Entre junio y agosto de este año trabajadoras de la Seguridad Pública de Santa Fe respondieron una encuesta confeccionada por la Red de Policías de la provincia acerca de las violencias a las que están expuestas en sus trabajos por su condición de mujeres. Si bien calculan que son alrededor siete mil, sólo respondieron 137: desde la Red consideran que existe un enorme temor por las posibles represalias. Los resultados fueron reveladores: la mitad dijo que atravesó situaciones de violencia al menos una vez y el principal tipo que detectaron fue el “mobbing”, es decir acoso laboral. Y también hablaron de violencia psicológica, sexual, discriminación -en particular, por maternidad-, simbólica y física.
La mayoría de las agentes encuestadas son de la Policía aunque también respondieron algunas del Servicio Penitenciario y del Instituto Autárquico de Industrias Penitenciarias.
La red fue creada en 2019 y desde entonces además de relevar las condiciones de su trabajo -en particular, las trabas que enfrentan- buscan que se sancione una ley provincial que cree un Centro Integral con Perspectiva de Género en la Legislatura (Cipgen). Perdió estado parlamentario una vez y puede volver a ocurrir lo mismo pronto.
“Pretendemos una institución diferenciada de trabajadoras mujeres de otras áreas porque nuestras cuestiones legales y administrativas son distintas”, expresó Tania, referente de la Red, a El Ciudadano.
Tania planteó que muchas veces hay mujeres que, por ejemplo, tienen que hacer guardias en el mismo horario que ex parejas que las han violentado o acosadores y que los superiores no atienden estas situaciones particulares. Recordó que dentro de la policía como institución hubo casos de femicidios.
Más de las mitad de las encuestadas respondió que atravesó situaciones de violencia al menos una vez y dentro de ellas el principal tipo que detectaron fue el “mobbing”, es decir acoso laboral: una práctica que incluye hostigamientos como cambios de horarios o de lugares de trabajo -más lejos de lo que corresponde. Son acciones que tienden a minar la rutina de trabajo, reducir las funciones y aislar las víctimas del resto de sus compañeros.
Le siguieron la violencia psicológica, la sexual, discriminación -en particular, por maternidad-, simbólica y física.
Las mujeres que respondieron tienen entre 20 y 50 años, la mayoría entre 30 y 40.
Por otro lado, más del 60 por ciento se definió como jefa de hogar o madre soltera. De 95 mujeres que respondieron sobre si les dieron o no permiso para amamantar en horario laboral, 31 dijeron haber recibido una negativa como respuesta.
Desde la Red subrayaron algo que cosideraron como fundamental: la mayoría de las encuestadas no denunció los hechos de violencia por miedo, vergüenza, falta de recursos o temor a que nadie les crea. Cuando sí denunciaron, la mayoría de las veces se frenó la investigación o se dictó falta de pruebas.
Desde Santa Fe, Tania dijo a este medio que recibe entre dos y tres llamados por día con quejas o denuncias de compañeras y, al mismo tiempo, recibe consultas de trabajadoras de otras provincias cuya organización es incipiente.
Además, aseguró que sus compañeras de la Red en Rosario le confirmaron que reciben
entre tres y cuatro denuncias por semana contra miembros de la institución.
A lo largo de toda la entrevista, además de comentar los resultados de la encuesta Tania sostuvo que la mayor traba para acercarse a la realidad laboral de las agentes es que las mismas no responden por miedo a represalias que van desde descuentos en los sueldos, hasta maltratos verbales u hostigamientos como los nombrados como mobbing.
Finalmente, la representante de la Red habló de los cambios de gestión en Seguridad que hubo en el gobierno de Omar Perotti, señaló que fueron recibidas en un primer momento por Marcelo Saín y que el ex ministro creó herramientas específicas de asistencia relacionadas a la cuestión de género. Sin embargo, el diálogo que habían alcanzado con esa cartera se interrumpió desde los últimos cambios, hace por lo menos un año que no fueron convocadas.
También resaltó que han trabajado con la Secretaría de Derechos Humanos y con la Defensoría del Pueblo de la provincia.
Por último, Tania consideró que el gran desafío es desnaturalizar aquellas micro violencias cotidianas que tienen que ver con el trato de sus superiores y a veces hasta de compañeros.
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