El martes pasado Raquel Montero y Alejandro Olarán juntaban fotocopias y originales de las partidas de nacimiento, impuestos, cartas y cuanta prueba de que sus familias -junto a otras 20- viven en un grupo de casas de pasillo a pocas cuadras de la Ciudad Universitaria. Ese mismo día por la mañana su abogada, Romina Perea, había expuesto ante legisladores de la Comisión de Planeamiento del Concejo Municipal que las familias resisten desde hace un año un pedido de desalojo impulsado por un desarrollador que compró el terreno donde viven hace más de 40 años. Acompañados por la ONG Concejalía Popular lograron detener la medida judicial en marzo y quieren lograr la usucapión de las tierras, donde se adquiere una propiedad por el paso del tiempo y demostrando el tiempo que viven allí.
Durante la semana, mientras miraban atentos a lo que pasaba dentro del Palacio Vasallo, las familias de Pasco y Necochea esperaron tener novedades desde la Municipalidad. Pero no hubo nada.
Al no contar con el dinero para hacer un trámite de agrimensura necesario para respaldar su lucha judicial, lograron una reunión con el presidente del Servicio Público de la Vivienda (SPV), Manuel Sciutto, y la subsecretaria Legal y Técnica del municipio, Carmen Donadío, para destrabar el conflicto. Y el martes la abogada de las familias les contó de la situación a quienes integran la comisión de Planeamiento del Concejo.
“El lote (donde viven más de 20 familias) fue donado hace muchos años a la Municipalidad (como parte de los terrenos del legado Deliot), pero nunca se escrituró. Uno de los herederos de quien había decidido que pasara al ámbito del municipio se lo adjudicó. Luego fue sucesivamente vendido”, explicó la profesional.
La última venta fue a la firma de la construcción Lattuca, reconocida desarrolladora inmobiliaria de la ciudad. “Están decididos a hacer el desalojo. Por eso presentamos el pedido de nulidad de todo el expediente”, dijo Perea, y señaló que buscarán plantear la usucapión, pero no cuentan con los fondos para abonar a un agrimensor y el trámite correspondiente.
La respuesta de los ediles de la comisión de Planeamiento fue la promesa de hacer un proyecto de ordenanza para solicitar la intervención del SPV a través de sus profesionales. También dijeron que gestionarían una reunión con las autoridades municipales para destrabar el conflicto.
“La Concejalía Popular acompaña y defiende el reclamo genuino de los vecinos que hace más de 40 años tienen el derecho a su vivienda digna. El Estado no puede mirar para otro lado y favorecer la avaricia de los especuladores inmobiliarios”, dijo en diálogo con El Ciudadano, el referente de la ONG, Nire Roldán.
En marzo Roldán fue junto a las familias hasta la oficina de la jueza de Circuito N°3 Cecilia Camaño, donde se tramitaba el pedido de desalojo de Lattuca. Después de manifestarse en la puerta de los Tribunales Provinciales pidieron una audiencia con la jueza, que no los recibió. Las familias siguen con la idea de quedarse en el lugar. Y aguardan definiciones oficiales.
