Keili tiene 24 años y vive en Nogoyá. En marzo pasado salió a repartir preservativos a compañeras trans en situación de vulnerabilidad. Era viernes por la noche. Un auto apareció y comenzó a seguirla. Eran tres tipos que la amenazaban de muerte, contó. “Te vamos a matar”, “puto”, “trava”, “te vamos a desaparecer”, le dijeron. La alumbraron con un reflector y la encandilaron –los agresores volvían de cazar, se supo–, pero alcanzó a reconocer a uno. La discriminación que sufrió le trajo recuerdos de los peores momentos de su vida, dijo a El Ciudadano. “Pensé que esto ya no me iba a pasar”. La joven denunció la agresión y la semana pasada apareció en un diario local un pedido de disculpa por los “supuestos inconvenientes”.
Keili es militante política y activista trans y feminista, y trabaja en el departamento de prensa de la municipalidad de Nogoyá. Conoce la exposición mediática porque hace 7 años dio más de 70 entrevistas cuando fue abanderada en la escuela secundaria y asistió al acto de colación vestida de mujer cuando aún figuraba como Lautaro en el DNI. Dos años después, en 2012, ganó el premio Miss Simpatía en el carnaval de Nogoyá y volvieron las cámaras. Ese mismo año logró que el documento refleje su identidad por la Ley de Identidad de Género: Keili Regina González.
Dos días después de la agresión Keilie asumió su compromiso militante y decidió denunciar, dijo. Primero hizo un posteo en Facebook. “No puedo explicar el doloroso momento que atravesé, a pesar de las herramientas adquiridas a través de los años de militancia y activismo. Me encontré y viví nuevamente una acción fuertemente discriminadora. Sí, la discriminación y la violencia me dejaron una vez más desnuda”, había escrito. Luego fue a la comisaría y después a la Justicia.
Mientras hacía la denuncia por las agresiones se enteró de que había una denuncia en su contra por el posteo de Facebook. Un tal Lautaro Martínez –a quien Keili logró identificar– decía que la denuncia pública en la red social “lo había perjudicado en su vida personal y su trabajo”.
Siete meses después, el 28 de septiembre, el trío acusado lanzó una solicitada en el periódico nogoyense La Acción.
“Lautaro E. Martínez, Nelson F. Herlein y Juan M. Mignola, quienes nos vimos involucrados en una causa por violencia de género, cumplimentando lo exigido por la Señorita Keili Regina González, le pedimos disculpas a la misma por los supuestos inconvenientes ocasionados.-“ [Sic]
El escrito peca de tibio y no parece sincero, más bien burocrático y escrito por un letrado. “Para los violentos se trató de «supuestos inconvenientes» sin tomar medida del daño ocasionado. Las disculpas deben realizarse tomando conciencia, de lo contrario no hay una conducta revertida, trazándolos y definiéndolos como un peligro latente para cualquier persona”, expresó Kilie.
La abogada Marianela Manassali, que representa a Keili, reconoció que la solicitada es un gesto voluntario de los acusados, pero que no tiene valor en la Justicia.
“Nosotras fuimos a la Justicia con una denuncia penal. Desde un principio nos opusimos a la mediación penal. No era lo que queríamos. Entonces, la causa se elevó a juicio”, contó a Entre Ríos Ahora.
El caso recayó en manos del juez Gustavo Acosta, titular del Juzgado de Garantías de Nogoyá. Se planteó la posibilidad de una probation: Keili había reclamado como resarcimiento un pedido público de disculpas y una retractación por las agresiones. Pero los acusados se negaron.
“Nosotros pensábamos aceptar la probation, pero con una retractación pública. Fue un hecho público, y Keili es una figura pública. Por eso exigimos una retractación pública en un medio público. Pero se negaron”, contó la letrada.
Los agresores presentaron un recurso de apelación, y el caso fue derivado por el juez Acosta ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú. Pero antes de que ocurriera ninguna resolución en ese ámbito apareció la solicitada La Acción.
“No es lo que nosotros queremos. Ni lo que esperamos, porque no asumen ninguna responsabilidad por los hechos. Ni siquiera asumen haber cometido el hecho. No reconocen nada, y por lo tanto no cumple con los requisitos que nosotros exigimos –expresó Manassali–. Además, eso no está en el expediente judicial, no surge de ninguna disposición de la Justicia. Ahora, lo que deberá pasar es que ellos pidan una nueva audiencia en la Justicia, para plantear otra vez la probation y mostrar esta prueba. Se verá después”.
“Me parece que esto sirve para hacer entender que este tipo de acciones tienen consecuencias”, reconoció, de todas maneras, la abogada.
“En la última instancia judicial, escalofrío sentí al escuchar a uno de los defensores de los imputados decir que se trataba de un «problemita». Eso demuestra a claras la perspectiva de donde conciben el hecho violento y allí está el machismo”, reflexionó Keili.
