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No es un “atajo” hacia la adopción, ni tampoco un medio para acceder a un ingreso económico: la llamada familia solidaria es una persona o pareja –con o sin hijos– que decide acoger a niños o adolescentes a quienes el Estado decidió separar –en principio transitoriamente y con la voluntad de retorno– de sus familias de origen por varias causas, entre las cuales cuentan cuadros de violencia o abandono, vulnerabilidades varias, enfermedades o hasta fallecimiento de mayores responsables del hogar primario. En Rosario ya hay 130 familias solidarias. Y forman parte de un programa que el gobierno provincial intenta reforzar como una alternativa a la internación en institutos de alojamiento colectivos, que hasta no hace mucho fueron la “solución” excluyente y que generalmente empeoraban el cuadro hasta que, nuevas leyes nacionales y provinciales mediante, comenzaron a modificar su perfil. En este camino, y luego de un paso similar dado este mes en la capital santafesina, entre febrero y marzo próximos habrá en Rosario un llamado para la inscripción a un registro formal de todos quienes deseen participar del programa.
“Hay un dato de la realidad con el que esta gestión provincial se encontró al asumir: un montón de niños institucionalizados desde hace mucho tiempo. Adolescentes que no tienen una referencia familiar, biológica, que pueda alojarlos. Entonces la convocatoria es a aquellas familias que puedan acompañarlos hasta su mayoría de edad en el tránsito a un camino de vida posible”. La descripción es de la psicóloga Mónica Varetto, titular de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia en la zona sur. La funcionaria aclara que no debe considerarse que esta inscripción sea una antesala de la adopción, una expectativa que muchos de los postulantes traslucen pero que desde el gobierno desactivan. Es que se trata de una concepción “integral” de protección del niño o adolescente en riesgo que, como principio, intenta revertir los problemas familiares o sociales que obligaron a separar al chico de su hogar para que pueda retornar a él. A veces este objetivo se vuelve imposible de materializar, pero allí se apunta. Por eso, el programa promueve la continuidad del vínculo entre el adolescente y su núcleo familiar de origen, y entre éste y la familia solidaria que lo acoge transitoriamente.
“Con el ingreso de un niño a un hogar sustituto o solidario, siempre se piensa en el regreso del menor a su familia de origen. Es cierto que tenemos muchas situaciones en las que este retorno no es posible. Pero se trabaja en una estrategia de fortalecimiento familiar para que esta vulneración por la que el niño fue retirado no se repita. Sin embargo, hay situaciones muy complejas, que no tienen que ver con dificultades económicas del grupo sino con otras sociales, más extensas, que son difíciles de revertir”, plantea Varetto. Y enfatiza que “lo importante es que la familia solidaria acompañe también a la de origen del niño o adolescente. Ese es el ideal: proteger al niño y a la vez fortalecerlo en su relación con el adulto de referencia original”. En consecuencia, insiste en que “los chicos se siguen viendo con sus padres, y el objetivo es de hecho revincularlos con su familia generando las condiciones para el desarrollo de una infancia lo más plena posible”. Lo cual –reconoce la funcionaria– “en algunos casos es muy difícil”.
“El programa igual está funcionando. Tenemos 130 familias sustitutas en Rosario. Lo que resta es la convocatoria formal al registro, que se va a concretar en febrero o marzo y que fortalecerá la iniciativa”, adelanta Varetto. Para ello, la Dirección provincial que conduce se reunirá el mes próximo con varias organizaciones de la sociedad civil que han realizado un trabajo de relevamiento y contacto con familias que desean participar. “Realizaremos un trabajo en conjunto para el llamado”, aclara Varetto.
Se trata de un tema que requiere sumo cuidado. Las familias solidarias son acompañadas desde el Estado por equipos multidisciplinarios –psicólogos, asistentes sociales– porque “aunque haya mucha predisposición se producen alteraciones en la dinámica familiar que hay que asistir desde los ámbitos terapéuticos”, admite la directora provincial. Y reconoce que “algunas familias, que son la excepción, dijeron al poco tiempo que no podían hacerse cargo del compromiso asumido”. También, el gobierno provincial les otorga un aporte económico mensual para solventar parte de los gastos que el nuevo integrante de la familia requiere.
Cómo interviene el Estado
“Los pedidos de intervención ingresan a la Dirección por tres vías: por informes de los equipos territoriales interdisciplinarios locales (de la Municipalidad, centros de salud, escuelas, etc.), por oficios del Poder Judicial y por partes preventivos”, reseña Varetto. Y aclara que la decisión de separar a niños o adolescentes de sus familias de origen siempre es “excepcional”. Primero se da en términos administrativos, y luego un juez de familia le da la cobertura legal. Además, aclara la funcionaria, estas decisiones “no están basadas en la situación socioeconómica, no es la situación de pobreza el eje por el cual se separa al niño de su familia. Generalmente son indicadores de violencia, que es el de mayor incidencia que ingresa a la Dirección. El económico no está presente en la decisión, como tampoco el tipo de constitución de la familia”.
Cambio de leyes y paradigma
La familia solidaria es una alternativa entre otras una vez que se resuelve la separación del núcleo familiar primario. “Tenemos seis instituciones de alojamiento del Estado provincial, que son una posibilidad de acompañamiento. Y más de 20 convenios con organizaciones del sur de la provincia. A eso se suman las 130 familias solidarias y sustitutas. Cuando se toma la medida excepcional, esas son las opciones que se consideran en cada caso”, explica Varetto.
Las instituciones de alojamiento que menciona son, entre otras, la Casa de la Niña, ubicada en San Juan al 1900, el Hogar de Menores Madres, de Callao al 200, el Hogar Granja Lanfranco Ciampi, de Bermúdez 5700, o el Centro de Permanencia Transitoria de Presidente Roca al 1100.
Con todo, la tendencia es a “des-institucionalizar” a los chicos ante estas situaciones.
Y ello es parte de un proceso de cambio de paradigma que recientemente tuvo sus correlatos legales. La institucionalización de niños, niñas y adolescentes fue, en la Argentina, una práctica extendida que se amparó en la doctrina del Patronato, un régimen que durante casi un siglo remitió los problemas sociales de los chicos en una cuestión judicial. La ley de Patronato de Menores (10.903, de 1919) daba facultades a los jueces para intervenir en la vida de cualquier niño o adolescente considerado en “peligro moral o material”. Así, podían disponer de él tomando la medida que creían más conveniente y de duración indeterminada.
El Estado se autoasignó entonces la tarea de educar a los niños considerados “en peligro”: los que cometían delitos, los abandonados y los pobres. Todo, para evitar que se convirtieran en “peligrosos”. El camino fue entonces el alejamiento de sus familias y la creación de instituciones que se proponían “reemplazar” sus funciones. Ese modelo fue generando una extendida red de institutos asistenciales y penales, instituciones psiquiátricas o comunidades terapéuticas para alojar a niños y adolescentes. En la mayoría de los casos, estos centros terminaron convirtiéndose en escuelas del delito y de abusos hacia los mismos chicos que el sistema declamaba proteger.
La promulgación en 2005 de la ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes –26061– cambió el eje: dejó en claro que la situación socioeconómica nunca puede dar lugar a la separación del niño de su familia, y obligó al Estado a garantizarles los derechos a través de políticas públicas que debían incluir al grupo familiar en programas de apoyo de salud, vivienda y educación. Los niños –institucionalizados o no– no deben ser entonces “encerrados”, indica la norma. En cambio, señala que el sistema debe procurar su permanencia dentro de su familia ampliada o con otros miembros de la comunidad ya vinculados con el niño. Y sólo en casos excepcionales habilita a recurrir a otras formas de convivencia, como los programas de acogimiento familiar y, en última instancia, los centros de alojamiento colectivos.
Santa Fe tiene su correlato de este cambio de visión “nacional” en la ley provincial 12967. Ambas normas “implican un marco jurídico diferente, porque el eje es el tratamiento del niño como sujeto pleno de derecho”, afirma Varetto. Y contrasta con la situación anterior: “El patronato, en cambio, lo situaba como objeto de protección del Estado. Lo que el nuevo paradigma de protección integral marca es que el niño debe ser oído y es sujeto pleno de derecho. Esto es un giro paradigmático e ideológico muy bueno. Y en ese sentido van estos programas alternativos como el de familias solidarias, que ya existían en la provincia pero que estamos reforzando desde el inicio de la gestión, en 2007, para el corrimiento hacia la protección integral”.
