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En Suecia cierran la causa contra Julian Assange por una presunta violación

El fundador de WikiLeaks estaba acusado por supuesta agresión sexual desde 2010 en un proceso rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y la reapertura de un caso que había sido reducido a delito menor

La fiscalía sueca anunció este martes que abandona el caso por supuesta violación contra Julian Assange, fundador de WikiLeaks, acusado por una mujer de una agresión sexual que se habría producido en 2010. «Se han agotado todos los recursos de la investigación sin que haya pruebas claras para una acusación formal», dijo la adjunta al Fiscal general, Eva-Marie Persson.

Si la parte civil no apela esta decisión, cerca de diez años de investigación se darán por concluidos con un sonoro fracaso para la justicia sueca, que no habrá logrado la comparecencia de Assange.

«Mucho tiempo pasó desde que los hechos se produjeron y las pruebas se han debilitado a tal punto que he decidido cerrar esta investigación», explicó la fiscal.

La denunciante, que en el momento de los hechos tenía unos 30 años, acusa al australiano de haber mantenido relaciones sexuales mientras ella dormía y sin preservativo, a pesar de que ella había rechazado cualquier relación sin protección en varias ocasiones. Assange, que ahora tiene 48 años, ha negado siempre esas acusaciones.

“La denunciante ha presentado un relato creíble y fiable, sus explicaciones son claras, largas y detalladas. Pero considero que la evidencia ha perdido fuerza en grado tal que ya no hay motivo para seguir la investigación”, dijo en rueda de prensa la fiscal superior Eva-Marie Persson.

 

 

En 2012, el fundador de WikiLeaks, investigado entonces en Suecia por este caso de presunta violación, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a ese país o a Estados Unidos, donde le acusan de espionaje por los documentos secretos filtrados por WikiLeaks.

Después de siete años en la representación diplomática, fue expulsado por la policía británica el 11 de abril, con el acuerdo de Quito. Fue inmediatamente detenido y condenado a 50 semanas de prisión el 1º de mayo por violar las condiciones de su libertad provisional.

La investigación sueca fue reabierta tras su detención. Los hechos que presuntamente se imputaban a Assange prescriben en agosto de 2020.

Continuar la investigación e interrogar a Assange no supondría un cambio “decisivo” en la situación probatoria, que no es suficiente para elevar una acusación, resaltó este martes la fiscal.

Persson había ordenado en mayo reabrir el caso, iniciado en 2010 y cerrado en 2017, después de que Assange, que espera ahora que el Reino Unido decida sobre su extradición a Estados Unidos, fuera arrestado por la fuerza en la embajada de Ecuador en Londres tras retirarle Quito el asilo diplomático concedido en 2012.

La Justicia sueca rechazó en junio la petición de emitir una orden de arresto europea al considerar que no sería proporcionado, ya que es suficiente con una de investigación en materia penal.

La Fiscalía continuó sin embargo con sus pesquisas e interrogó a siete testigos, según informó Persson en su anterior comparecencia sobre un delito que prescribía en agosto de 2020.

Assange fue condenado en mayo por un tribunal británico a cincuenta semanas de cárcel por violar las condiciones de libertad condicional en 2012 y afronta en febrero un juicio de extradición a Estados Unidos, en el que se arriesga a una pena de hasta 175 años por cargos como espionaje y publicación de documentos clasificados.

La Fiscalía sueca emitió en noviembre de 2010 una orden de arresto europea contra Assange, detenido un mes después en Londres, y a partir de ahí comenzó un proceso judicial que culminó en junio de 2012, cuando el Supremo reafirmó la extradición a Suecia y el periodista se refugió en la embajada ecuatoriana.

El proceso en Suecia contra Assange, que se declara inocente y no ha sido formalmente acusado de nada, ha estado rodeado de polémica sobre la solidez de las denuncias y los motivos de las demandantes, filtraciones a los medios, sustituciones de fiscales y la reapertura de un caso que había sido reducido inicialmente a delito menor.

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