El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados rechazó por 6 votos contra 4 la posibilidad de iniciar un juicio político al juez rosarino Hernán Postma, acusado por el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre, de otorgar de forma irregular la prisión domiciliaria a Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, luego asesinado en una casa de La Florida y condenado como organizador del atentado contra la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti en 2013.
Votaron en contra del jury los miembros de la Corte Suprema Eduardo Spuler, Mario Netri, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y el senador provincial Armando Traferri. A favor el juicio político votaron el diputado Maximiliano Pullaro, el abogado Julio Pagano (Colegio de Abogados de Reconquista), la abogada Marisa Natalia Ferrero (Colegio de Abogados de Venado Tuerto) y el ministro de la Corte Daniel Erbetta.
Según aclararon fuentes judiciales, sigue en curso la investigación administrativa que puede derivar en otro tipo de sanciones.
El Tribunal de Enjuiciamiento está compuesto por los seis ministros de la Corte Suprema, un senador y un diputado provincial, y dos matriculados sorteados a propuesta de los cinco Colegios de Abogados de la provincia.
El procurador requirió la apertura de un juicio contra Postma por mal desempeño y falta de idoneidad técnica a raíz de haber autorizado la morigeración de prisión a los hermanos Emanuel y Lucas Sandoval. Postma designó como abogado defensor a Gustavo Feldman y elevó un pedido al Tribunal de la Corte para que desestimara el pedido de enjuiciamiento. Argumentó que los hechos por los cuales Barraguirre lo solicitó son insustentables. Añadió que no incurrió en causal de mal desempeño, por lo que entiende que de ninguna manera se podría justificar una acusación y menos una destitución.
Barraguirre recibió un informe elaborado por el fiscal de Cámaras Guillermo Corbella, con el que formuló la acusación contra Postma. En dicho documento, Corbella refirió que Sandoval respondía por un delito que no permitía estar fuera de una prisión.
Además se supo que el 16 de mayo de 2018, Postma autorizó a Ema Pimpi a permanecer en un departamento de barrio Rucci tras un acuerdo entre el defensor Fausto Yrure y el fiscal Adrián Spelta, de otorgarle una restricción en ámbitos cerrados con control de pulsera electrónica que -según entendió Corbella- funcionó como una prisión domiciliaria encubierta.
Definieron tribunal que evaluará pedido de jury para juez que le otorgó domiciliaria a Ema Pimpi
