El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, destacó que desde la implementación en octubre último del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) se desistieron reclamos a través de medidas cautelares por hasta US$ 2.600 millones. El SIRA, que reemplazó al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), entró en vigencia el 17 de octubre del año pasado, con el objetivo de dar un mayor ordenamiento y trazabilidad completa a las operaciones y evitar casos de sobrefacturación, uso abusivo de cautelares y otros mecanismos irregulares.
“La mayoría de las empresas que habían presentado SIMI y las tenían pendientes de resolución fueron desistiendo, y de las SIRA presentadas desde entonces no hay una sola cautelar que hayamos perdido”, enfatizó Michel en un encuentro con medios acreditados, entre ellos Télam.
El funcionario explicó que los importadores cedieron sus pretensiones porque “se dieron cuenta de que a la larga iban a perder” producto de los controles efectuados en el SIRA y ante el riesgo de denuncias por “uso abusivo de cautelares”, lo cual podría dejarlos fuera del nuevo esquema y sin autorizaciones para importar.
El 60% de las cautelares estaba concentrado en 100 empresas, en su mayoría de los rubros textil y electrónico, refirió Michel.
“El abuso de las medidas cautelares atenta contra la producción y el trabajo en nuestro país, y debemos cuidar el empleo argentino”, aseveró.
Michel encabezó la reunión con periodistas acompañado por el subdirector general de Operaciones Aduaneras del Interior, Ruben Pavé; la subdirectora general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Rosana Lodovico; la consejera técnica de la DGA, Siomara Ayeran; la subdirectora general de Técnico Legal Aduanera, Liliana Alasia; y el subdirector general de Control Aduanero, Diego Figueroa, entre otros integrantes de su equipo.
En el mismo encuentro, el funcionario destacó un reciente informe publicado por el organismo, en el que se detalla que los cargos y las multas a las empresas, tanto por maniobras de sobrefacturación de importaciones como subfacturación de exportaciones, escalaron a US$ 1.018,4 millones en el segundo semestre de 2022, 667% más que en los seis meses anteriores.
Mientras en el período comprendido entre enero y junio la Aduana analizó 14.134 operaciones por un monto fiscalizado (monto FOB) total de US$ 896,4 millones, aplicando cargos suplementarios y multas por US$ 132,7 millones, de julio a diciembre, las acciones se duplicaron “de manera sustancial”, hasta 33.150 operaciones, y el monto FOB creció 430% hasta alcanzar los US$ 4.747,4 millones.
Las operaciones se enfocaron principalmente en las importaciones: en el primer semestre se habían analizado 10.956 importaciones y en el segundo la cantidad subió a 26.953.
Asimismo, las multas en exportaciones registraron un mayor aumento (4.476%) y las empresas debieron afrontar cargos por US$ 613 millones; en importaciones, las multas ascendieron a US$ 405,2 millones (239%).
Los rubros más significativos sobre los que recayeron las acciones por parte de la Aduana son minería, productos agropecuarios, bienes de capital, insumos médico-sanitarios y agroquímicos.
Al respecto, desde el organismo enfatizaron que los casos “encuentran un denominador común: la triangulación comercial nociva, que impacta en el egreso indebido de divisas”.
“La mayoría de las empresas que habían presentado SIMI y las tenían pendientes de resolución fueron desistiendo, y de las SIRA presentadas desde entonces no hay una sola cautelar que hayamos perdido”, enfatizó Michel en un encuentro con medios acreditados, entre ellos Télam.
El funcionario explicó que los importadores cedieron sus pretensiones porque “se dieron cuenta de que a la larga iban a perder” producto de los controles efectuados en el SIRA y ante el riesgo de denuncias por “uso abusivo de cautelares”, lo cual podría dejarlos fuera del nuevo esquema y sin autorizaciones para importar.
El 60% de las cautelares estaba concentrado en 100 empresas, en su mayoría de los rubros textil y electrónico, refirió Michel.
“El abuso de las medidas cautelares atenta contra la producción y el trabajo en nuestro país, y debemos cuidar el empleo argentino”, aseveró.
Michel encabezó la reunión con periodistas acompañado por el subdirector general de Operaciones Aduaneras del Interior, Ruben Pavé; la subdirectora general de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Rosana Lodovico; la consejera técnica de la DGA, Siomara Ayeran; la subdirectora general de Técnico Legal Aduanera, Liliana Alasia; y el subdirector general de Control Aduanero, Diego Figueroa, entre otros integrantes de su equipo.
En el mismo encuentro, el funcionario destacó un reciente informe publicado por el organismo, en el que se detalla que los cargos y las multas a las empresas, tanto por maniobras de sobrefacturación de importaciones como subfacturación de exportaciones, escalaron a US$ 1.018,4 millones en el segundo semestre de 2022, 667% más que en los seis meses anteriores.
Mientras en el período comprendido entre enero y junio la Aduana analizó 14.134 operaciones por un monto fiscalizado (monto FOB) total de US$ 896,4 millones, aplicando cargos suplementarios y multas por US$ 132,7 millones, de julio a diciembre, las acciones se duplicaron “de manera sustancial”, hasta 33.150 operaciones, y el monto FOB creció 430% hasta alcanzar los US$ 4.747,4 millones.
Las operaciones se enfocaron principalmente en las importaciones: en el primer semestre se habían analizado 10.956 importaciones y en el segundo la cantidad subió a 26.953.
Asimismo, las multas en exportaciones registraron un mayor aumento (4.476%) y las empresas debieron afrontar cargos por US$ 613 millones; en importaciones, las multas ascendieron a US$ 405,2 millones (239%).
Los rubros más significativos sobre los que recayeron las acciones por parte de la Aduana son minería, productos agropecuarios, bienes de capital, insumos médico-sanitarios y agroquímicos.
Al respecto, desde el organismo enfatizaron que los casos “encuentran un denominador común: la triangulación comercial nociva, que impacta en el egreso indebido de divisas”.
Se trata de operaciones comerciales con facturas de compra emitidas desde Estados Unidos, fundamentalmente, y desde Hong Kong, Uruguay y Panamá, en menor medida.
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