La Comunidad Audiovisual Rosarina se reunió este jueves por la tarde en defensa de la cultura y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) en la Plataforma Lavardén, para ratificar el comunicado que habían dado a conocer horas antes en medios y redes sociales, una reunión que, entre más, contó con el apoyo de referentes del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe.
«La intención fue más que nada reunirnos para ratificar lo que expresamos en el comunicado que dimos a conocer horas antes; más que una asamblea fue una manifestación colectiva del sector audiovisual por lo que está sucediendo y un encuentro simbólico en sintonía con lo que pasa en el resto del país», contó el realizador y docente Gustavo Postiglione a El Ciudadano.
A metros del Congreso, la policía reprimió durante el acto en defensa del Incaa frente al Gaumont
Y sumó: «Lo que se hizo brevemente fue un informe de situación donde se contó el resultado de las distintas reuniones que se hicieron en el Incaa con Pirovano (Carlos Pirovano, el nuevo presidente de la entidad) y un poco el resultado de esas reuniones que es, más que nada, la confirmación de que se va a recortar cada vez mas todo lo referido al cine, a la producción audiovisual. Reforzamos la idea de que tenemos que salir a debatir, explicar y de alguna manera concientizar a aquellos que el discurso del gobierno intenta poner en contra nuestro».
En el mismo sentido, Postiglione dio finalmente su postura personal respecto de la contingencia que atraviesa el sector: «Lo que yo planteé como algo que está sucediendo es que desde el gobierno nacional se intenta dividir a la sociedad para ponerla en contra del arte y de la cultura con afirmaciones, datos y mentiras que luego de instalarse en las redes sociales es complicado rebatirlas. También se habló de la situación de la Enerc ya que en Rosario funciona una de sus sedes (precisamente en la Plataforma Lavardén) que está siendo amenazada con relación a que pueda seguir con los recursos necesarios para funcionar como corresponde. Del mismo modo que tenemos que seguir luchando y militando por la sanción de la Ley de Cine de la provincia de Santa Fe, algo que estamos intentando llevar adelante hace casi dos años y que durante el 2024 intentaremos que salga antes de que pierda estado parlamentario».
Por otra parte también se habló de la necesidad de unión de toda la comunidad audiovisual de la ciudad y la región, «dejando de lado cualquier tipo de diferencias para poder enfrentar este avasallamiento», dijo Postiglione.
Y cerró: «De alguna manera lo que hicimos fue ratificar lo que ya veníamos hablando, fue una síntesis de la situación, en mi caso, y luego habló Ignacio Rosello (también reconocido realizador y docente) para contar lo que pasa con la Enerc, se sumó luego Ruben Plataneo (realizador y ensayista) recordando lo de la Ley de Cine, luego hablaron Luciana Lacorazza y Ana Taleb en nombre de las distintas Asociaciones de Productores y Productoras de la Provincia y Federico Matteucci que es el director de la Escuela de Cine de Rosario (EPCTV), que también está en peligro como todo lo que rodea a la producción audiovisual».
Todo está en peligro
“El nuevo Presidente del Incaa, Carlos Pirovano, impone medidas restrictivas y retractivas en todos los sentidos, sin proporcionar información sobre un plan estratégico y artístico para el organismo y la industria audiovisual”, sostiene el comunicado dado a conocer por referentes de la producción audiovisual local previo a la reunión de este jueves.
La Comunidad Audiovisual Rosarina se moviliza este jueves en defensa de la cultura y del Incaa
Y agrega: “La resolución de Incaa (RESOL-2024-16-APN-INCAA#MCH), que se dio a conocer el pasado 11 de marzo, cancela el apoyo al lanzamiento de estrenos, así como también cancela el apoyo a festivales de cine en todo el territorio nacional, cuya realización es fundamental para el desarrollo de múltiples miradas y la promoción de nuestra cultura cinematográfica a nivel federal”.
“Por otro lado –completa–, la cancelación de contratos y suspensión de pagos de horas extras a las y los trabajadores del Instituto de Cine ponen en riesgo el normal funcionamiento de, entre otras cosas, la Escuela de Cine (Enerc) o el Cine Gaumont (que anunciaron su potencial puesta en venta), y agrava la precaria situación, profundiza la incertidumbre y la inestabilidad que ya experimentan los y las trabajadoras, sin mencionar que no hay forma de garantizar el comienzo de las clases en las sedes Enerc del interior, dejando a la deriva a cientos de alumnos”.
En el mismo sentido, la Comunidad Audiovisual Rosarina suma al comunicado con contundencia: “Es preocupante constatar que estas medidas sólo formalizan una situación que ya se venía gestando, evidenciando una falta de compromiso y de visión a largo plazo por parte de las actuales autoridades del Incaa. Al día de hoy no se han presentado propuestas o soluciones concretas para reactivar un sector que se encuentra completamente paralizado desde diciembre de 2023. Además, la falta de claridad respecto de los pagos adeudados a proyectos en curso pone en grave riesgo la finalización de las películas y el futuro de las casas productoras que han perdido toda previsibilidad económica y se encuentran al borde de la quiebra, poniendo en serio peligro la continuidad de los trabajos directos e indirectos que se generan, con un alcance de más de 600 mil familias en todo el país”.
Y cierran: “Esta realidad resulta más acuciante en las provincias ya que la ausencia de una mirada federal, en el más amplio sentido, implica prácticamente la desaparición de la industria audiovisual de las provincias. Desfinanciar al cine nacional no resuelve ni el hambre ni la pobreza, sólo genera más desocupación dejando en la calle cerca de un millón de familias que dependen de manera directa o indirecta de la industria audiovisual y a su vez destruye uno de los acervos que son más constitutivos de nuestra identidad como nación. Instamos al gobierno a explicar cómo destruyendo una industria que genera trabajo e ingreso de divisas se resuelve la pobreza y el hambre. Exigimos a las nuevas autoridades del Incaa que trabajen en conjunto con la comunidad cinematográfica para encontrar soluciones que protejan y fortalezcan la industria audiovisual. Es responsabilidad del gobierno nacional velar por la integridad del pueblo argentino en su conjunto, preservando y no atentando contra la soberanía cultural del país”.
