El 2018, en sintonía con los índices macroeconómicos del 2017, se inicia con un variopinto conjunto de luces rojas encendidas: aumento del déficit comercial, rebrote inflacionario, déficit de la cuenta corriente, creciente formación de activos externos –fuga de capitales–, devaluación y endeudamiento. Para graficar la situación, es como si estuviéramos frente al tablero de un auto en el que parpadean todas las luces de advertencia posibles al mismo tiempo: la del agua, el líquido de frenos, las luces delanteras y traseras, el sistema eléctrico, el combustible, el cinturón de seguridad. El gobierno evita por ahora la crisis gracias al bajo nivel de endeudamiento heredado que le permite emitir bonos a un ritmo frenético. Se trata de un nuevo ciclo de endeudamiento de enorme magnitud más vertiginoso incluso que los dos anteriores: el de la última dictadura militar de la década de 1970 –que llevó la deuda de unos 8 mil millones de dólares a más de 45 mil millones– y el generado por el menemismo y la Alianza en los años noventa (que la dejó en 150 mil millones y condujo al estallido de 2001). El daño estructural vuelve a ser muy grande porque el grueso de las emisiones, mayormente en dólares, no se traduce en inversiones y se destina a financiar la fuga de capitales y a cubrir el creciente déficit (agravado por la innecesaria baja de impuestos a sectores de altísima rentabilidad como el complejo agroexportador y minero).
Deuda y neoliberalismo periférico
La pregunta del millón es ¿por qué se toman estas medidas? ¿Por qué se desoye al coro de especialistas –algunos incluso cercanos al oficialismo– que advierten sobre los riesgos de continuar este camino? Por supuesto, no hay una respuesta simple pero se pueden apuntar algunas hipótesis. Por un lado, es preciso entender que el endeudamiento con sus jugosas comisiones es un gran negocio para diferentes actores del mundo financiero con enorme poder de lobby. Mucho de lo que es absurdo desde el punto de vista del Estado, las clases trabajadoras y en términos generales de la sociedad argentina –incluidos la mayoría de los votantes de Cambiemos– puede ser un muy buen negocio para bancos, fondos de inversión, empresas de consultoría y, en nuestros días, para esa clase transnacional de Ceos que conforman una nueva élite global. Es decir, como todo país periférico gobernado por el neoliberalismo, el Estado argentino está inmerso en un proceso de canibalización en el que diferentes actores locales-globales aprovechan su presencia directa o indirecta en las dependencias públicas para acelerar las lógicas de saqueo de corto y mediano plazo, lo que suele presentarse de manera edulcorada como un mero “conflicto de intereses”. Para estos actores, obviamente, la sustentabilidad de la política económica o el aumento de la pobreza y la desocupación no son un problema. Por otro lado, hay que atender también a las ideas de fondo de la alianza Cambiemos, basadas en un conjunto de nociones vagas de corte neoliberal y en una serie de mitos con escaso sustento empírico o histórico: como el de las bondades de la Argentina agroexportadora que ya discutimos en una nota anterior. El caso de la política antiinflacionaria del Banco Central es otro claro ejemplo. Tras dos años de tasas altísimas –sostenidas en el mito de que la inflación es el resultado de la emisión monetaria– no sólo no se ha conseguido doblegar el alza de precios sino que se generó un alarmante stock de deuda vía las famosas Letras del Banco Central (Lebac). De igual manera, la baja de impuestos a las clases empresarias y la desregulación del mercado cambiario y el comercio exterior como modo de generar “crecimiento” –otra de las letanías neoliberales repetidas hasta el hartazgo sin ninguna comprobación empírica– no sólo no generaron la anunciada “lluvia de inversiones” sino que, por el contrario, profundizaron, como en los anteriores ciclos de endeudamiento, la fuga de capitales y la caída de la inversión real.
Esperando el milagro
De momento, mientras se espera la milagrosa aparición de los brotes verdes y la llegada del segundo semestre, la única política sistemática que se sostiene es la ofensiva contra áreas estratégicas del Estado relacionadas con la ciencia, la tecnología y la educación. Estas medidas, que dinamitan toda posibilidad de desarrollo genuino, son absurdas en términos económicos: mientras el gobierno tira por la ventana millones de dólares en una espiral de endeudamiento sin sentido, intenta “ahorrar” ínfimos porcentajes de lo que dilapida financieramente dejando en la calle a trabajadores del Inti, cerrando escuelas, discontinuando proyectos científicos y presionando la paritaria docente a la baja. ¿Alguien puede efectivamente creer honestamente que el país va a resolver sus problemas estructurales con este tipo de políticas? En otras palabras ¿que el desarrollo, la integración y la inclusión social –la harto repetida “pobreza cero”– podrán alcanzarse de esta manera? Con medidas probadamente inútiles para cualquier país relativamente industrializado como la Argentina, donde una parte sustancial de su PBI se explica a partir de las dinámicas del mercado interno. ¿Alguien en el gobierno puede creer sinceramente que mientras aumenta la fuga de capitales y se dispara el déficit comercial y de cuenta corriente, el camino puede ser despedir trabajadores en áreas clave del Estado como el Inti?
Ni ciencia ni tecnología
Está claro que tras estas decisiones no se busca “eficiencia” o “ahorro”, sino desmantelar sectores estatales molestos para una economía cada vez más sometida a las lógicas de un neoliberalismo periférico que no necesita ni ciencia ni tecnología desarrolladas localmente ni, menos aún, regulaciones e instituciones estatales de control. Mientras las luces rojas siguen encendidas y se profundiza la transferencia regresiva de la riqueza, como tras la última dictadura militar, se transita un camino insostenible de endeudamiento que pesará, una vez más, trágicamente sobre el futuro del país.
(*) Docente en la UNR y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Investigador adjunto del Conicet
