En el marco de las entregas de insumos que la provincia compró tras subastar bienes decomisados a delincuentes, los niños alojados en el hogar San Cayetano de Casilda, departamento Caseros, recibieron este lunes tablets que utilizarán para tareas escolares y a los fines recreativos. Es la primera vez que se distribuyen este tipo de elementos electrónicos.
El acto fue encabezado por el secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, de quien depende la Agencia de Bienes Decomisados (Aprad). Participó, también, el intendente de Casilda, Juan José Sarasola, y la comisión directiva del hogar de niñas, niños y adolescentes, que se encuentra en la órbita de la Dirección de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, junto a miembros de la cooperadora.
“Continuamos distribuyendo los elementos que compramos con los fondos de la primera subasta de autos incautados a bienes criminales, que realizamos en octubre en Rosario”, explicó Figueroa Escauriza. “Lo hacemos en distintas instituciones deportivas y culturales, en clubes, vecinales y asociaciones, ya que nos comprometimos a invertir lo recaudado en políticas sociales de modo que aquello que le fue sustraído a la sociedad a través de actividades delictivas de alguna manera regrese”, añadió el funcionario.
Otra subasta en Santa Fe
“En esta oportunidad lo hicimos en Casilda, donde nos encontramos con un grupo de niñas y niños alojados en el hogar por medidas excepcionales o en vías de adopción, quienes lógicamente se mostraron muy contentos al recibir sus tablets. A nosotros nos da mucha satisfacción realizar este tipo de entregas, en contacto directo con las organizaciones y los beneficiarios, en el marco de una política que no tiene antecedentes ni en la provincia ni en el país”, completó el secretario de Gestión Pública, quien anticipó que habrá más adquisiciones de bienes a partir de la próxima subasta, a realizarse el 7 de marzo en la ciudad de Santa Fe.
La Aprad fue inaugurada el año pasado y realiza distintas tareas de recupero de activos de bandas criminales que son investigadas penalmente, en el marco de una ley provincial inédita en la Argentina.
Hasta ahora se realizó una subasta pública de autos de alta gama en la que se recaudaron más de cuatro millones de pesos. Los fondos que se obtienen se destinan a fines sociales, a través de la compra de insumos deportivos, hospitalarios, culturales y educativos. También se han llevado adelante reparaciones a víctimas de delitos económicos.
