Tres grandes empresas dominan el mercado del gas al que el gobierno le subió sus ingresos hasta en un 400% y ex altos ejecutivos de esas mismas firmas devenidos en funcionarios públicos son quienes deben controlarlas en un escenario de confusos conflictos de intereses.
Las tarifas venían retrasadas, pero la estampida de precios de hasta el 2.500% hizo que decenas de sectores económicos y socioculturales vieran amenazada su sobrevivencia, lo que significó un mayor estancamiento de la actividad, motorizó la conflictividad social y obligó al gobierno a retroceder unos metros.
La quita de subsidios y la paralela suba de tarifas llevaron a las empresas, en tanto, a mejorar exponencialmente sus ingresos sin que los planes de inversiones fueran presentados a la opinión pública en seis meses de gestión.
Todo se hizo sin audiencia pública y con recientes altos ejecutivos de las firmas beneficiarias en el centro de la toma de decisiones: el Ministerio de Energía y Minería.
Es que esa cartera, conducida por el ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, es desde diciembre un área controlada exclusivamente por ex empresarios, cuyos intereses permanecen en una nebulosa que el gobierno debería aclarar.
La revelación de los 16 millones de pesos en acciones de Shell que permanecen en manos del ex CEO de la firma angloholandesa es sólo una referencia más en una forma de gestión pública que abre incógnitas: ¿deben los lobos controlar el rebaño?
Una nebulosa de intereses
El área de gas es quizás el ejemplo más contundente ya que varios de sus integrantes con más poder de decisión provienen de un mismo semillero: el Grupo Bridas, a través de Pan American Energy y Axion Energy, y Gas Meridional, del grupo EnDriven.
Bridas –al mando de los hermanos Bulgheroni– es dueña de 40% de PAE, la segunda petrolera argentina y el restante 60% es de la internacional British Petroleum.
Argentina produce localmente cerca de 108 millones de metros cúbicos de gas e importa un promedio anual de unos 30 millones de metros cúbicos que vienen de Bolivia más GNL que compra Energía Argentina SA (Enarsa).
El país cuenta con dos nodos de importación de gas natural licuado (Escobar y Bahía Blanca) y los precios oscilan de acuerdo con el momento de la operación, modo contractual y origen del fluido.
Al consumo nacional de gas, YPF provee cerca del 25%; PAE (integrada por Grupo Bridas en sociedad con la china Conc y British Petroleum) representa otro 12%, y la estatal Enarsa el 23%.
Así, YPF, PAE y Enarsa representan el 60 por ciento del total de la oferta de gas natural en la Argentina.
Pero, ¿quiénes son los responsables de controlar y promover las inversiones para aumentar la producción de gas y de sugerir a Aranguren cuáles son las tarifas que deben pagar los usuarios residenciales e industriales?
El vicepresidente de Gas y Energía de la petrolera estatal YPF desde enero pasado es el ingeniero Marcos Browne, cofundador y ex gerente director de EnDriven, firma que vio la luz en 2004.
EnDriven es una empresa centrada en el ciclo completo de desarrollo, ejecución y operación de proyectos de inversión de mediano tamaño en las industrias de la energía y los recursos naturales en Argentina y América latina.
El presidente de Enarsa es Hugo Balboa, ex director de proyectos de expansión en Axion Energy, empresa de Bridas y la china Conc.
Con el argumento del atraso tarifario, Aranguren fijó recientemente nuevos precios de gas para todos los consumos en la Argentina, llevándolos a entre 4,50 y 5 dólares el millón de BTU, cuando el gas importado de Bolivia está en 3,02 dólares.
Aranguren cerró a través de Enarsa y sin licitación la compra de gas a Chile con un precio de de 6,90 dólares por millón de BTU, que resulta un 53% más caro que el gas natural licuado que llega por barcos, a un promedio de 4,50 dólares por millón de BTU.
Esa importación, que es hasta 128% más cara que los 3,02 dólares por millón de BTU abonados a Bolivia, es investigada por el Juzgado Federal Nº9, a cargo de Luis Rodríguez, a instancia de la Fiscalía Nº 4 que dirige Carlos Stornelli.
Denuncia penal mediante, la Justicia envió a la Policía Federal a pedir información a dependencias de Aranguren, YPF y la Oficina Anticorrupción que conduce la ex diputada del PRO Laura Alonso.
Pero el ministro de Energía también se ha nutrido del semillero de Bridas: el secretario de recursos hidrocarburíferos, José Luis Sureda, era vicepresidente de gas de PAE.
Y los dos subsecretarios del área también comparten el mismo ex empleador: el subsecretario de Exploración y Producción de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, Marcos Pourteau, es el ex gerente de EnDriven.
EnDriven es propietaria del grupo Gas Meridional, histórica comercializadora de gas de PAE; y el subsecretario de Refinación y Comercialización de la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, Pablo Ricardo Popik, trabajó en Axion Energy hasta su nombramiento en el Estado.
Gas Meridional comercializa actualmente más de 70 millones de pies cúbicos de gas natural por día a una cartera diversificada de unos 200 clientes industriales en todo el territorio argentino.
Así, todo el dinero que paguen los usuarios por las nuevas tarifas irá directamente a las arcas empresariales, de donde deberían salir los planes de inversión para elevar la oferta de gas.
