Desde el estallido social en Chile del pasado 18 de octubre, 10.365 personas fueron detenidas, 3.765 recibieron heridas, 1.835 sufrieron vulneración de los derechos fundamentales y 1.312 presentaron querellas, informó este miércoles el Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno (INDH).
El balance, presentado por el INDH a través de su cuenta de Twitter, detalla que desde el inicio de la crisis 3.765 personas fueron atendidas en hospitales por heridas provocadas por funcionarios de organismos de seguridad del Estado. De ellas, 3.044 son hombres, 439 son mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes.
De estos heridos e internados en centros de salud, 2.122 han presentado heridas por disparos (1.681 recibieron impacto de perdigones, 190 de balines, 51 de balas), mientras que los afectados por gases lacrimógenos se cifran en 271 personas.
También, 445 personas presentan una herida ocular, 411 una lesión o trauma y 41 ciudadanos un estallido o pérdida ocular.
El INDH registra visitas a 10.365 personas dentro de las comisarías policiales (7.490 hombres, 1.603 mujeres y 1.249 niños, niñas y adolescentes).
Dentro de estas visitas, 1.835 personas denuncian vulneraciones a sus derechos fundamentales, de los cuales 1.073 afirman ser víctimas del uso excesivo de la fuerza, 520 denunciaron haber recibido torturas y otros tratos crueles, 197 casos de violencia sexual y 45 personas dijeron haber sido víctimas de “otros apremios”.
El INDH registró 1.418 visitas a comisarías, de las cuales 586 fueron en la Región Metropolitana de Santiago y 832 en otras regiones de Chile.
Finalmente, el INDH publicó un resumen de sus acciones judiciales en este informe, donde detallan que han presentado hasta el momento 1.312 querellas, la mayoría por tortura y tratos crueles (951), por violencia sexual (195), lesiones (21) y 5 por homicidio.
Chile vive desde el 18 de octubre una crisis social con masivas marchas y movilizaciones con múltiples reclamos que tienen en jaque el segundo mandato del derechista Sebastián Piñera.
La crisis llevó a Piñera a cambiar sus políticas de gobierno e inclusive a llamar a un plebiscito que permita cambiar la Constitución, que data de 1980, cuando aún gobernaba el país la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet, que duró desde 1973 a 1990.
