El gobierno nacional envió mil gendarmes a Córdoba, a fin de prevenir una posible nueva rebelión policial en esa provincia, luego de que el gobernador, José Manuel de la Sota, solicitara colaboración a la Casa Rosada. “Vamos a enviar mil agentes de las fuerzas federales a Córdoba para evitar cualquier tipo de acción que implique medidas de carácter extorsivo”, señaló el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
El envío de gendarmes fue solicitado por De la Sota luego de que se separara de sus funciones a un grupo de policías acusados de impulsar un nuevo autoacuartelamiento, tras la protesta de diciembre pasado, cuando la rebelión policial derivó en saqueos y distintos episodios de violencia. También agitó las aguas la detención de 16 policías por la revuelta del mes pasado.
No obstante, el gobierno de Córdoba ordenó el pase a “retiro obligatorio” para estos cinco comisarios mayores de la policía provincial de distintas departamentales, aunque negó que la medida esté relacionada con la huelga de efectivos del 3 y 4 de diciembre último que posibilitó los ataques a comercios.
“Son cinco pases a retiro obligatorios porque tienen casi 30 años de servicio; es como una culminación natural del final de la carrera policial”, indicó el ministro de Gobierno y Seguridad cordobés, Walter Saieg.
No a la “extorsión”
En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Capitanich sostuvo ayer que “es imprescindible hacer valer el orden institucional y enviar fuerzas federales: es un mecanismo de prevención”. El funcionario indicó: “Nadie que porte armas en resguardo de la seguridad ciudadana puede extorsionar a los gobiernos”.
El coordinador de ministros señaló que atentar “contra los derechos constitucionales de la sociedad genera desánimo, aunque la gran mayoría de los policías ha entendido este mensaje, se puso a trabajar, quiere revertir cuanto antes la situación y ganar nuevamente la confianza de la gente”.
Cárcel para 16 policías
Por otro lado, la Justicia de la provincia mediterránea ordenó ayer la detención de 16 policías por haberse autoacuartelado en reclamo de un aumento salarial en diciembre pasado.
En tanto, familiares del personal de la fuerza encabezaron una protesta frente a la Jefatura de Policía, en respaldo del pedido policial. De ese grupo, por orden del fiscal Raúl Garzón, fue detenida Adriana Rearte, al parecer por instigar nuevas medidas de fuerza a través de redes sociales. Rearte y los 16 policías detenidos serán indagados por el fiscal el lunes próximo.
Al cierre de esta edición, las esposas de los efectivos policiales que desde ayer por la mañana protestaban frente del edificio de la Central de Policía cordobesa habían levantado la medida, ante la fuerte posición del gobierno provincial en impedir la reedición del conflicto policial y el envío de fuerzas federales anunciado por la Nación.
Cerca de una docena de mujeres interrumpieron por espacio de tres horas el tránsito para protestar por el presunto incumplimiento del acuerdo firmado entre el gobierno provincial y los policías, lo que permitió poner fin al acuartelamiento policial en diciembre.
En tanto, Saieg, ministro de Seguridad de Córdoba, confirmó que el miércoles pasado por la noche el gobernador De la Sota se comunicó con el gobierno nacional para solicitar la presencia de Gendarmería. “Anoche mismo (por el miércoles) el gobernador solicitó Gendarmería para resguardar la paz social. El gobernador está al frente del tema y vamos a garantizar con ellos que Córdoba siga estando en tranquilidad”, subrayó.
En declaraciones a la prensa, el ministro provincial advirtió: “No vamos a permitir que se produzca ningún hecho de alteración de paz social como ocurrió en diciembre”. El funcionario cordobés sostuvo: “Un grupo minúsculo estaba incentivando este tipo de cosas”.
Berni coordina tarea conjunta
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, aseguró ayer que desde el gobierno nacional no se va “a permitir que ninguna fuerza policial extorsione al poder político”, tras llegar a la provincia de Córdoba para coordinar el trabajo en materia de seguridad con el gobierno local.
“Estamos acá por decisión de la presidenta y no vamos a permitir que ninguna fuerza policial extorsione al poder político. Las armas que le dio la Constitución son para defender los derechos de los ciudadanos”, dijo a la prensa cordobesa.
El funcionario explicó que su llegada a Córdoba se produjo como respuesta a un pedido realizado por el gobernador De la Sota, quien solicitó “trabajo conjunto” con el gobierno nacional debido a la reestructuración iniciada dentro de la Policía local. Berni definió a esa reestructuración como “un esfuerzo para avanzar en una seguridad democrática con mayor participación ciudadana” y que busca “avanzar en el control político de esa fuerza”.
