En la Corte acusaron recibo de las críticas formuladas por el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, a raíz de las demoras en la implementación del nuevo Código Procesal Penal. De Olazábal le había apuntado principalmente al Ejecutivo, aunque también señaló la responsabilidad de la Corte al remarcar que no piensa que sea factible lograr el objetivo a comienzos de 2013:
“No tenemos los fiscales, no tenemos los empleados, no tenemos inmuebles, la Corte Suprema no traspasó los empleados y no tenemos sistema informático.
En estas condiciones no se puede”, había dicho el funcionario el miércoles pasado. “La Corte está prácticamente al día con los compromisos que asumió”, retrucó ayer Daniel Erbetta, uno de los integrantes del máximo tribunal de la Justicia santafesina.
“Nosotros queremos poner en marcha lo antes posible el nuevo sistema penal”, sostuvo Erbetta.
“Esta Corte ya fijó su postura institucional, a través de distintos fallos, sobre la necesidad de poner en práctica el nuevo sistema; queremos generar certidumbre y evitar el desánimo de los operadores judiciales, porque los jueces y fiscales están trabajando con un sistema que mezcla aspectos del viejo y del nuevo código”, agregó. De Olazábal había amenazado con renunciar a su cargo si los tres poderes del Estado no se comprometen a dar los pasos necesarios para concluir la reforma penal.
Erbetta dijo que en la Corte están “preocupados” porque la Legislatura aún no designó a los fiscales y defensores que se desempeñarán en los nuevos organismos del sistema penal: el Ministerio Público de la Acusación, que dirige De Olazábal, y el Servicio Provincial de Defensa Penal, a cargo de Gabriel Ganón.
El Ejecutivo se encuentra en pleno proceso de remisión de pliegos a la Comisión Bicameral de Acuerdos; la Asamblea Legislativa ya sancionó las primeras dos tandas –una veintena de cargos– pero son más de cien y la mayor parte aun no fueron enviados.
“Estamos preocupados porque hace un año y medio que están designados y no pueden comenzar a trabajar”, declaró el ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Así como De Olazábal se había quejado por las demoras en la designación de funcionarios y en el traslado de empelados de la Corte a los nuevos organismos, el defensor general había deslizado sus dudas respecto de la voluntad de cambio de la Corte al referirse a los planteos que hiciera en su momento el ex procurador Agustín Bassó.
Sobre el punto, Erbetta aclaró que “reconocer que hay problemas es un punto de partida para buscar soluciones” y agregó: “No estamos de acuerdo con la dimensión del problema que plantearon De Olazábal y Ganón. Habría que buscar alternativas para arrancar el nuevo sistema con una estructura mínima y con una perspectiva más realista”.
El ministro de la Corte apuntó a las responsabilidades del Poder Legislativo. “Hay que destrabar la cuestión política en la Legislatura”, reclamó.
“Hay que avanzar con el nombramiento de defensores y fiscales que ya concursaron. Hay un poder del Estado que tiene que asumir sus responsabilidades”, señaló. Y aclaró que la Corte “está prácticamente al día con los compromisos que asumió”.
