado Charlotte Caniggia».
Por su parte, Nahuel Sebastián Vargas, otro de los siete detenidos por el caso, fue quien al ser indagado por el fiscal reveló que el asesinato de «Lechuga» lo cometió otro de los imputados, Maximiliano Ezequiel Pilepich, en una casa de campo de ese sitio, de dos balazos por la espalda y cuando la víctima estaba cambiando una bombita.
«En la segunda habitación a la izquierda la luz que había que cambiar estaba alta, entonces Fernando que era el más alto de los tres, toma una silla y se para en la silla para cambiar la luz», declaró Vargas.
El acusado explicó que en ese momento salió del lugar a pedido de Pilepich para abrir una ventana y, en ese momento, escuchó los dos disparos.
Cuando regresó, Pilepich le dijo: «Ya está, no aguantaba más, hay límites», en referencia a que el empresario le venía exigiendo que le pague una deuda y a un hecho que involucraba a su hija adolescente.
«Maxi estaba enojado porque Fernando había agregado al Instagram a su hija de 13 años y le escribía y luego realizaba capturas de pantalla y se las enviaba a Maxi para provocarlo», contó Vargas.
Para el Ministerio Público, el crimen del empresario Pérez Algaba fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio «Renacer» de General Rodríguez a encontrarse con él.
Camino a ese campo, donde se cree pudo ser capturado y asesinado, «Lechuga» reconoció en un mensaje de audio que temía por su vida ante la posibilidad de ser baleado, según las pruebas aludidas por el fiscal.
El fiscal consideró que, más allá de sus negocios en común, entre Pilepich y Pérez Algaba existía «una relación de amores y odio, en la que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones peleas y amenazas que se efectuaban entre ambos».
La desaparición del «Lechuga» fue denunciada el 19 de julio por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.
Mientras que sus restos descuartizados fueron encontrados entre el 22 y el 24 de julio en un arroyo en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.
Por el crimen, además de Pilepich, Vargas y Córdoba, permanecen detenidos Luis Alberto Contrera, Flavia Lorena Bomrad, Fernando Gastón Carrizo y Matías Ezequiel Gil; y a todos ellos el juez de la causa les rechazó la excarcelación.
