“Estas acciones se realizaron para visibilizar la marcada intensificación de las quemas que están asolando las islas del Delta del Paraná desde hace más de siete meses. Seguimos denunciando que esta situación, que se traduce en un ecocidio jamás visto en la región y en un daño extremo a la salud de la población, es responsabilidad del Estado nacional, provincial y municipal y de un Poder Judicial que se niega a actuar a favor de la vida”, dice un párrafo de un contundente texto de la Multisectorial por los Humedales. La organización, que desde la semana pasada anunció que cada sábado cortará el tránsito en la cabecera local del puente Rosario-Victoria hasta que cesen definitivamente las quemas en las islas del Alto Delta y se apruebe la ley de Humedales, confirmó y convocó para replicar este sábado 3, de 11 a 18, la modalidad de protesta.
“El viernes pasado, 25 de septiembre, se concretó la Sexta Huelga Mundial para el clima. En Rosario se realizó una movilización frente a la Bolsa de Comercio y luego a Gobernación. El sábado 26 de septiembre, la Multisectorial por los Humedales se sumó al octavo corte del puente Rosario-Victoria impulsado por vecinxs autoconvocadxs. El martes 29 de septiembre la MH acompañó la Malvenida al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Rosario. La manifestación tuvo lugar en el cruce de las avenidas Pellegrini y Oroño, para luego trasladarse al ex-Predio de la Rural”, repasó la organización.
Y recordó que “frente a la desidia del Estado” lxs voluntarixs de la MH “siguen acompañando en el territorio” y durante esta semana trabajaron en el kilómetro 28 de la ruta 174, en la zona de Arroyo Barrancoso, “con motobombas y equipos propios de la Multisectorial, apagando arboles”. También marcaron que un equipo de voluntarios estuvo en acción también en la zona del brazo del Paraná a la altura de Timbúes “controlando un foco sobre el techo de un rancho”.
“Los focos hoy están lejos del agua y de las conexiones viales, por lo tanto el auxilio puede llegar unicamente por vía aérea”, advirtió la Multisectorial.
En ese marco, la Multisectorial convocó a una nueva concentración debajo de la cabecera del puente, en todo momento manteniendo el distanciamiento social y el uso de protección por la pandemia de coronavirus, para luego desplazarse hacia la calzada e iniciar la nueva protesta. “Exigimos una vez más, y con carácter de urgencia, el cese absoluto de los focos de incendios, la identificación y penalización de los responsables, la aplicación inmediata del Piecas, la sanción de una ¡Ley de Humedales YA! que incluya la conservación y restauración del daño en todas las superficies afectadas por los incendios y una moratoria que otorgue protección a los humedales hasta la puesta en práctica de la ley”, agrega el texto de la convocatoria.
De la protección a la devastación
La Multisectorial por los Humedales apeló en su texto al Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas DP), un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires bajo el paraguas del Estado nacional, rubricado tras las quemas –las mayores antes del presente– de abril de 2008 y que sentó las bases para una gestión que pusiera freno a la “pampeanización” –o “pamperización”– forzada del Humedal, parte del cual –como el Alto Delta frente a Rosario– está catalogada como Sitio Ramsar, es decir considerado de importancia internacional y sujeto a protección del mismo modo.
Hasta ahora, 160 países rubricaron el convenio, que se firmó originalmente a orillas del mar Caspio, en la ciudad iraní de Ramsar, el 2 de febrero de 1971.
Próximo a cumplir medio siglo –aunque entró en vigencia en 1975– el convenio tiene el papel de determinar zonas de todo el planeta que requieren de un “uso racional” en beneficio de la humanidad; es decir, los antípodas de lo que ocurre en el Alto Delta.
La Argentina, que participa de las rondas de reuniones que se realizan cada tres años, tiene 23 de esos sitios de importancia internacional, en los que desde 2015 están incluidas las islas y los cursos y espejos de agua entre Rosario y Victoria, junto a los parques nacionales Predelta e Islas del Paraná.
Santa Fe tiene tres sitios Ramsar: el principal, Jaaukanigás, en el departamento General Obligado, con con unas 500 mil hectáreas, incluido en la lista internacional en 2001; la laguna Melincué, en el departamento General López, con algo menos de 100 mil, desde 2008; y las islas, con poco menos de 250 mil hectáreas, que involucra al departamento Rosario y al departamento entrerriano de Victoria, es el más reciente.
La consideración de sitio Ramsar debería haber dado un nuevo y fuerte impulso al Piecas, cuyas acciones venía cuanto menos demoradas. Pero más ocurrió todo lo contrario, y durante el último lustro quedó simplemente paralizado, pese a las proclamas iniciales de la gestión del rabino Sergio Bergman en el área ambiental.
Precisamente el Piecas fue la herramienta anunciada por el nuevo ministro de Ambiente, Juan Cabandié, a inicios de 2020, antes de la pandemia, y luego esgrimida en el convenio de Santa Fe, Entre Ríos, Rosario y la Nación firmado en junio pasado. Uno de sus puntos basales era la total suspensión de quemas por 180 días: en lugar de ello los primeros cuatro grandes focos se prendieron tres días después de la firma, y de ahí en más se multiplicaron a tal nivel que sólo los pudieron parar las escasas lluvias que siguieron, pese a los denodados esfuerzos de brigadistas –incluso con apoyo de aeronaves y buques–, de voluntarios de la Multisectorial –abrieron una convocatoria y en horas habían superado el millar, incluso de otras geografías– y de los mismos residentes, algunos de los cuales perdieron sus viviendas y todo lo que tenían consumidas por el fuego.
En ese marco, a distancia de los Estados, la Multisectorial por los Humedales extendió existencias y rechazos: una de las demandas es un Plan de Contingencia/Emergencia Territorial Socioambiental para todas las
poblaciones y humedales de la Cuenca del Plata y regiones sentadas en el
Acuífero Guaraní; a la par que deja sentado el rechazo al acuerdo porcino con China y a los proyectos de profundización del calado para en la Hidrovía Paraguay-Paraná. A ambas cuestiones las relaciona intrínsecamente con la devastación del Alto Delta, que para la organización es intencional y directamente ligada a intereses económicos.
Toneladas de papel
La oleada de quemas durante la pandemia, cuyo poder destructivo se multiplicó por la sequía y la bajante histórica del Paraná, ya había generado más de una docena de presentaciones judiciales, denuncias que se tramitan principalmente en los dos Juzgados Federales de Paraná, pero también en otros tribunales.
De hecho, ahora una jueza local ordenó medidas ante los incendios en las islas: Jorgelina Entrocasi, integrante del Tribunal de Responsabilidad Extracontractual N° 2 de Rosario, admitió una presentación de la fiscal extrapenal María Laura Martínez para asegurar pruebas que puedan ser de utilidad en la causa por las quemas.
Las medidas que la fiscal solicitó y que la jueza autorizó tienen por fin recabar información de la Dirección General de Catastro de Entre Ríos, de la Municipalidad de Victoria y de la de Granadero Baigorria “para determinar cuáles son los inmuebles que integran el territorio insular del departamento de Victoria y sus titulares registrales”.
“Esta información será contrastada con la que se obtenga de la realización de prueba pericial técnica que permita determinar en cuáles de esos inmuebles se ha detectado o denunciado la presencia de fuego. Para ello solicitó librar comunicaciones para informar y ser informada al juzgado federal de Paraná interviniente, al Ministerio de Ambiente de Santa Fe y de Entre Ríos, al comité de emergencia creado por la Corte Suprema y al Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario”, explica la información judicial.
La fiscal Martínez fundamentó su pedido en que “en un Estado federal, la conservación, cuidado y reparación del ambiente supone una problemática cuyo abordaje reclama decisiones descentralizadas y multijurisdiccionales”.
Y distinguió las connotaciones del caso: “La propiedad del territorio insular corresponde a personas privadas, muchas de ellas domiciliadas en esta ciudad de Rosario; por lo tanto, este tribunal reviste competencia territorial”.
Por último, Martínez destacó que el bien jurídico protegido “no sólo es el medioambiente sino la vida, salud y seguridad de las personas que se ven afectadas por los incendios”.
“Es importante tener presente que la decisión de la jueza Entrocasi no afecta ni aborda otro tema importante en esta problemática de los incendios en las islas frente a Rosario que es la competencia o no de la Justicia provincial en la materia. En definitiva, se trata de asegurar pruebas que serán de utilidad para la autoridad judicial que finalmente deba actuar una vez decidida dicha competencia”, concluye el escrito difundido este jueves por el área de prensa del Poder Judicial de Santa Fe.
