El gobierno de Entre Ríos declaró este jueves la emergencia ambiental en la zona del Delta entrerriano a seis meses de iniciados los incendios en las islas bajo jurisdicción de la provincia. Es por la degradación de los humedales y los efectos negativos en la salud producto del humo, señala el texto. La medida comprende a los departamentos Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.
La emergencia llega un poco tarde: «Aunque es un número preliminar, el fuego ya afectó unas 90 mil hectáreas» en las islas, expresó a Télam el director del Programa Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, quien aclaró que para tener una mayor precisión «se ha pedido un relevamiento más completo de todo el delta».
El decreto 1.096 firmado por el gobernador Gustavo Bordet ratifica la suspensión del otorgamiento de autorizaciones de quemas en la zona, que la Secretaría de Ambiente entrerriana ya había dispuesto meses atrás y fue violada reiteradas veces.
La zona del Delta entrerriano se encuentra especialmente afectada por la bajante histórica del río Paraná y la sequía de lagunas y humedales característicos del lugar, exponiendo material orgánico que funciona como combustible para la propagación de incendios.
Las quemas, práctica habitual de ganaderos en las islas para renovar pastizales y despejar terreno de vegetación autóctona para producción agropecuaria, en buena parte ilegales, comenzaron este año más temprano que lo habitual, en febrero. Se dieron en un contexto particularmente peligroso para su propagación descontrolada, con sequía y una bajante extraordinaria del río Paraná.
El decreto hace referencia a la emisión del humo producto de los incendios, que afecta a ciudades entrerrianas y santafesinas, y a la elevada degradación ambiental de la zona de humedales que justifican la declaración de emergencia para mitigar y prevenir los efectos perjudiciales al ambiente.
Lo expresado en el texto es denunciado desde hace meses por colectivos ambientales sin, hasta ahora, una reacción contundente del gobierno entrerriano. Cuando la superficie del humedal devastada alcanza las 90 mil hectáreas en la estimación de autoridades nacionales, el equivalente a la extensión de cinco ciudades de Rosario (17.870 hectáreas).
La naturaleza es la responsable
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El decreto menciona que todas las cuencas hídricas que atraviesan el territorio provincial están atravesando una situación extraordinaria a causa de la disminución del caudal de los ríos y sus afluentes que responde a «un fenómeno climático de origen natural inducido por un déficit histórico de precipitaciones en la región». También, relativiza las prácticas productivas agropecuarias como causa de los siniestros, al ponerlas como un ítem más en una enumeración que incluye efectos de actividades recreativas y de pescadores o cazadores furtivos.
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La propia ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, abonó esa interpretación a fines de julio último al pedir que los rosarinos no crucen a las islas bajo el argumento de que muchos focos de incendio se explican por la sequía y las llamas mal apagadas de los asados hechos por visitantes de la otra ribera. La geolocalización de los focos ígneos, visible para cualquiera a través de una página de la Nasa, contraría sus dichos: se producen alejados de la orilla, que es la zona que visitan kayakistas y demás navegantes.
La declaración entrerriana
La declaración de la emergencia ambiental se sustenta en «el derecho de todo habitante a un ambiente sano, tal como lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional; y el principio de prevención que manda a atender de forma prioritaria e integral a los fines de prevenir efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir, según consta en la Ley General del Ambiente Nº 25.675».
En sus considerandos, el decreto menciona el artículo 22 de la Constitución provincial que dispone el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Y el 83, por el que se garantiza la aplicación del principio de prevención, sustentabilidad y se le otorga el poder de policía en materia ambiental al Estado provincial, a los municipios y a las comunas, de modo recurrente.
También menciona la ley 9.868 de Manejo y Prevención del Fuego en Áreas Rurales y Forestales, que prohíbe el uso del fuego en dicho ámbito y declara de interés público las medidas para prevenir y combatir los incendios rurales y forestales.
Los isleños, otros de los afectados
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La intensidad de los nuevos focos en las últimas semanas, por la acción del viento, pusieron en riesgo las viviendas de pobladores isleños. «Diariamente, tenemos entre seis y siete casas rodeadas por el fuego», cuantificó el director del Programa Nacional de Manejo del Fuego.
Seufferheld explicó que «el problema es cuando las casas están dispersas por el interior de las islas, lo que obliga a repartir personal» de rescate. En varias de las viviendas detectadas, dijo, «no se encontró a sus moradores», por lo que presume autoevacuaciones ante el cerco de las llamas.
El funcionario agregó que, ahora, los focos ígneos «se concentran en las islas que comprenden a la traza Victoria-Rosario, hacia el sur».
Reconoció el intenso trabajo de los brigadistas –de diferentes jurisdicciones y áreas– en el combate de las llamas. Y lo complicado que resulta la tarea: «No podemos sumar más gente porque estamos atravesando una pandemia y eso hace que debamos tener mucho cuidado. En el caso de tener algún contagio, quedaremos aislados del operativo», explicó.
