El servicio de colectivos de media y larga distancia corre serio peligro. Es que el gobierno oficializó un aumento salarial del 21% para los choferes que fue firmado por el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la cámara empresarial más minoritaria del sector, por lo que las dos que agrupan al 90% de las compañías afirman que no podrán pagar el incremento y que más de 4.000 puestos de trabajo están en riesgo ante “una ecuación que no cierra”. Esta imposibilidad de hacer frente a los salarios por parte de las empresas abre las puertas a un conflicto, si es que la UTA decide responder con una medida de fuerza.
La paritaria se firmó a principios de julio entre la UTA y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), que sólo concentra al 10% de los trabajadores, pero las empresas que nuclea son las más rentables.
Con todo, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, resolvió de hecho extender el acuerdo a la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano Bajo Jurisdicción Nacional (Celadi) y la Asociación Civil Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros, (Catap). La primera contiene al 70% de los trabajadores y la segunda a un 20%. Ambas ya presentaron una resolución ante la cartera que conduce Triaca en la que exigen reabrir la paritaria.
El vocero de la Celadi, Gustavo Gaona, manifestó en diálogo con El Ciudadano que “las empresas ya están teniendo serios problemas para pagar sus salarios”, haciéndolos efectivos en dos o tres cuotas, por lo que el nuevo aumento “es imposible de cumplir” por la compleja situación que atraviesa el sector, con una importante reducción de pasajeros, quita de subsidios y la falta de modernización del marco regulatorio.
“No estamos diciendo que no queremos pagarlo, no cuestionamos el pedido del gremio, pero no podemos hacerle frente. Pedimos que se reabra la paritaria porque nosotros no firmamos nada”, expresó el representante de la cámara empresaria, y enumeró los problemas del sector: “El Estado nos está planteando que nos tenemos que achicar. Pasamos de tener 50 millones de viajes en 2011 a 37 millones el año pasado. Además, los cambios regulatorios que el gobierno prometió nunca llegaron”.
Las empresas que prestan servicios de media y larga distancia son privadas, pero al ser un servicio público están reguladas por el Estado. El Ministerio de Transporte es el aprueba el aumento del boleto y el que otorga los recorridos. Pero, según explicó Gaona, también debe garantizar que “la ecuación de las empresas cierre”. El vocero de la Celadi contó que esto no está ocurriendo, se están cayendo frecuencias y “está sobrando personal”, por lo que “si no se modifica el marco regulatorio, más de 4.000 empleos están en riesgo”.
Desconexión
El servicio de micros de media y larga distancia cubre 1.600 destinos en todo el país. Las principales ciudades son los destinos rentables para las empresas, pero para conseguir una ruta, el Estado les exige que también brinden el servicio en localidades pequeñas, que, en muchos casos, sólo cuentan con una frecuencia.
Gaona manifestó que la Celadi no se opone a la llegada de las aerolíneas low cost ni al desarrollo del transporte aéreo, pero objeta que en estas condiciones la competencia es desleal.
“Mientras que con los aviones se produjeron todos los cambios normativos a la velocidad de la luz, nosotros seguimos hace años esperando un nuevo marco regulatorio. Teníamos un pequeño subsidio del 8% en el pasaje que se quitó, mientras que el aéreo está cubierto en un 40% por el Estado. En el caso del tren, el gobierno cubre el 90%”, expresó el vocero de la Celadi.
En tanto, diferenció: “Las empresa aéreas sólo vana destinos rentables, en días y horarios rentables. En cambio, los ómnibus brindan una conectividad extraordinaria a todo el país, tienen una importancia que no están viendo”.
“No se trata de un problema de empresas, es el transporte de media y larga distancia el que está en juego y con eso la conectividad de cientos de pueblos y ciudades que tienen al ómnibus como único medio de transporte público”, agregó Gaona.
