La Justicia bonaerense planteó la “evidente conexidad” de la causa que investiga los videos en los que funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Gobierno de la provincia de Buenos Aires de Cambiemos y empresarios pergeñan causas judiciales contra gremialistas y la que tramita en Comodoro Py, por supuestas maniobras de espionaje ilegal de ese organismo durante la gestión de Mauricio Macri a políticos, funcionarios y dirigentes sociales.
Así, mientras avanzan la investigación para certificar primero la procedencia de los videos en la justicia bonaerense, el Tribunal de Apelaciones avanza en una «evidente conexidad» con la causa que se tramita en Comodoro Py y que investiga maniobras de espionaje ilegal desde la AFI cuando estuvo a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Esa causa tramita en el juzgado federal 8 de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Por ese motivo, la Cámara Federal de La Plata envió al juez federal de la ciudad de Buenos Aires Marcelo Martínez De Giorgi una denuncia presentada contra el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, y el fiscal Sebastián Scalera, entre otros, por supuestos delitos cometidos en investigaciones contra políticos, sindicalistas y magistrados durante el macrismo.
«Advierto que existe una evidente conexidad entre lo denunciado en la presente causa y lo que se investiga» en la causa que lleva Martínez De Giorgi», sostuvo el camarista platense Roberto Lemos Arias.
La denuncia alude al supuesto inicio irregular de «investigaciones a fin de inclinarlas a favor de sus intereses políticos y perseguir a distintos actores sociales políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios».
Para ello se habrían valido de «la colaboración de producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia», se recordó en el fallo sobre la denuncia.
Lemos Arias consideró que «el juzgado capitalino resulta competente para seguir entendiendo en la presente causa», al hacer lugar a un planteo de la fiscalía y revocar una decisión de la justicia federal de primera instancia de Lomas de Zamora, que había rechazado un planteo de incompetencia.
La fiscal del caso Cecilia Incardona planteó la incompetencia de la justicia federal de Lomas de Zamora y sostuvo que «se advierte fácilmente que los hechos que conforman el objeto procesal de este caso, de probarse, consistirían en un nuevo segmento de aquellos cometidos por la asociación ilícita investigada en la causa FLP 14149/2020, que operaba de manera sistemática y sobre distintos objetivos».
La denuncia había sido presentada por el entonces fiscal general de Lomas de Zamora Enrique Ferrari, quien luego fue licenciado en su cargo.
En la presentación se pidió investigar a Conte Grand, al fiscal general adjunto Scalera y «funcionarios a cargo de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora».
En paralelo, crecen las repercusiones políticas tras conocerse la “Gestapo” para perseguir sindicalistas, y piden la renuncia a su banca de la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
Las presuntas maniobras de espionaje ilegal y persecución a distintos actores sociales y políticos volvieron al centro de la discusión pública luego de que trascendiera, hace diez días, un video del año 2017 en el cual el por entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, planteaba que le gustaría una “Gestapo” para “terminar con los gremios”.
El hallazgo de este video fue denunciado de inmediato ante la justicia platense por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Graciela Caamaño, y generó diversos repudios desde la política y el sindicalismo.
El exjefe de Gabinete durante la gestión de Daniel Scioli, Alberto Pérez, aseguró este lunes que María Eugenia Vidal «debería renunciar» a su banca de diputada nacional en caso «de confirmarse la veracidad del video” que, dijo, «sería un escándalo».
El titular del sindicato de docentes bonaerenses Suteba, Roberto Baradel, denunció por su parte un «plan sistemático de persecución» durante el Gobierno de Vidal para «amedrentar» y «doblegar» a los sindicatos.
«No tuvieron nada para poder armarnos una causa, y como son tan cobardes y perversos, recurrieron a la mentira, el linchamiento mediático y las amenazas a las familias», indicó.
También opinó sobre el armado de causas a sindicalistas el Jefe de Asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, que marcó el desafío que tiene hoy la Justicia de «investigar» y dijo respecto a la evidencia del video que puede ser «la punta de un ovillo que se va a ir desarmando con más evidencia».
El senador nacional por Neuquén Oscar Parrilli también hizo escuchar su rechazo al pedir que «se investigue a fondo lo que ocurrió» porque la evidencia que apareció «muestra la crueldad» de un gobierno cuyo modus operandi era el «espionaje político».
“Quiero que se investigue a fondo todo lo que ocurrió. Estas cosas que aparecen dan cuenta de un Estado mafioso que existió desde 2015”, remarcó el legislador.
Asimismo, manifestó que cuándo él estuvo al frente de la Agencia Federal de Inteligencia “no hubo ninguna denuncia por espionaje a opositores”.
“Hicimos acuerdos con universidades para recibir agentes y después Cambiemos llenó la agencia de policías y ex militares”, concluyó Parrilli”.
