Representantes de los sectores empresarial, bancario, bursátil y agropecuario se presentaron ayer ante las comisiones de Presupuesto y de Economía del Senado y expresaron su respaldo unánime al proyecto que habilita el pago a los fondos buitre. Poco después, se expresaron los representantes de las tres CGT y de las dos líneas de la CTA, aunque el único secretario general que concurrió fue el metalúrgico Antonio Caló.
Al plenario de comisiones concurrieron representantes de la Bolsa de Comercio, la Cámara de la Construcción (Camarco), Mercado de Valores (Merval), Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), Asociación Empresaria Argentina (AEA), Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).
El presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, apoyó el acuerdo al sostener que “hay una imperiosa necesidad que tiene el país de solucionar este default que empezó en 2001”, y señaló que “la economía necesita financiar el déficit y es imprescindible conseguir financiamiento para obras de infraestructura”.
A su turno, el presidente de la Bolsa, Adelmo Gabbi, evaluó que la Argentina “tiene que volver a ser elegible por las finanzas internacionales” y subrayó que “salir del default significa que la Nación, las provincias y los municipios tengan crédito internacional”.
Luego expuso ante el plenario de comisiones Claudio Pérez Moore, presidente del Merval, quien también se pronunció en favor de cerrar el conflicto porque, según dijo, “va a ser productivo para el ingreso de capitales”.
En representación de la Came, Vicente Lourenzo aseguró que la entidad rechaza “la actitud de los fondos buitre pero es importante cerrar este ciclo”, y en línea con el resto de los empresarios agregó: “Es muy importante volver a tener una financiación que nos permita crecer y volver a generar nuevos mercados”.
El vicepresidente de Adeba, Sergio Grinenco, también sostuvo que, “para poder crecer”, se necesita “cada vez más capital” y para eso es necesario “tener acceso a los mercados internacionales”. En tanto, Jaime Campos, presidente de AEA, sostuvo que “cualquier vínculo con el mundo está oscurecido por este conflicto”.
El presidente de la Rural, Luis Etchevehere, también apoyó el acuerdo al señalar que el país saldrá del default y obtendrá tasas de interés más bajas en el mercado internacional, al tiempo que advirtió: “Nos financiamos al triple de nuestros competidores”.
El turno de sindicalistas
Tras el paso de los dirigentes empresariales, llegó el turno de los sindicalistas. “Lo que me preocupa son los puestos de trabajo”, advirtió Caló, quien evitó sugerir la aprobación o el rechazo del proyecto de ley que debate la Cámara alta, al considerar que es potestad de los legisladores pronunciarse a favor o en contra de la propuesta que busca poner fin al litigio con los buitres.
“Espero que este pago (a los buitres) no sea para conseguir préstamos que sirvan para traer cosas importadas”, graficó Caló, quien advirtió que Argentina “no puede competir con China, donde se trabaja 24 horas al día por un plato de arroz”.
En representación de la CGT Azul y Blanca, que encabeza Luis Barrionuevo, asistió Ricardo Cirielli (Técnicos Aeronáuticos), quien sostuvo que “hay que darle un corte a esto”, en referencia al conflicto con los fondos buitre, y criticó al gobierno anterior al señalar que se llegó a esta situación “por culpa del inútil de (el ex ministro de Economía) Axel Kicillof”.
Nuevo arreglo con bonistas
El gobierno argentino acordó con 115 acreedores individuales para pagar deuda en default por 155 millones de dólares, en el marco de su oferta para saldar el multimillonario litigio en Nueva York, según anunció ayer el mediador judicial Daniel Pollack.
“Estoy muy complacido de informar del acuerdo por reclamos de 115 tenedores de bonos individuales con 155 millones de dólares en títulos en default en casos pendientes ante el juez Thomas Griesa”, afirmó Pollack en un comunicado emitido en Nueva York.
Según el mediador, estos acreedores retiraron las apelaciones que habían presentado a la decisión del juez Griesa de levantar bajo condiciones sus medidas dictadas contra Argentina en el pasado, con el objetivo de facilitar que el país avance en su oferta que ya fue aceptada por más del 85 por ciento de los demandantes.
“Estos acuerdos no son con grandes y multimillonarios fondos especulativos, sino con inversores individuales y comunes que vieron la oportunidad, por primera vez en muchos años, de resolver sus reclamos con Argentina”, indicó Pollack.
El gobierno argentino ya comenzó a desandar en el Congreso el camino para derogar dos leyes que impiden un acuerdo con esos querellantes que no aceptaron sus canjes de deuda de 2005 y 2010, primer paso exigido por Griesa para permitir que el país vuelva al mercado financiero internacional.
