Ayer por la mañana gremios empresariales de 23 localidades firmaron un acta acuerdo que elevarán la semana que viene a la Legislatura pidiendo avanzar con proyectos de mano dura contra el delito y también con la desfederalización del narcomenudeo. En tanto, el diputado y ex vicegobernador de Santa Fe, Jorge Henn solicitará una reunión con el ministro de Justicia para rever el proyecto del Código Procesal Penal. Mientras que el diputado Carlos Del Frade criticó la iniciativa de los empresarios. “En todos los países donde aprobaron leyes similares para luchar contra el narcotráfico, generó más inseguridad y población carcelaria. No persigue el problema real”, explicó.
Todas las modificaciones propuestas hasta ahora al Código Procesal Penal buscan darles más facultades a los fiscales y establecer criterios más amplios para la prisión preventiva y los allanamientos. También se proponen cambios en el sistema de juicio abreviado, se determinan mayores plazos para las detenciones y las audiencias imputativas y un mayor resguardo para las víctimas al momento de hacer el reconocimiento del acusado.
En esa línea va la iniciativa que avanzó hasta ahora en la Legislatura provincial.
El proyecto tuvo media sanción el año pasado y había pasado a Diputados, que recién la aprobó a principios de 2017, aunque introduciéndole muchas modificaciones. El Senado lo “tomó” y volvió a modificarlo. En ese marco, la reforma sigue trababa y algunos legisladores estiman que dormirá en las comisiones de la Cámara de Diputados (que necesitaría dos tercios de los votos para poder imponer otra vez sus reformas) hasta que pierda estado parlamentario en mayo de 2018.
Los pedidos
Ayer a las 10 en 23 localidades de Santa Fe agrupaciones empresarias asociadas a la pelea contra la inseguridad hicieron asambleas y firmaron un petitorio que la semana que viene llegará a las manos de los legisladores santafesinos.
Los empresarios buscan influir en la discusión pidiendo una mano aún más dura contra el delito. Las entidades son las que están enroladas en la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (Adeesa) y la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (Fececo). A ellas adhieren la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario, la Asociación Empresaria de Rosario, el Foro Regional Rosario, Trascender, Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Bolsa de Comercio, entre otras.
En diálogo con El Ciudadano, Enrique Bertini, empresario y padre de una víctima de homicidio que encabezó la marcha Rosario Sangra de 2016, explicó: “No se trató de un aporte técnico a los diputados y senadores. No estamos a favor o en contra de tal o cual proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Sólo queremos que lleguen a un acuerdo para que salga”.
Para Bertini la Justicia federal está atascada y es la provincia la que puede asistir en la solución a los problemas que vienen con la comercialización de droga de venta ilegal.
En la vereda de enfrente, el diputado Del Frade dijo que el traspaso del narcomenudeo a la Justicia provincial no significa solucionarlo, ya que “está probado que el narcotráfico no puede existir sin la participación de las policías, el poder político y judicial de las provincias”. “En las 5 provincias donde adhirieron a la ley (de desfederalización del narcomenudeo) aumentó la cantidad de madres y chicos encarcelados. No soluciona el problema y apunta hacia abajo cuando el negocio es de arriba”, opinó Del Frade. El legislador recordó que la mayor concentración y circulación de la venta está en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán. “Debe tomarse como un conjunto. No por cada provincia. Es un problema nacional e internacional que se ataca siguiendo el dinero. Los resultados de la política, similar a lo que fue la gestión de Richard Nixon, se ven en Colombia y México, donde hay miles de desaparecidos”, agregó.
Entre los pedidos del acta firmada ayer en más de 20 localidades estuvo el traspaso de personal y recursos del viejo sistema judicial al nuevo. Para Bertini los investigadores y jueces que desde 2014 resuelven las causas del antiguo sistema tienen experiencia para sumarse al Ministerio Público de la Acusación, por ejemplo. “También queremos que se revean los códigos de faltas para que no atasquen el sistema penal con cuestiones como ruidos molestos o conducción peligrosa”, agregó Bertini.
En veremos
Parte del reclamo de ayer fue por una definición postergada desde abril del año pasado para reformular el Código Procesal Penal. En diálogo con El Ciudadano, el diputado Jorge Henn contó que la Legislatura está en una encrucijada entre la propuesta de senadores y la negativa de algunos diputados. “Es un paquete de cambios que tiene que analizarse y buscar los consensos sobre cuáles estamos de acuerdo todos. El gobernador debe enviar un mensaje para que se avance sobre las que ayudan a retrasar los procesos de Justicia, como el régimen de audiencias”, explicó el ex vicegobernador.
En la otra vereda, Del Frade dijo que es muy temprano para medir la eficiencia del sistema judicial instaurado por el Frente Progresista, que lleva 10 años (fue aprobado en la gestión de Jorge Obeid). “Sería una respuesta a una movilización (por la marcha de Rosario Sangra) más que una respuesta política. Estamos en contra de lo que proponen senadores y diputados y también presentamos una alternativa de proyecto para el Código Procesal Juvenil”, opinó Del Frade.
