A partir de un mensaje del Municipio, el Concejo aprobó un decreto por el que se ratifica el convenio suscripto el 31 de marzo entre el Ejecutivo y el Club Ministerio de Obras Públicas (MOP) Navegación y Puertos-Rosario, “en relación a los usos y destino del inmueble en posesión del club».
La normativa logró 15 votos a favor de las bancadas Arriba Rosario, Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio, Unión Pro/Juntos por el Cambio, Volver a Rosario, Socialista, Rosario Progresista, Unión Cívica Radical y Un Gol para Rosario.
Pero también tuvo el voto negativo de María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular. Y las abstenciones de Julia Eva Irigoitia y Lisandro Cavatorta, de Todos Hacemos Rosario; Silvana Teisa de Trabajo y Dignidad; la bancada de Ciudad Futura, y Carlos Cardozo, de Unión Pro/Juntos por el Cambio.
Entre otras cosas, el texto aprobado determina el tipo de habilitaciones. «Se deja expresamente establecido que se permitirá únicamente la habilitación del espacio destinado a buffet, o similares, dentro de los rubros que no impliquen actividad bailable ni fuentes sonoras al aire libre sujeto a lo establecido en la actual ordenanza Nº 7.218/2001”, señala el escrito en uno de sus tramos.
En los considerandos del decreto también se recuerda la historia los diversos aspectos vinculados a tramitaciones, otros intentos de aprobar el convenio, las obras efectuadas y las inspecciones ejecutadas.
Así, se menciona que el 21 de octubre del 2022 la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte emitió un formal certificado técnico por “Finalización de obra de ampliación y modificación de guardería náutica”, en el que se declaran técnicamente terminados los trabajos de reacondicionamiento del muelle, la instalación de dos equipos montacargas, la construcción de marinas flotantes y de defensas flotantes.
Expusieron sobre el tema la titular de la comisión de Planeamiento, Nadia Amalevi, de Arriba Rosario, su par de bloque, Fabrizio Fiatti; Julia Eva Irigoitia, de Todos Hacemos Rosario; María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; Daniela León y Martín Rosúa, de la Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio; Jesica Pellegrini y Caren Tepp, de Ciudad Futura; Carlos Cardozo y Alejandro Rosselló, de Unión Pro/Juntos por el Cambio; Verónica Irizar, del bloque Socialista; la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, y Silvana Teisa, de Trabajo y Dignidad.
Un poco de historia
La aprobación de este jueves a la tarde se da luego de que el intendente Pablo Javkin enviara a principios de este año el convenio para modificar la reglamentación sobre el uso y explotación del predio.
Desde un sector de la oposición plantearon en un principio que el escrito intentaba justificar una serie de irregularidades que se cometieron “a espaldas de la ciudadanía”. Tala de árboles, funcionamiento de una guardería náutica, expendio de combustible y hasta el intento de habilitación de un boliche bailable figuran entre las actividades denunciadas por miembros de la oposición.
No solo se naturalizó el alquiler del espacio para guardar embarcaciones, sino que los propios socios reconocieron a los concejales que el servicio era facturado a nombre de un tercero.
El convenio fue discutido en sus respectivas comisiones a principio de año e iba camino al recinto en abril, pero entre la resistencia opositora y el comienzo de la campaña electoral quedó en stand by. Tras la victoria electoral en las generales, el oficialismo reactivó el debate. Y ahora se aprobó.
El dueño
La Municipalidad es titular del dominio de ese predio ubicado frente al Monumento Nacional a la Bandera, lindero a la Nueva Terminal Fluvial, en virtud de una cesión efectuada por Ley Nacional 24.075. El Municipio decidió ceder el uso del mismo hasta el 2030 al Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de que el predio tenga una finalidad recreativa y cultural para los trabajadores de esa repartición pública.
Tras reiterados reclamos por parte de ediles opositores, quienes denunciaron que durante estos últimos años se desarrollaron una serie de actividades por fuera de la habilitación correspondiente, el Ejecutivo envió un convenio al Palacio Vasallo con el que busca ahora una intervención urbana en la zona, en el marco del “Proyecto Integral de la Costa Central” y en el que reconoce la detección de “obras ejecutadas sin permiso” en el predio.
La concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, integrante de la comisión de Planeamiento, viene denunciando desde hace tiempo una serie de irregularidades en el predio. En diálogo con El Ciudadano, fue al origen del problema y planteó: “Se trata de tierras cedidas por la Nación a la Municipalidad, con el objetivo de que los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas tengan un lugar de esparcimiento. Los trabajadores del Ministerio no están más, no hay más empleados recreándose en ese lugar”.
En ese acuerdo de cesión, se lo definió como un espacio destinado a la realización de actividades deportivas, recreativas y culturales, aunque en ningún punto se habilitaba específicamente a negocios comerciales o a una guardería náutica. Con el envío del nuevo convenio, el intendente Pablo Javkin intenta darle luz verde a todas las actividades que se concretaron sin ningún permiso. Entre ellos detectaron tala de árboles o construcciones sin permiso de edificación.
El convenio
En el convenio ingresado al Concejo Municipal, el Ejecutivo anuncia el “Proyecto Integral de la Costa Central”, cuya intervención urbana comprende el predio donde funciona el club MOP. “Este proyecto propone el reordenamiento de todas las áreas y la división de su costa en tres espacios determinados y caracterizados de manera particular, dando uso prioritario a los espacios y parques públicos, actividades náuticas, deportivas, recreativas, espacios culturales y/o complementarios de los mismos”, detallaron.
Más adelante, la Municipalidad refiere a un acuerdo con el MOP para integrarlo al proyecto de la costa central y reconoce que tras un relevamiento sobre el predio se detectaron “obras ejecutadas sin permiso”.
También piden registrar las construcciones ejecutadas sin permiso en el inmueble, relevadas en los planos aportados por el MOP, en un plazo máximo de 90 días corridos desde la ratificación de ese convenio por parte del Concejo Municipal.
En cuanto a la actividad bailable, desde el Ejecutivo dejaron concretamente prohibida la posibilidad de montar un complejo con esa finalidad en el predio. “Se deja expresamente establecido que se permitirá únicamente la habilitación del espacio destinado a buffet o similares, de los rubros comprendidos en la ordenanza 7218/2001 que no impliquen actividad bailable ni fuentes sonoras al aire libre”, sentenciaron.
Para ser mas precisos, enumeraron las actividades que quedarían habilitadas dentro del complejo y mencionaron: sede social de clubes; servicios de gastronomía, servicios náuticos, guarderías náuticas, atraque y amarre de embarcaciones de recreo, amarre flotante y carga de combustible para embarcaciones deportivas y otras actividades complementarias. “Cualquier uso no descrito deberá ser estudiado y aprobado por la Secretaría de Planeamiento”, aseguraron en el convenio.
El MOP deberá restituir libre de ocupantes, el inmueble objeto del presente convenio, el día 18 de noviembre del año 2030, fecha en la cual operará el vencimiento del plazo de prórroga otorgado por la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, mediante Disposición No 1160/80. Este convenio se podrá renovar por un plazo a convenir, de común acuerdo entre las partes.
El expediente enviado al Concejo también incluye una infracción aplicada en 2014 por la tala de 8 árboles, con la que los encargados del predio ampliaron la guardería de embarcaciones. Este año se hizo una nueva inspección y se verificó que no hubo un procedimiento similar peor se aplicó una multa y se notificó a los encargados del club que para reparar compensar el daño ambiental deberán entregar 1.280 ejemplares a la Dirección Municipal de Parques y Paseos.
Antecedentes judiciales
Ante lo expuesto por el Ejecutivo, Gigliani sostuvo: “Llama la atención que dentro del informe que ingresa Javkin, se habla de antecedentes judiciales donde el Municipio demandaba por desalojo al MOP. Dicen que no se encuentran los expedientes y que por inactividad procesal esas acciones quedaron caducas. Antes de tratar este expediente, el Estado municipal tiene que dar explicaciones ¿Quien definió que haya una inactividad procesal? ¿Hubo algún funcionario o resolución que haya determinado que lo que el municipio perseguía, que era hacerse de esas tierras, haya cambiado?”.
Por otra parte, reparó en el funcionamiento de la guardería náutica y remarcó: “Todos los fines de semana se abastece de combustible a las embarcaciones pero, ¿quién dio la habilitación para eso? Se habla de acá para adelante pero, ¿qué pasó hasta acá? El Municipio está blanqueando todo lo que se hizo ilegalmente”.
Por último, manifestó: “Después se habla de un buffet, que en realidad es un espacio de 1.200 metros cuadrados que es donde Taura intentó inaugurar en febrero de 2022. Pasaron muchas cosas. De hecho en su momento denunciamos que había una inmobiliaria vendiendo las camas de la guardería. La pregunta que nadie respondió es por qué un socio paga su servicio de guardería, servicio que no está habilitado, se les da una factura de una sociedad anónima, que no tiene autorización comercial para explotar comercialmente la guardería”.