Como resultado del control chatarrerías, locales de venta de autopartes y desarmaderos, en los primeros nueve meses de este año el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe informó que al cabo de los operativos fueron incautados 32 millones de pesos, 10 mil dólares, 700 placas de cementerios y 1.200 toneladas de materiales ferrosos y no ferrosos de procedencia ilegal.
Las autoridades provinciales detallaron que en el período se realizaron 49 inspecciones en 17 localidades, de las cuales 19 fueron en la ciudad de Rosario. Además de la incautación de dinero y materiales, se clausuraron los desarmaderos y chatarrerías en las que se detectaron irregularidades.
Lo secuestrado incluye placas de cementerio, crucifijos, medidores de agua y gas, picaportes y cables de electricidad y ataúdes, entre otros elementos. Como dato saliente, en Venado Tuerto, una chatarrería completa resultó decomisada por la Justicia y puesta a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que se encargó de compactar todos los elementos encontrados.
Menos llamados al 911
Como resultado de las tareas de control, inspección y sanción, señalaron desde la Provincia, se evidencia un marcado descenso de los llamados a la línea 911 para denunciar este tipo de delitos. Teniendo en cuenta enero y agosto de este año como puntos de referencia, en Rosario se redujo un 76,34 % la cantidad de comunicaciones y en la ciudad de Santa Fe se registró una reducción de un 80,38% en los llamados.
Control, denuncia y prevención de robos
Las compactaciones realizadas se dan en el marco de las políticas activas que viene llevando adelante la Provincia en relación a la inspección de depósitos de materiales que se presumen robados o sustraídos, ya que no se pudo justificar el origen de los mismos. Los resultados obtenidos demuestran que estas acciones permiten controlar no sólo la venta ilegal, sino también buscar la trazabilidad de los elementos.
Las cifras señalan, asimismo, el buen funcionamiento de los mecanismos de denuncias que ofrece la provincia a la población. Los controles se complementan además con tareas de difusión sobre el correcto funcionamiento de los comercios dedicados a estas actividades. Asimismo, tienen la finalidad de crear condiciones de seguridad jurídica en cuanto a la actividad realizada por estos comercios. Se busca así contribuir a una política del Estado tendiente a preservar la fe pública registral y el derecho de propiedad de los usuarios.
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