La viuda del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, su hijo, el ex futbolista colombiano Mauricio «Chicho» Serna y a otras seis personas serán sometidas a juicio como acusados de lavar unos 3.000.000 de dólares y 1.700.000 pesos provenientes de la venta de drogas mediante inversiones inmobiliarias realizadas entre 2008 y 2017 en Argentina, entre ellas en el emblemático «Café de los Angelitos».
Según informó este jueves el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación a través de su página web (www.fiscales.gov.ar), el juez federal 3 de Morón, Néstor Barral, resolvió elevar la causa a la etapa de debate oral.
Esta resolución coincidió con lo solicitado en agosto último por el fiscal federal 1 de dicho departamento judicial, Sebastián Basso; y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias.
Entre los nueve acusados que irán a juicio están la viuda de Escobar Gaviria, María Isabel Santos Caballero, de 59 años; el hijo de ambos, Juan Sebastián Marroquín Santos (42); y el ex futbolista de Boca Juniors «Chicho» Serna (52), a quienes se les atribuye haber realizado un aporte «esencial» para inyectar en el país fondos del narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos (60), vinculado al líder del Cartel de Medellín.
Antes de elevar el caso a juicio, el magistrado rechazó los planteos de oposición y de sobreseimiento realizados por parte de las defensas.
El MPF les imputa a Piedrahita Ceballos, al abogado argentino Mateo Corvo Dolcet (55), a María de los Ángeles Verta (53), a María Gabriela Sánchez (50) y a Pedro Antonio Ruíz (58), haber integrado «una asociación criminal de corte internacional que operó en el territorio argentino desde al menos 2008 -fecha en la que se detectaron las primeras inyecciones de fondos- hasta el 29 de septiembre de 2017».
Para los pesquisas, esta organización se dedicaba a «poner en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes que cometió el ciudadano colombiano Piedrahita Ceballos por fuera del país, específicamente en Colombia y los Estados Unidos, con el objeto de otorgarles apariencia lícita».
Con ese fin, la banda llevó a cabo «actos tales como la conversión, la transferencia, la administración, la venta, el gravamen, la disimulación, entre otros medios idóneos» y mediante distintas empresas logró ingresar al sistema financiero argentino «sumas que alcanzaron los –cuanto menos- 3.081.164 de dólares y 1.713.035,15 de pesos».
Por otro lado, los fiscales atribuyen a la viuda e hijo de Escobar Gaviria «haber efectuado un aporte de naturaleza esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de la estructura ilícita mencionada».
Similar acusación pesa sobre Serna, a quien se acusa de «haberle entregado a Piedrahita Ceballos, a un precio irrisorio y ficticio, los derechos posesorios de un inmueble situado en el paraje denominado El Campito -actualmente identificado como Club de Campo San Diego-, y dos lotes del Barrio Terravista S.A., los cuales tenía bajo su propiedad, pero pertenecían realmente al ex jefe de la Oficina de Envigado Carlos María Aguilar».
Finalmente, se le imputa a Esteban Adrián Delrio (59) el haber puesto en circulación en el sistema financiero local bienes provenientes de maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes desplegadas por Piedrahita Ceballos, también en Colombia y los Estados Unidos.
El devenir del expediente permitió establecer que este colombiano y su entorno tenían contactos con el grupo económico que lideraba Corvo Colcet quien, a través de un conjunto de sociedades comerciales, canalizaría y administraría los fondos provenientes del narcotráfico en emprendimientos inmobiliarios en Pilar y servicios de bar y confitería, entre ellos en la explotación de El Café de los Angelitos de Balvanera, que fue allanado en 2017.
Mientras que el 25 de marzo último, el juez Barral dispuso que el predio Pilar Bicentenario, afectado a esta causa sea entregado al Municipio de ese partido del norte del conurbano para establecer un centro de diagnóstico de Covid-19.
En tanto, hace un año, el mismo magistrado había dispuesto el procesamiento con prisión preventiva del principal acusado junto a un embargo de 200 millones de pesos.
De acuerdo al MPF, Piedrahita Ceballos «fue señalado como una persona que ocupaba cargos jerárquicos dentro de todas las estructuras criminales que integró desde, cuanto menos, los años ’90, y podríamos presumir que fue esa predilecta ubicación la que le permitió conocer a Escobar Gaviria».
«Tengamos en cuenta que ese mismo posicionamiento fue el que a posteriori le permitió escalar en las altas esferas del Cartel de Cali, y laborar junto a los hermanos Rodríguez Orejuela», añadieron los fiscales en aquel entonces.
