El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzó este lunes con los trabajos de excavación –y si tienen éxito, exhumación de cuerpos– en la zona de Colonia Aborigen-Machagai, provincia de Chaco, en el marco de la investigación de la Masacre de Napalpí. Así se conoce la matanza de alrededor de 200 integrantes de los pueblos originarios Qom y Mocoví a manos de la Policía chaqueña y grupos de estancieros, perpetrada el 19 de julio de 1924. El hecho es considerado un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible.
La Unidad de Derechos Humanos de Resistencia, que integran los fiscales Federico Carniel, Carlos Amad y Patricio Sabadini, pidió la intervención del prestigioso EEAF en la investigación judicial de la masacre que el Ministerio Público Fiscal calificó como delito de lesa humanidad.
La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó la medida y su colega Miguel Aranda la fiscalizará. En las tareas colaborará el Municipio de Machagai.
Este lunes estuvieron presentes en el Lote 39 el propio Aranda, la fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Pamela Michlig, el fiscal ad hoc de la Unidad de Derechos Humanos, Diego Vigay, la secretaria de Derechos Humanos, Celeste Segovia, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Gladys Cristaldo.
El lugar tiene cuatro referencias en las que se sospecha que podrían encontrarse fosas comunes con los cuerpos de los asesinados. Las tareas de excavación son complejas. Calculan que se harán en más de una etapa, de acuerdo a la dimensión de las tumbas, el trabajo que demanden y las condiciones del tiempo.
El historiador del pueblo Qom Juan Chico calificó como “muy importante el trabajo que va realizar el EAAF, como parte de toda la reconstrucción que se viene realizando”.
“Los crímenes cometidos por el Estado Nacional contra los pueblos indígenas no deben quedar impunes para que no vuelvan a ocurrir nunca más , no sólo contra los pueblos indígenas, sino contra cualquier grupo humano. Tenemos que tener respeto hacia el otro, porque todos somos seres humanos”, agregó el presidente de la Fundación Napalpí, nacido hace 42 años en la misma Colonia Aborigen-Machagai.
La Fiscalía Federal lleva adelante la investigación de la Masacre de Nalpalpi con el criterio de que el Estado Nacional tiene la obligación de juzgarlos en función de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional.
“Creemos necesaria la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la memoria histórica para que los hechos de violencia no se repitan, para establecer el por qué, cuándo y cómo se consumaron los hechos y saber quiénes son los máximos responsables y cuál es el origen y las motivaciones económicas, políticas o sociales que han conducido a su ejecución», expresa el acta de apertura de la investigación. Y continúa: «para que se conozca públicamente el contenido integral de esta historia de horror y que se reconozca socialmente a las víctimas. La reparación debe contener la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas”.
Testimonios y archivos
La investigación reunió testimonios de sobrevivientes y familiares, el trabajo de investigadores e historiadores y documentación de diversos acervos.
Figuran los testimonios de sobrevivientes como Pedro Balquinta y Rosa Grilo, y de los hijos de las sobrevivientes Melitona Enrique –Mario y Sabino Irigoyen– y de Rosa Chara –Carmen Delgado–. Incluye el trabajo de investigadores e historiadores sobre Napalpí y el Genocidio Indígena e informes y documentación de los Ministerios del Interior y de Defensa de la Nación. Se suman los del Archivo del Congreso Nacional, el Archivo Histórico del Chaco, el del Superior Tribunal del Chaco, del Aero Club Chaco, del periódico el Heraldo del Norte y materiales del médico y etnólogo alemán fallecido en 1938 Robert Lehmann-Nitsche, además de los del Instituto Iberoamericano.
Juicio por la Verdad
Con las excavaciones se daría por concluida la investigación y la Fiscalía requerirá al Juzgado Federal la apertura de un juicio por la verdad –al no existir imputados con vida–, con la pretensión de que sea oral y público y con el objetivo de que se dicte una sentencia que reconstruya la verdad de lo sucedido y establezca las responsabilidades pertinentes.
El recurso es el mismo que se utilizó en los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado cuando las leyes de impunidad luego derogadas impedían los procesos normales y las eventuales condenas.
