Este viernes 29 en los Tribunales Provinciales de Casilda se la audiencia imputativa a siete personas por haber montado en la ciudad del sur santafesino una estructura piramidal de las llamadas esquema Ponzi que dejó un tendal: esquilmaron a al menos 36 personas, que son las denunciantes, en más de 23 millones de pesos y unos 35 mil dólares. La fachada era una supuestamente floreciente empresa que ofrecía rentabilidades siderales sobre capital invertido, hacía reuniones y fiestas a todo trapo, con sorteos y premios, y estimulaba a los asociados a conseguir nuevos inversionistas entre sus relaciones. La investigación determinó que se trataba de una fachada para una empresa inexistente, con una aplicación que permitía a los participantes apreciar rendimientos tan extraordinarios como falsos. Y cuando no hubo más ingreso de capitales que permitiera pagar dividendos a unos con la plata de otros, todo se cayó.
En la audiencia comparecieron seis varones y una mujer, identificados con las siglas Y. S., R. P., A. J. P., G. M. A., L. MC. M., A. A. A. y G. E. D. C., quienes quedaron formalmente acusados por los delitos de 6 estafas en concurso real, en carácter de cómplices primarios y consumadas en 36 hechos. Se les endilgó haber perjudicado a 36 inversionistas por un monto aproximado de $23.707.000 y 34.951 dólares.
El juez de primera instancia Darío Pangrazi tuvo por formalizada la audiencia imputativa, dictando para Y. S. prisión preventiva efectiva hasta el próximo 23 de diciembre, con la posibilidad de que la Fiscalía pueda pedir prórroga. En tanto, para el resto de los imputados el magistrado impuso alternativas a la privación de la libertad, pero con una fianza de 600 mil pesos para cada imputado, y con una serie de reglas a cumplir, como la prohibición de acercamiento a las víctimas y de salir de territorio santafesino hasta el 29 de mayo de 2025.
El fiscal Juan Pablo Baños, de la Unidad Fiscal de Casilda, les atribuyó a los acusados que desde abril a octubre de este año prestaron “un aporte esencial” a una persona (que aún no se la pudo identificar) la cual utilizaba un alias y a través de un número de teléfono de Whatsapp con característica de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, presentaba conexión a través de una IP detectada en Hong Kong (República de China), “no pudiendo detectarse si tal referencia corresponde a su ubicación real o es obtenida mediante algún servicio de VPN”.
Esta persona que supuestamente estaba en el exterior se presentaba como “representante internacional de la firma Peak Capital Team, la cual se dedicaba a las inversiones operando en Bolsa mediante el activo ASX30, un supuesto índice de las principales empresas australianas”.
El fiscal Baños reconstruyó que los acusados montaron un ardid apoyándose en una serie de acciones “como la realización de diferentes eventos públicos en salones de Casilda, en los que se promocionaba e incentivaba a las personas a realizar inversiones monetarias, prometiendo importantes ganancias de manera segura, persuadiendo a las personas con importantes sorteos y merchandasing; indicando solvencia y confiabilidad del sistema”.
El fiscal sostuvo que los imputados cumplieron roles puntuales y determinados en dichos eventos: “El identificado como Y. S. se encargaba de los premios y pagos; R. P., de los regalos como mates, jarros, agendas y boligrafos; A. A. A. de organizar los salones y las sillas; A. P. se encargaba del sonido; G. A. también del sonido y catering; G. D. C. de la organización de salones y sillas. También Y. S. brindaba notas periodísticas a un programa radial” de la ciudad.
Uno de los eventos sociales de la supuesta empresa de gestión e inversión de capital tuvo lugar en el Círculo Deportivo de Casilda, “en el cual sostuvo la confiabilidad y legalidad del sistema”, y se incorporó a potenciales inversores a un grupo de Whatsapp “en el cual los damnificados eran asistidos y asesorados por los imputados mediante tutoriales que brindaban para facilitar la operatoria en el sistema de inversiones”. Según la Fiscalía toda la puesta en escena tenía como fin “validar a la organización a la vista del público” en Casilda y su zona, ya que no contaba con registro nacional, ni era conocida públicamente. “Se generaba confianza y se captaba un número indeterminados de personas, sea por una relación de cercanía o amistad, por publicaciones en la red social Instagram –bajo el nombre Peak Capital Team Casilda, perfil que fue creado por el identificado como A. A.”.
A las victimas se les prometían altas rentas mensuales por encima de los valores de mercado y de forma segura por realizar una inversión, y también se incentivaba a los inversores a incorporar a nuevos mediante un incentivo económico, “todo ello con el fin de provocar engaño en todas estas personas, haciéndoles creer que eran los representantes locales de la firma (con Y. S. como el principal referente y vocero) y quienes responderían por ocasionales pérdidas”.
Los damnificados tomaron la decisión de invertir importantes sumas de dinero mediante transferencia a una cuenta de Exchange OKX, para la supuesta compra de USDT (dolar cripto), “para finalmente traspasarlos a la plataforma denominada MGS Trade utilizando la red TRX, lugar donde se «operaba» el activo ASX30 (supuesto índice de las principales empresas australianas) de acuerdo a las «señales» que se enviaban diariamente en un grupo de Whatsapp”. El grupo se creó el 27 de abril de este año y semanas después “alcanzó a contar con un número mayor a los 800 participantes”. Era administrado por los imputados y a través de esa vía se informaba de operatorias y rendimientos que supuestamente eran calculados por un grupo de profesionales, “quienes tras realizar un estudio del precio del activo” a invertir, predecían las ganancias que iban a tener los inversores. “Todo ello era realizado a sabiendas de no poder abonar lo prometido a todos los inversores, lo que finalmente sucedió” en octubre pasado, cuando se dejaron de pagar los supuestos dividendos, “para finalmente impedir el reintegro del capital invertido por las víctimas, al comenzar a disminuir el flujo de nuevos inversores”.
La necesidad de incorporar a más inversores para el sostenimiento del sistema lo detonó. Y a ello también se sumó la desconfianza generada por “la repercusión de noticias negativas de personas afectados por sistemas similares colapsados e intervención de la Justicia”, lo que generó que se menguara la cantidad de interesados y que quienes habían invertido trataran de salir del sistema con su capital, por lo que llegó “el bloqueo definitivo de las cuentas y la fuga del dinero, dejando a los inversores sin posibilidad de recuperar sus fondos, dado el carácter transnacional del esquema y la utilización de herramientas tecnológicas avanzadas que dificultan el rastreo de fondos y la identificación de los responsables superiores”.
