“La soberanía tecnológica es la que brinda otras soberanías”, dice Gabriel Giménez. El director nacional de Articulación Federal del Instituto Nacional de Semillas (Inase) habla del proyecto que lo mantiene ocupado desde hace meses: invitar a quienes cultivan cannabis sativa L a que registren sus semillas y así trazar un futuro donde no se dependa del “humor” de los mercados internacionales para plantar.
Uno de los objetivos del instituto es llegar a semillas certificadas y de calidad como las de cualquier otro cultivo. Así, quienes desean cosechar con fines medicinales o producir en industrias de otro tipo (textil, alimenticia, construcción, por ejemplo) pueden estar seguros de lo que compran. Giménez dialogó con El Ciudadano.
–¿Cómo comenzó el relevamiento?
Durante 2021 hubo una serie de resoluciones del Ministerio de Salud y el de Agricultura que reglamentan el desarrollo, la investigación y la identificación si hubiera del material del germoplasma de cannabis sativa L, la planta que pertenece a la familia del cáñamo que fue prohibida por la última dictadura cívico militar. Para darles trazabilidad a los productos que lleguen a la población empezamos a buscar la genética nacional. Invitamos al registro y certificación de las semillas que circulan en Argentina.
–¿Qué encontraron?
Argentina tiene muchos breeders (criadores de variedades) y cultivadores. Posee un gran desarrollo a pesar de haber estado en la clandestinidad durante tanto tiempo. Por suerte, paso a paso se empieza a regular luego del mamarracho de la reglamentación anterior durante el gobierno de Mauricio Macri. En el primer semestre de 2022 tendremos entre 3 o 4 semillas nacionales registradas. El año pasado recibimos el ingreso de 10 variedades, muchas con alto nivel de THC, propio de la cultura recreativa de Argentina, y algunas con CBD (dos de los componentes activos más reconocidos de la planta). Ahora deben completar el camino de la certificación.
–¿En qué consiste ese camino?
La semilla debe demostrar estabilidad en 200 plantas de una misma variedad. Tarda entre 9 meses y un año. Luego inicia el camino al mejoramiento que puede llevar entre 6 y 8 años. Para que no haya problemas con los demás ministerios invitamos al relevamiento de genéticas para que tengan tiempo de desarrollarlas sin problemas.
–¿Como en el proyecto de Aupac y la Universidad Nacional de Rosario?
–Si, Aupac es un ejemplo a nivel nacional junto a Ciencia Sativa que ya tiene un proyecto con el Inta para investigar y dar trazabilidad a sus variedades en la Patagonia.
–¿Existen otros países que busquen la genética nacional?
–No. Trabajando en legislación comparada encontramos que existen muchos claroscuros en cómo se hace en los países que regularizaron. En algunos es legal fumar, pero no tener plantas. En otros solo cultiva el Estado. Por suerte, Argentina tiene al Inta, al Ministerio de Salud, al Inase y al Conicet que cuentan con investigadores y desarrolladores que pueden acompañar al sector público y privado en los proyectos de cannabis. Es un momento donde no tenemos ley de producción industrial, aunque fue trabajada en el Congreso. No somos neutrales y debemos tender a dar acceso a la planta. Se empieza con una semilla.
En camino
Tal como publicó semanas atrás El Ciudadano la asociación cannábica Aupac y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) encararán un proyecto de evaluación, identificación y certificación de cuatro variedades de cannabis sativa L. Entre 2022 y hasta 2023 cosecharán 320 plantas en algunas de las 500 hectáreas del Campo Experimental de la Facultad de Agronomía ubicada a 30 minutos de Rosario.
En 2022 el cannabis brotará por primera vez de forma legal en Santa Fe
