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En el Día del Orgullo LGTBIQ llegó un “retroceso” judicial

Mariana Gómez, agredida por un policía mientras besaba a su esposa, fue penada a un año de cumplimiento condicional. La jueza validó la versión policial y condenó a la joven por resistencia a la autoridad y lesiones

En el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, una jornada marcada por reclamos políticos trascendentales para las disidencias sexuales, la Justicia argentina emitió un fallo de intolerancia: Mariana Gómez, la joven lesbiana de 25 años que en octubre de 2017 fue agredida por un policía mientras besaba a su esposa en una estación de subte en la ciudad de Buenos Aires, fue declarada culpable por los delitos de “resistencia a la autoridad” y “lesiones” y condenada a la pena de un año de prisión en suspenso. Si bien los argumentos de la resolución recién serán dados a conocer el viernes próximo, la condena de la jueza Marta Yungano deja en claro que se dio más valor al testimonio de los policías que a los de Mariana y su pareja. “El fallo representa un retroceso terrible en las conquistas de derechos en la Argentina”, dijo a El Ciudadano el defensor Lisandro Teszkiewicz.

A la salida del tribunal, Mariana Gómez sufrió una descompensación y debió ser reingresada al edificio, adonde recibió asistencia médica. “La sentencia es lesboodiante, es discriminadora y nosotras llegamos hasta acá porque queríamos la absolución para que fuera un precedente. No esperábamos este fallo. Es en suspenso y eso es peor, porque tenemos que estar con cuidado en todas las esquinas. Compañeras necesitamos el apoyo, necesitamos que esto se difunda”, dijo a la prensa Rocío Girat, la esposa de Mariana, después de que se hiciera público el veredicto.

 

Violencia

El hecho por el que este viernes Mariana Gómez fue condenada ocurrió cerca del mediodía del lunes 2 de octubre de 2017. Mariana había acompañado a Rocío, su esposa de 23 años, a tomar un colectivo a la estación de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires. Cuando llegaban empezó a llover y a caer granizo y por eso se refugiaron en la estación de subte.

Mariana encendió un cigarrillo y, según testigos, no fue la única. Pero mientras fumaba, hizo algo más: besó a Rocío. Eso bastó para que, en medio de todos los fumadores, el empleado de Metrovías José María Pérez se acercara sólo a ella y le dijera que allí estaba prohibido fumar. Ella retrucó: le dijo que no había ningún cartel que indicara eso y remarcó que ella no era la única persona haciéndolo. El empleado de Metrovías buscó a Jonatan Rojo, un efectivo de la Policía de la Ciudad, con el que Mariana mantuvo la misma discusión en un tono cada vez más elevado.

Desde el inicio, la conversación con Rojo fue violenta: le decía “pibe” y la trataba en masculino. “Mariana reaccionó a esta situación y les recriminó que el único motivo por el que la estaban reprendiendo a ella y no al resto era porque eran dos mujeres besándose. Había otras personas fumando y otras personas besándose, pero ellas eran las únicas lesbianas”, detalló Teszkiewicz a El Ciudadano cuando se inició el juicio, el 5 de junio pasado.

Mariana apagó el cigarrillo y quiso irse, pero el policía no se lo permitió. Le dijo: “Pibe, quédate acá que vas a ser detenido por desacato a la autoridad”. Lo que siguió quedó filmado por otras personas que estaban en la estación y que recriminaron a la policía lo que estaba haciendo. A Rojo se sumó la oficial primera Karen Villaroel, quien le dijo que se pusiera de espaldas porque la iba a esposar. Todo terminó con un forcejeo y Mariana reducida en el suelo con los dos policías encima y la rodilla de uno de ellos aplastándole la cabeza.

Horas más tarde la trasladaron a una comisaría donde la hicieron desnudar y la revisaron varias veces para chequear que no tuviera estupefacientes en la vagina. Tras una movilización en la puerta de la seccional, fue liberada cerca de las 21.

La causa

En los últimos días de 2017, la jueza María Dolores Fontbona De Pombo procesó a Mariana por los delitos de “resistencia a la autoridad” y “lesiones”, los mismos por los que fue condenada ayer. La defensa apeló la resolución, que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires el 9 de marzo de 2018.

El fallo iba a ser dado a conocer el martes último, pero el Tribunal Oral en lo Criminal N° 26 de la ciudad de Buenos Aires pospuso la audiencia hasta este viernes. Casualidad o no, coincidió con una jornada de lucha para el colectivo LGTBI+: el Día Internacional del Orgullo. En todo el país se replicaron marchas para pedir que se terminen los travesticidios y las persecusiones a las disidencias sexuales. “No creo que haya sido casualidad la elección del día”, dijo Teszkiewicz. La sentencia de la jueza Marta Yungano fue a un año de prisión en suspenso.

“El fallo representa un retroceso terrible en las conquistas de derechos en la Argentina. En los últimos 20 años hubo un avance impresionante. En Buenos Aires hasta 1996 se penalizaba a quien expresaba públicamente su afecto por personas del mismo sexo. Incluso esa normativa, que fue derogada, imponía hasta 30 días de arresto. La jueza Yungano, 23 años después, condena a Mariana a un año de prisión. El nivel de retroceso del Estado de Derecho en la ciudad de Buenos Aires es abismal”, consideró Teszkiewicz, que explicó que después de conocer los argumentos apelarán la resolución.

“Hay un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre la violencia institucional hacia el colectivo LGTBI+ en América Latina. Si lo lees, los últimos 21 meses de Mariana son un calco de una acción sistemática de todo el continente, donde las fuerzas policiales agreden de manera brutal al colectivo y después los sistemas judiciales convalidan al crear causas por delitos menores, como resistencia a la autoridad o lesiones leves, expresando la propia misoginia, el machismo, la lesbofobia. Entonces, por cubrir, apañar y proteger el accionar de las fuerzas policiales se criminaliza al colectivo y, en la práctica, se lo discrimina profundamente”, agregó el abogado.

Por eso, para el letrado es “no sólo oportuna y necesaria sino urgente la aplicación de la ley Micaela en el Poder Judicial”, que hace obligatorias las capacitaciones en materia de género para los integrantes de los tres poderes del Estado.

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