Unos 3 mil trámites para obtener el DNI con el género autopercibido se gestionaron desde la sanción hace un año de la ley 26743, imitada después por países de América y Europa, y que abrió una puerta definitiva hacia la inclusión de las personas trans en la sociedad.
“Gracias a la ley de identidad de género, aprobada hace exactamente un año por una enorme mayoría de la Cámara de Senadores, las personas travestis, transexuales y transgéneros gestionaron unos tres mil trámites en todo el país”, dijo ayer Esteban Paulón, titular de la Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans (FLGBT).
La ley, primera en el mundo, que no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos ni operaciones de adecuación corporal para acceder a este derecho, “actualmente es tenida en cuenta para las modificaciones que países como Suecia realizan a sus propias normas en materia de diversidad sexual”, sostuvo Paulón.
En coincidencia con estos logros, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) presentó ayer en Diputados un proyecto de modificación de la actual ley antidiscriminación (23592) que pone énfasis en el cese y la reparación del acto discriminatorio y no en la penalización de las personas o instituciones que discriminan.
El proyecto, que tiene el apoyo del titular del Inadi, Pedro Mouratián, y de las diputadas Diana Conti, Ricardo Gil Lavedra, Margarita Stolbizer y Remo Carlotto, entre otros, establece la inversión de la carga de la prueba en un hecho de discriminación.
Esto quiere decir que “no es la víctima quien debe probar que ha habido un acto de discriminación sino que le corresponde a la parte demandada –el presunto agente discriminador– demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato”, explicó César Cigliutti, titular de la CHA.
Otro avance en función de la legitimación del derecho que garantiza la ley fue la resolución 331/13 publicada hace tres días en el Boletín Oficial, que otorga a las personas trans un seguro de desempleo.
Por esta norma, se amplía la cobertura del seguro hacia quienes están desempleado/as y cuya identidad de género, definida en el artículo 2° de la ley 26743, no sea coincidente con el sexo asignado al momento de su nacimiento.
Cigliutti calificó la decisión como “una respuesta digna frente al violento grado de marginalidad que tienen las personas travestis y trans”.
“Casi todas las personas de este colectivo deben prostituirse para subsistir y ahora podrán empezar a pensar en otra realidad gracias a una valiente respuesta de política pública hacia la parte más vulnerable de nuestra comunidad”, reivindicó el dirigente.
De los casi tres mil trámites para cambiar el nombre de acuerdo a la identidad autopercibida que se iniciaron en la Argentina, 771 se registraron en la provincia de Buenos Aires, 407 en la ciudad de Buenos, 345 en Córdoba, 204 en Santa Fe, 135 en Tucumán y 116 en Mendoza.
Unos mil trámites más se gestionaron en el resto de las provincias argentinas, según datos del Registro Nacional de las Personas.
