Tres empresas que son socias o integran el grupo Vicentin, el principal operador agroindustrial de capitales argentinos, se presentaron en el concurso de acreedores de la cerealera santafesina para reclamar el pago de unos 5.400 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.
Pero también entre quienes verificaron créditos se cuentan, además de los acreedores comerciales y financieros, 98 accionistas de la propia firma, como Estela de Nardelli que reclama 3.406.599 de pesos; Alberto Dimas Paduan que verificó 1.955.468 o Fernando Rubén Vicentin con 11.793.777.
De acuerdo al concurso judicial, Vicentin Paraguay SA, que según el informe del director del Banco Nación Argentina (BNA), Claudio Lozano, fue constituida en 2005, verificó créditos por 4.079.197.253 de pesos en el concurso que se tramita en la Justicia Civil y Comercial de la localidad santafesina de Reconquista.
La firma que tiene sede en San Rafael 390, en la ciudad de Asunción, reclama acreencias originadas en distintos conceptos entre el 22 de febrero y el 25 de octubre de 2019 por más de 4.000 millones de pesos.
El Estudio Moyano & Asociados, contratado por acreedores externos de Vicentin, presentó una denuncia penal por presunto lavado de activos en la fiscalía criminal Número 3 de Asunción, según detalla el informe de la Comisión de Seguimiento de la Empresa Vicentin de la Cámara de Diputados de Santa Fe.
También la firma Renova, en la que están asociadas la multinacional Glencore con Vicentin en dos plantas –una de biodiesel y otra de molienda de soja- verificó créditos en el concurso por 1.346.400.537 de pesos, de acuerdo al expediente.
Tres días antes de declararse en cesación de pagos, el 2 de diciembre de 2019, Vicentin vende un 16,67 por ciento de sus acciones de Renova a Glencore, que estaban en manos de Vicentin Paraguay, según el informe de la Comisión.
La tercera sociedad que reclama créditos impagos de Vicentin SAIC es Diferol SA, que forma parte del grupo, por 2.695.122 de pesos.
Vicentin entró en cesación de pagos el 5 de diciembre de 2019 cuando comunicó que no podría afrontar sus deudas.
El 24 de enero de 2020 presentó a sus acreedores comerciales una oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que contemplaba la cancelación de la deuda en un solo pago para 1.200 pequeños productores y en hasta ocho años para corredores y acopiadores.
A la vez que mantenía dolarizados los créditos y no establecía quita, pero no consiguió los acuerdos por lo que el 10 de febrero solicitó su propio concurso preventivo de acreedores, que fue abierto por el juez Fabián Lorenzini el 5 de marzo pasado.
