En la Semana del Árbol, la concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, presentó su proyecto sobre Arbolado Público para actualizar la normativa local que data de 1991 y quedó desactualizada. Entre los principales puntos del proyecto, se destaca un presupuesto mínimo para proteger el arbolado público, un censo y diagnóstico del existente y un sistema informático ágil para realizar reclamos.
“Una nueva ordenanza es fundamental porque actualmente el municipio va actuando espasmódicamente a partir de los cambios climáticos y de los efectos climáticos cada vez que se cae un árbol, y es necesario tener una política planificada”, dijo Gigliani.
“Para eso planteamos un censo de todo el arbolado de la ciudad cada 10 años para que se pueda hacer un diagnóstico puntual de cada especie arbórea”, agregó.
Gigliani dijo que el proyecto contempla la implementación de un sistema informático ágil para realizar reclamos. “El acceso a la información hoy parece que es una cuestión de Estado. Saber qué es lo que pasa con cada árbol en la ciudad es una odisea y nos enteramos cuando se cae o se hace algún daño, entonces tiene que haber, en base al perfil digital, un acceso rápido para que cualquier ciudadano que quiera saber sobre cualquier árbol de la ciudad pueda saber si esa actividad que se está haciendo sobre el árbol está autorizada, si la empresa o la persona física que está haciendo esa tarea está autorizada por la Municipalidad de Rosario, entre otros”, detalló.
Otro de los puntos del proyecto es la creación de un registro único de personas físicas o jurídicas que estén autorizadas para realizar tareas sobre el arbolado público.
La creación de la Unidad Fija Ambiental que corre por camino distinto a la multa que está prevista en el Código de Convivencia para quien incumple la normativa respecto del arbolado. La iniciativa apunta a la reparación del daño ambiental en virtud de la extracción de ese árbol o del daño que se le causó.
También el proyecto plantea un Seguro de Caución a las empresas constructoras que tengan en su frente algún árbol. Es una forma de garantizar a la Municipalidad que sobre el arbolado público no se va a causar daño. «Por eso también agravamos en el Código de Convivencia las sanciones a las empresas constructoras que muchas veces, hacen perforaciones, envenenamiento, estrangulamiento de los árboles para poder después justificar su extracción, y otros que directamente ni siquiera lo dibujan en los planos, omitiéndolo y haciendo la extracción de manera ilegal», señaló la concejala.
Hoy hay tres ingenieros que son los que hacen la tarea de revisar el estado de los árboles, fitosanitarios, además de otras tareas también, donde hacen un dictamen de cuáles son las acciones que hay que llevar adelante para evitar el daño que se está causando a la ciudadanía. «Es muy poco personal para 420 mil árboles que tenemos en la ciudad de Rosario, de los cuales el 30% corresponde a espacios verdes públicos y el resto al arbolado que está sobre la vereda», evaluó Gigliani.
Según el informe de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, del total de expedientes tramitados en todo 2023 sobre reclamos al Estado Municipal, el 30% corresponde a Parques y Paseos.
