El lugar donde hace casi 80 años, el 11 de mayo de 1932, abrió sus puertas la casa de comidas que ahora sólo queda en el recuerdo, el histórico restaurante Rich, será en el futuro próximo una torre de 54 metros de altura, con tres subsuelos de cocheras, un salón de convenciones y 14 pisos de oficinas. Así lo contempla el proyecto votado ayer en el Concejo Municipal, que por mayoría reglamentaria –y tras un áspero debate– le dio el aprobado al convenio edilicio entre el Ejecutivo municipal y la firma Indisa SA, que llevará adelante el desarrollo. Y aunque en la dirección de San Juan 1031 también funcionará, como parte del emprendimiento, un restaurante con entrepiso que junto al auditorio compondrán unos 3.600 metros cuadrados cubiertos, difícilmente vuelva a los paladares rosarinos la particular cocina que durante décadas se ofrecía allí, que incluía la elaboración propia de piezas hoy inconseguibles en la ciudad como huevos a la Ville-Roi, tarta de cardo, torrejas de corazón de alcaucil y perdices en escabeche, entre otros platos. Es que el emprendimiento inmobiliario mismo surgió tras el fracaso de una experiencia cooperativa formada en mayo de 2006, en la que 40 trabajadores lograron revivir durante casi dos años su fuente laboral, pero finalmente no pudieron con el peso de la crítica situación a la que los propietarios habían llevado el tradicional restaurante.
Como parte del acuerdo aprobado ayer, el emprendedor entregará al Fondo de Tierras del municipio cerca de 1.200.000 pesos, parte del plusvalor que generará el proyecto del hoy demolido Rich. Pero a poco de comenzar a tratarse el proyecto quedaban en entredicho los supuestos beneficios que traería el emprendimiento a la ciudad. La primera denuncia partió del socialista auténtico Alberto Cortés, quien tras preguntar si la ejecución de una obra debía comenzar antes o después de su aprobación legal –y de recibir la obvia respuesta– alzó su computadora portátil para mostrar que los trabajos en marcha en lo que era el Rich no sólo fueron de demolición, sino que ya se estaban llevando adelante las excavaciones para las cocheras, situación manifiestamente ilegal.
No fue el único punto conflictivo: acto seguido, el justicialista Diego Giuliano llamó la atención sobre que la obra carecía de un estudio de impacto ambiental. Efectivamente: la propuesta del convenio fue girada por el Ejecutivo municipal después –obviamente– de que se hubiera aprobado la normativa que regula los convenios edilicios especiales, pero antes de que se votara que precisamente esos convenios estaban obligados a contar con un visto bueno ambiental cuando se trata de obras de más de 36 metros de altura.
El vacío, explicó Giuliano, en última instancia lo llenaba la normativa provincial de Medio Ambiente, ya que a esa altura de calle San Juan la zona es considerada como “de reserva” y con la normativa que se aplicará para regularla aún pendiente. Y la ley 11.717 ordena el estudio previo de impacto. Para peor, el emprendimiento tenía vencido el visto bueno de factibilidad emitido por el municipio.
No sin polémica, la cuestión se zanjó a través de una formalidad: se votó una prórroga del plazo de factibilidad, con la cual el proyecto de convenio volvió a calzar justo donde un acuerdo de esas características era legal sin requerir previa evaluación ambiental. No figuró en la votación favorable del socialismo, el PRO, las tres bancadas de la UCR, el demoprogresista Aldo Poy y el arista Oscar Greppi, y tampoco en los negativos de Encuentro por Rosario, Frente para la Victoria del Partido del Progreso Social y PSA-Proyecto Sur, un detalle: este mismo fin de semana Rosario será, precisamente, escenario de un megaforo de carácter internacional dedicado –precisamente– al medio ambiente.
