Distintas organizaciones de derechos humanos sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial marcharán el martes próximo a la sede de la Corte Suprema para reclamar por cambios en la Justicia. La marcha se replicará en todo el país el próximo martes 1º de febrero por la reforma integral de la justicia y la renuncia de los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de una convocatoria encabezada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) a la que se han sumado diferentes voces: desde sindicatos y organizaciones de trabajadores, sociales y de derechos humanos, hasta legisladores, entre ellos la diputada provincial por el Frente de Todos Matilde Bruera, quien interpreta esta convocatoria como un reclamo “mucho más profundo, que es una reforma judicial integral”, dado que el actual sistema judicial “no da respuestas a las necesidades de la población, que son los que más necesitan de las decisiones del poder judicial”.
La manifestación se llevará a cabo en paralelo al resto del país, a las 18, frente a las puertas de los Tribunales Federales, ubicados en bulevar Oroño 940, entre las calles Rioja y San Luis, “por la democratización del Poder Judicial”, “una reforma integral del sistema judicial” y un “Poder Judicial con Compromiso Social”.
“La renuncia de los jueces de la corte se pide porque nunca quedó tan en evidencia las vinculaciones entre la Corte Suprema y sus vinculaciones políticas con intereses económicos fundamentales” dice Bruera, recordando la trayectoria del ahora vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, anterior abogado del Grupo Clarín.
La legisladora entiende que la iniciativa no es otra cosa que una “reivindicación que se viene pidiendo desde hace muchos años” que “incluso ha dado origen a reclamos de los organismos de los derechos humanos en muchas oportunidades”. La ex defensora pública no coloca el problema en la actual conformación de la Corte, sino que se remonta al año 2013, donde aparecieron las primeras manifestaciones que dieron nacimiento al Movimiento Justicia Legítima, donde se pedía la reforma integral “de un Poder Judicial que está absolutamente desprestigiado” porque “evidentemente no da respuestas a las necesidades de la población, que son los que más necesitan de las decisiones del poder judicial”.
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La diputada pone de manifiesto un elemento muchas veces reclamado como lo es la imparcialidad de las autoridades judiciales a la hora de investigar a personajes identificados con determinado signo político: “Cómo se persigue a los sectores populares y a un determinado sector político y cómo se protege la impunidad de aquellos que vaciaron el país, que tomaron deuda fraudulenta, que utilizaron el poder judicial para persecución política” reflexiona Bruera, y recuerda que a mediados del año pasado, se investigó a los magistrados Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes se reunían con el presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos en días anteriores a fallos clave que involucraban a líderes opositores. “Los jueces espuriamente iban a reunirse con el poder ejecutivo, con el presidente Macri, a organizar las causas armadas para perseguir a los opositores políticos. Todo esto ha sido muy grosero” afirma la diputada, y continúa: “Todo esto ha puesto en evidencia algo que el Poder Judicial viene arrastrando desde hace mucho tiempo que es el descrédito porque es un instrumento político de los poderosos, y no da ninguna respuesta a los ciudadanos”.
En su discurso de inauguración de gestión en el Congreso, el presidente Alberto Fernández advirtió que enviaría “al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”, cosa que, para Matilde Bruera, nunca ocurrió: “Hubo un amague, al inicio de la gestión cuando se convocó a un grupo de expertos y se realizó todo un proceso de debate de una reforma judicial” y es categórica al decir que “el resultado de eso, hasta ahora, ha sido nulo”. Si bien rescata la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, “no se ha visto nada más”.
Un problema integral: la (in)justicia santafesina
Si bien la manifestación hace foco en la Corte Suprema, Bruera entiende que “las críticas a los poderes judiciales provinciales, entre ellos el de Santa Fe, son similares a las que se le hace al de la Justicia Federal”, ya que “en todas las provincias la situación es similar”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación actualmente tiene sólo cuatro de sus cinco miembros constitucionales: todos ellos varones y una negativa a la capacitación en género, exigida por la Ley Micaela. Todos elementos que los cortesanos comparten con el Tribunal Superior de la provincia de Santa Fe: si bien “hay una sola mujer, todos los ministros están excedidos en el límite de edad, no tiene integración paritaria ni perspectiva de género” evalúa Bruera: “en Santa Fe tenemos una justicia lenta, ineficiente y que no aborda los sistemas fundamentales de las personas como son los derechos de los trabajadores, la seguridad y todos los temas que son sensibles al interés de la población”.
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La justicia nacional y provincial tiene “graves focos de corrupción en su interior, como son los vínculos con el crimen organizado al cual algunos sabemos que se ha detectado a algunos fiscales, vinculados a estas cuestiones criminales”, y Bruera completa sentenciando que “no existe poder judicial en Santa Fe”. El argumento se halla en el accionar reciente de la justicia local, tanto en la incapacidad de poder sortear los fueros de legisladores provinciales para avanzar en investigaciones por corrupción, como también en la causa por supuesto espionaje en el Ministerio de Seguridad: “Todo este deterioro del Poder Judicial se expresó gravemente en la pandemia. Hay armado de causas, persecuciones ilegales a abogados y militantes de DDHH, me refiero a Nadia Schujman y a una persecución selectiva”. “Si hay que investigar lo que pasó en el Ministerio hay que investigar a toda la cartera, no a una sección solamente” concluye la legisladora.
Al ser consultada sobre los cuestionamientos que genera la convocatoria, la diputada del Frente de Todos responde que “esto es un hecho político trascendente. Obviamente es un puntapié inicial pero todas las reformas institucionales en la historia de la humanidad vienen de los movimientos sociales”. Diversas encuestas encuentran que el poder judicial tiene un nivel de aceptación inferior al 10%, lo cual advierte lo alejado del sistema y sus miembros a cualquier solución a las necesidades de la población. “Esto es un hecho político trascendente y es un puntapié inicial para lo que se pide: una reforma judicial”. “No nos olvidemos que el 2×1 se paró por una salida espontánea de toda la gente a la calle” y finaliza diciendo que “Esto es un acto político, porque es un acto público. La política se hace en la calle, organizadamente y colectivamente. Y esta es una salida colectiva de la sociedad a reclamar un cambio serio del poder judicial”.
