Durante los últimos diez años el alquiler de departamentos de dos dormitorios en Rosario aumentó más de 1.000 por ciento en el macrocentro y los barrios de la ciudad. En tanto, en ese mismo período, los sueldos de los trabajadores privados rondaron un aumento del 650 por ciento, según un estudio llevado adelante por el Centro de Estudios Concejalía Popular que preside el ex edil Nire Roldán.
“Teniendo en cuenta que el pago de los alquileres es un servicio de primera necesidad para quienes no tienen la posibilidad económica de acceder a una vivienda propia, los mismos no pueden estar regidos por la ley de la oferta y demanda, la cual es impuesta arbitrariamente por los grandes capitales inmobiliarios del país. Es el Estado el que debe intervenir integralmente para restablecer el equilibrio económico de las partes del contrato”, expresó Roldán.
El aumento promedio de los alquileres que se registró durante la última década para departamentos de dos dormitorios en la ciudad es el siguiente según la Concejalía Popular: para el centro, de un 953 por ciento; en el macrocentro, del 1.016 por ciento; y en los barrios, 1.028 por ciento.
En tanto, comparando el comportamiento de 2012 con el año en curso, los alquileres de inmuebles sufrieron un incremento promedio del 32,45 por ciento. En detalle, los departamentos (siempre se toma como base de dos dormitorios) del centro aumentaron 27 por ciento; en el macrocentro 33 por ciento y en los barrios, 36 por ciento.
El informe señala que “los precios de alquiler de una vivienda son variables, ya que dependen de la cantidad de ambientes, ubicación, categoría y servicios, pero es posible afirmar que en todos los casos el valor promedio solicitado para alquilar se ha incrementado notablemente”.
“Es necesario destacar que en este período, posterior a la devaluación producida como consecuencia de la crisis del 2001, en la región se instaló un ciclo virtuoso y de fuerte crecimiento de la construcción. El denominado ‘boom de la construcción’, que derivó en un fuerte posicionamiento del sector inmobiliario y de la construcción desencadenó, a nuestro entender, una externalidad negativa que perjudicó directamente a los inquilinos, mayoritariamente a los trabajadores asalariados públicos o privados, trabajadores informales, jubilados y pequeños comerciantes”, indicó el ex concejal que supo militar en las filas del ARI.
Según el relevamiento del Centro de Estudios Concejalía Popular, prácticamente ninguno de los últimos acuerdos paritarios llegó al 25 por ciento de aumento. Y en el período 2003/2013, las remuneraciones promedio de los asalariados del sector privado han sufrido un incremento cercano al 650 por ciento. “Esto supone, en términos generales, una importante recomposición salarial para los trabajadores registrados en nuestro país, pero ubica al salario por debajo del incremento que han sufrido los precios de los alquileres en la ciudad de Rosario en el mismo período. Esto, según los incrementos que se desprenden de nuestros informes, para todas las categorías, aunque tomamos como indicador los departamentos de dos dormitorios que son los utilizados por los núcleos familiares con hijos en edad escolar”, señaló.
¿Qué hacer?
Para revertir la situación cada vez más compleja que viven los inquilinos, la Concejalía Popular propuso desde la creación de un Registro Único de Contratos Locativos hasta un Programa Municipal de Ayuda al Inquilino Adulto Mayor. “Proponemos la conformación de un fondo especial para la construcción de vivienda en alquiler. Que sean viviendas construidas por el Estado, con participación de organizaciones gremiales, sociales, de la economía social o privados para que puedan alquilar los sectores de ingresos medios: trabajadores públicos y privados, jubilados y estudiantes.
También, sostienen desde la Concejalía Popular, hay que pensar en la creación de un Registro Único de Contratos Locativos, de modo que todos tengan acceso a la cantidad de propiedades para alquilar o alquiladas”, indicaron.
Además se propone la creación de un organismo municipal que pueda facilitar el acceso a un “alquiler justo”, evitar los abusos del derecho entre las partes, controlar y regularizar las pensiones, entre otros.
