Las estadísticas señalan que, a escala global y en Argentina en particular, el envejecimiento poblacional es un fenómeno en alza en las últimas décadas.
Por lo tanto, diseñar y construir políticas públicas estratégicas para acompañar esa tendencia demográfica debería ser una obligación y un desafío mayúsculo. Lamentablemente eso no ocurre; por el contrario; el escenario actual de las condiciones de vida de las personas mayores se destaca por el retroceso en derechos esenciales, el aumento de las desigualdades y los signos de ajuste desde el propio Estado hacia uno de los sectores más vulnerables.
En ese marco la Fundación de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (Colsecor) elaboró un informe de situación de las personas mayores, que en Argentina alcanza el 14 por ciento de la población total.
Las políticas públicas, a nivel nacional, suprimieron accesos y derechos fundamentales con consecuencias palpables: La pérdida de poder adquisitivo de los ingresos lo ubica en la actualidad por debajo de la línea de la pobreza, recortes en el acceso a la salud (que incluyen la quita de medicamentos) y violencia institucional.
Si había deudas con las personas mayores, en la coyuntura hay un escenario de desprotección en todos los frentes. Nuevamente, la red comunitaria es la que hace la diferencia: organizaciones civiles, centros de jubilados y los programas de extensión de las universidades públicas asumen y refuerzan las grietas que dejan las políticas nacionales.
Vivir con una jubilación mínima
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en mayo de 2025 la jubilación mínima ascendía a 296.481 pesos más un bono extra que desde marzo del 2024 se encuentra congelado en 70 mil pesos, mientras que la canasta básica del jubilado -el monto estimado para cubrir gastos elementales de alimentación, vivienda, medicamentos y transporte – se ubicaba en 1.200.523 pesos, al mes de abril.
Es decir, el haber mínimo apenas cubre el 30 por ciento de las necesidades de un jubilado, lo que significa que viven por debajo de la línea de la pobreza.
Aunque Argentina arrastra desde hace años el problema de las bajas jubilaciones, quienes cobran la jubilación mínima perdieron ingresos equivalentes a cinco pensiones mínimas sólo en el primer año del gobierno de Libertad Avanza.
Esta situación se traduce en múltiples estrategias de supervivencia. De acuerdo con un relevamiento reciente de la Defensoría de la Tercera Edad, crece la cantidad de personas mayores que deben seguir trabajando en la informalidad o en tareas esporádicas para poder cubrir sus necesidades básicas.
Esta escenario instala dos problemáticas hasta ahora ausentes: No sólo continuar trabajando, sino que en condiciones de precariedad y no poder jubilarse si es el deseo y necesidad del adulto mayor.
Los registros oficiales dan cuenta de que, de 9,4 millones de personas con ocupación formal, 783.597 son mayores de 60 años. Pero esos registros no reflejan a quienes continúan trabajando de modo informal.
Ese sector es que el creció, producto del desfasaje entre la canasta básica de un jubilado y lo que recibe como haber.
Ante esa creciente inseguridad económica, continúan en puestos de baja productividad, en trabajos conocidos como “changas” y en actividades de mayor precariedad, como el sector de la limpieza.
“La gente que llega a la edad en que puede jubilarse evita hacerlo. Un trabajador que se jubila pasa a cobrar la mitad de sus ingresos. Hay explotación laboral en la tercera edad porque muchos, por la necesidad de seguir trabajando, aceptan cualquier puesto de baja calificación y en situación de informalidad”, señala Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad y quien preside la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría.
Menos acceso a la salud
En un país donde 5,3 millones de jubilados y pensionados se atienden a través del Pami, es decir, el 12 por ciento de la población argentina y el 60 por ciento de sus adultos mayores, los recortes en medicamentos y prestaciones impactan directamente sobre la calidad de vida.
En el último año, la obra social redujo la cobertura gratuita de más de 40 medicamentos esenciales. En paralelo, hubo un fuerte de aumentos en los precios, muy por encima de la inflación.
“Desde que Javier Milei ganó el balotaje, en noviembre de 2023, los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada de 237,1 por ciento. Pero sorprenden aún más los incrementos interanuales de algunos medicamentos muy consumidos: el promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual promedio de 52,3 por ciento.”, señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), actualizado al mes de abril de 2025.
Además, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) denuncian que volvieron más burocráticos los trámites para acceder a subsidios por razones sociales, con idas y vueltas e información poco clara de parte del Gobierno Nacional, lo cual “produjo un nivel de desconcierto que no dio lugar ni tiempo a que las personas mayores pudieran buscar redes de apoyo para superar este nuevo golpe y deterioro de su salud”.
Así, los trámites se hicieron tan exigentes como inaccesibles.
Por ejemplo, para los casos en que el costo de los medicamentos represente más del 15 por ciento de los ingresos, se podía solicitar una excepción, pero era necesario presentar un informe social, una escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y una revalidación médica.
“Es decir, la vía de excepción es inalcanzable, técnica y lejana a la vida de las personas mayores, cuya principal preocupación es continuar con sus tratamientos de salud”, remarcan desde el Cels.
En tanto, desde el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de Pami (Sutepa) denuncian un incremento sostenido en las listas de espera para intervenciones, tratamientos y estudios clínicos, una consecuencia directa del ajuste presupuestario y los despidos en área del PAMI, que “afecta a personal administrativo y profesional en todo el país y el efecto real es un desmantelamiento progresivo de la atención pública”.
Y agregan: “Hay oficinas de agencias que cerraron sus puertas tras los despidos de sus únicos trabajadores. La medida no solo dejó desempleados, sino que obligó a los jubilados a trasladarse a ciudades vecinas para realizar trámites esenciales”.
Además de desfinanciar el Pami, el Estado Nacional también desactivó el Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Saludable (Proneas), una política pública que articulaba acciones entre el sistema de salud, organizaciones sociales y ámbitos educativos para promover el bienestar integral de las personas mayores.
Sólo algunas provincias o municipios sostienen programas similares, lo que acentúa la desigualdad territorial y deja a miles de personas sin acceso a una política pública esencial.