A las fricciones naturales por el cierre del plazo para la presentación de candidaturas, el próximo 24, el gobierno sumó en las últimas semanas una serie de escándalos y tensiones que estaban fuera de agenda, cuyo alcance se desconoce. El caso Schoklender es el más resonante, pero no el único que afectó a la administración de Cristina Kirchner en el último mes, aunque su valor agregado es que refleja las impurezas del gobierno desde sus propias virtudes.
La política de derechos humanos del kirchnerismo, concebida como la búsqueda de Justicia por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, es reconocida mundialmente, tanto como las deudas en el área de transparencia que lo ubican de la mitad para atrás en cualquier ranking sobre la lucha contra la corrupción.
Sin entrar en antecedentes ni análisis psicológicos, Sergio y Pablo Schoklender serían dos corruptos actuando desde la fibra más sensible del kirchnerismo. Y más allá de la polémica sobre si la Fundación liderada por Hebe de Bonafini debe o no construir viviendas, el punto flaco pasa por la falta de controles del Estado sobre esos recursos millonarios.
Hasta ahora los casos de corrupción que involucraron a funcionarios del gobierno K no tuvieron suficiente impacto como para afectar la popularidad de la mandataria. Habrá que ver si éste de los Schoklender sigue el mismo derrotero. Lo cierto es que alteró el plan sin sobresaltos que se había trazado el gobierno hasta las elecciones del 23 de octubre.
Por el momento sólo apareció una encuesta de Enrique Zuleta Puceiro que indica que los porteños vinculan en buena medida al gobierno con el caso, por lo que podría llegar a perjudicar al candidato a jefe de Gobierno, Daniel Filmus. Otro golpe de menor impacto para el oficialismo fue el escándalo en el Inadi, organismo que también se convirtió en un pilar de gestión, sobre todo como reaseguro institucional del matrimonio de personas de mismo sexo aprobado por el Congreso.
De esa discusión que Néstor Kirchner en persona lideró antes de su muerte surgió la figura de María Rachid, líder de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, quien se trabó en una lucha con el ex conductor de TV Claudio Morgado. El propio Morgado reconoció que lo mejor para el “proyecto nacional” era que ambos renunciaran porque estaban dañando al organismo y al gobierno nacional.
Pese a sus ribetes policiales, estas peleas forman parte del minué clásico de las internas kirchneristas –y de cualquier gobierno– y se sumó a la tensión habitual por los cierres de listas que suelen dejar un tendal de heridos. En el centro de esa pelea interna volvió a quedar la figura de Hugo Moyano, amenazado como nunca para retener su sillón en la Confederación General del Trabajo (CGT).
Mientras esta semana se conocía que sus enemigos y ex aliados de la central obrera le quitaron su apoyo y preparan una ofensiva para su desplazamiento con aval oficial, el líder camionero fue a la Casa Rosada a pedir en persona lugares en las listas de candidatos de la provincia de Buenos Aires.
El margen para el dirigente sindical no es muy amplio. En el gobierno están dispuestos a darle dos lugares, a lo sumo tres, para sus hombres entre los 18 o 20 que podrían ingresar a la Cámara de Diputados nacional en octubre. Su hijo Facundo y Octavio Arguello, quien debe renovar su banca, son los indicados.
Perspectivas
En el marco de este combo todavía resta que Cristina Kirchner oficialice su candidatura. Esta semana vence el plazo para la presentación de alianzas en la que no habrá sorpresas. Para las candidaturas hay plazo hasta el 24. En la cuenta regresiva, volvieron a aparecer voces que dudan de esa postulación presidencial –no de la primera línea–, basadas principalmente en su decaimiento anímico y físico desde la muerte de su esposo.
Pero también apuntan al escenario que se abre después de la elección para la presidenta, que deberá gobernar sin su sostén político, con el síndrome del “pato rengo” por la imposibilidad de volver a ser reelecta en 2015 y la necesidad de aplicar correcciones al modelo, algunas impopulares.
Una humorada cada vez más común entre los economistas liberales es que seguramente el radicalismo ganará las próximas elecciones porque la economía está dando señales desalentadoras y al próximo gobierno le explotará una bomba. La visión es exagerada, porque todo indica que la Argentina tendrá una expansión del 7 por ciento en 2011, con precios internacionales de los commodities que le permiten aprovechar al país su ventaja comparada y sostenidos niveles de recaudación.
Pero que cada vez hay más consenso entre los analistas de que los pilares sobre los que se construyó el modelo están desvencijados y necesitan un service: el dólar gerenciado, los superávits gemelos –fiscal y comercial– y el desendeudamiento.
En ese marco, una de los principales interrogantes es si la política de subsidios seguirá o si llegarán tarifazos. Mientras tanto la inflación sigue al trote, hay un cuello energético creciente –la Argentina pasó de exportar 24 millones de metros cúbicos de gas en 2004 a importar ahora 21 millones de metros cúbicos– y los flujos de inversión extranjera directa aumentaron pero siguen lejos de los registrados en Brasil o Chile.
