Es como un bumerán lanzado tan lejos, que tardará mucho tiempo en volver, acaso demasiado: se mide en años, quién sabe décadas. Pero ella va repasando las acciones, primero improvisadas para dar respuesta a la urgencia; ahora organizadas y con proyección de largo aliento. Ella es Érika María del Luján Gonnet, es la ministra más joven del gobierno de Omar Perotti, conduce uno de los ministerios más pequeños, sino el que más, y debutó en el cargo con un horizonte de desastres inimaginables: no sólo una pandemia que sigue sacudiendo a todo el planeta, sino los peores incendios en décadas que devastaron, precisamente, una de las partes más lábiles de lo que su área debía atender. Una, porque el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que ella conduce, tiene en su agenda desde los basurales a cielo abierto –“Hay más que pueblos en la provincia”, dirá– hasta lo que implica el nombre de su cartera, el cambio climático –“Que no es del futuro, ya está acá”, advierte–. Y todo, lidiando, articulando y armonizando con sectores poderosos, en una provincia productiva. ¿Se puede compatibilizar el derecho universal –y constitucional en la Argentina– a un ambiente sano, con una actividad económica que todo lo mide como recursos? Centrada en la emergencia más reciente, las quemas, Gonnet le cuenta a El Ciudadano qué se hizo, qué se hace y qué se hará en su gestión, para que la posibilidad, al menos, siga latente.
“Cuando nos pasó todo, el año pasado, con el tema de los incendios, nosotros veníamos trabajando en la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe”, recuerda la ministra. Y pone el acento allí, en la articulación con la Nación para una serie innumerable de acciones y un entramado de medidas, como la llave para que todo lo que se perdió con el fuego –para peor en un contexto de bajante extraordinaria del río Paraná– pueda ser recompuesto. No será lo mismo, pero puede que a la intención de quemar o de reconvertir el Humedal, le llegue más temprano que tarde el bumerán.
“Muy pocos santafesinos sabían que teníamos un Parque Nacional. El año pasado vino el ministro (de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié) junto con el gobernador y pusieron la estructura. Frente a la localidad de Puerto Gaboto tiene su lugar, su sede, que antes no existía. Y el desafío es ampliarlo: es uno de los más chicos del país y se hizo un relevamiento sobre 160 mil hectáreas, desde Coronda hasta Santa Fe capital, para ver hacia dónde. Es un lugar bellísimo. Y con el programa Regenera Santa Fe aumentamos en 2.600 hectáreas las áreas protegidas en esa zona. Y sumado al Inventario de Humedales son cosas que tienen que ver con nuestro Ministerio: soluciones basadas en la naturaleza. Ampliar Parques Nacionales y ampliar las áreas protegidas para que todo desarrollo que se haga en esas áreas sea sostenible. Que podamos monitorear y que no nos tengamos que enterar por una ONG que están vendiendo terrenos en esas zonas. Cuando uno puede estar en este tipo de lugares y preservarlos y conservarlos, los estamos protegiendo.
—A principios de junio estuvieron en la isla Ingeniero Sabino Corsi, en el marco del Día Mundial del Ambiente, con representantes de Entre Ríos y del gobierno nacional. ¿En qué avanzaron?
—Hace un tiempo firmamos un convenio con el Enapro que tiene en comodato 200 hectáreas de islas. Ellos ya el año pasado habían iniciado acciones legales con respecto a las usurpaciones. No es nada nuevo que hay gente que se ha apropiado de distintos espacios en las islas y que a veces publica la venta de lotes o de terrenos o de espacios en las islas. Esto es ilegal: hay que comenzar diciendo eso. Es ilegal la venta, la publicación de la venta y también la operación de quien lo compra. Cuando tomamos conocimiento de lo que estaban denunciando las organizaciones, desde el Ministerio de Ambiente estábamos, a través de un programa Regenera Santa Fe, declarando áreas protegidas a diferentes zonas de islas. Puntualmente con la ciudad de Granadero Baigorria que tiene unas 400 hectáreas en la isla de los Mástiles, ya firmamos los convenios para avanzar en el decreto de área protegida. Y lo que hicimos fue elevar las denuncias a la Fiscalía de Estado para que, justamente, inicie las acciones penales, la investigación, lo que tenga que hacer. Y la isla Sabino Corsi fue propuesta por la provincia de Santa Fe como un nuevo Faro de Conservación dentro del programa de Piecas. Con los incendios del año pasado, uno de los proyectos para prevenir que ocurran de nuevo son los Faros; Santa Fe tiene tres y queremos que Sabino Corsi sea el cuarto. Lo que estuvimos haciendo días atrás con el gobierno nacional y con el gobierno de Entre Ríos es justamente articular acciones: monitorear, ver en qué condiciones están los territorios, cómo han sido afectados por los incendios; acciones con los productores.
—¿Cómo es el vinculo con Entre Ríos respecto al tema incendios?
—Santa Fe tiene Ministerio de Ambiente; Entre Ríos, no. Tiene Secretaría de Ambiente, la cual depende del Ministerio de la Producción. La novedad de Entre Ríos es que cambió sus funcionarios, y nosotros notamos una mayor organización en cuanto a la problemática de los incendios. Han propuesto otros Faros, incluso en el radio del municipio de Victoria. Y también algo para resaltar es cómo está articulando el gobierno provincial con el gobierno municipal. No lo habíamos visto el año pasado, pero la verdad es que están trabajando fuertemente y articuladamente; vienen trabajando con capacitaciones a diferentes actores que trabajan en la zona de islas y con productores. También nos contaban que diferentes productores de la zona han formado una asociación y se han puesto a disposición para poder trabajar sobre la prevención de los incendios. Si comparo cómo estábamos el año pasado a hoy, con Entre Ríos muy bien. Y nosotros también: nos hemos fortalecido, tanto en Protección Civil, que ha incorporado 15 brigadistas que van a ser capacitados en los próximos días por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego; se ha sumado el Ministerio de Seguridad con la fuerza de Los Pumas, que no solamente van a estar monitoreando sino que se van a estar capacitando con el SNMF; el Enapro tiene tecnología en esa zona para poder monitorear, cámaras que van a estar a disposición tanto de Protección Civil como de Prefectura Naval… Hay otra organización en cuanto este tema, aunque lamentablemente tenemos que seguir insistiendo en que la bajante del río sigue siendo pronunciada y que el fenómeno de La Niña sigue, con lo cual hay que extremar las medidas de prevención, porque muy probablemente incendios vuelva a haber. Pero el trabajo articulado entre las provincias, con la Nación y con los productores va a ser fundamental.
—¿Lo que ocurrió con las quemas es un proceso intencional de cambio de uso del suelo?
—Creo que fue multicausal; había condiciones ambientales extremas. Por eso creo que tenemos que empezar a hablar del cambio climático, porque las consecuencias las padecemos todos, no un sector. Se habla del cambio climático como algo lejano, pero es algo que está sucediendo ahora y estas son las afectaciones. Por eso tenemos que empezar a hablar de transiciones: por ejemplo en la manera de producir. Y lógicamente quizás está la intencionalidad, que a lo mejor hubo el año pasado, pero todavía no lo pudimos comprobar porque no ha habido mucho avance en las investigaciones, en las causas judiciales. Además, la provincia de Santa Fe anunció el Inventario de Humedales, y tiene que ver con esto, con el ordenamiento territorial, teniendo en cuenta lo vulnerables que se encuentran en estos momentos. Obviamente que el cambio de uso del suelo puede ser una de las causas en este territorio.
—¿Pudo haber también una potencial intencionalidad política?
—Hay que ser prudentes con esto, pero había cosas que llamaban la atención: llegaba el día domingo o el sábado por la tarde y había horarios puntuales que frente al Monumento a la Bandera se prendían fuegos. A veces los brigadístas decían ¿qué se prende?, porque había un horario puntual en un lugar determinado. Por eso también en esa articulación que tenemos con el Ministerio de Seguridad una de las cosas que se plantearon fuertemente es la investigación, no solamente monitorear. Cuando decimos muticausal es que había también intencionalidad; no sé si política, pero la había.
—¿Se espera algo de la investigación judicial?
—Nos contaban desde el Piecas (el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) que el juez Alonso (titular del Juzgado Federal 2 de Paraná) pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación que se aumenten los monitoreos en la zona, a través de Prefectura y de Gendarmería, y que le había informado al gobierno de Entre Ríos que había habido focos de incendio y que trabajaran ese sentido. Esto fue el 18 de mayo, que libró el oficio. Es lo último que sabemos.
—¿Tienen mensurados los recursos que tuvieron que aumentar y cambiar de destino en función de los incendios?
—No tengo número, pero teníamos mensurado por semana la inversión que hacía la Nación, enviando no solamente los brigadistas sino aviones hidrantes, helicópteros; más lo que poníamos en la logística en territorio santafesino a través d de Protección Civil de la provincia… Los números eran millonarios. De hecho todo lo que sean aviones hidrantes tiene un costo altísimo. Nosotros hicimos un convenio con Fearca (Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas), que tienen los aviones que se usaban en su momento para fumigar (hay una flota que tienen para incendios) para tenerlos en diferentes puntos de la provincia, para usarlos rápidamente, antes de que vengan los aviones hidrantes de mayor capacidad, y así poder ir remediando las situaciones. Pero son cosas muy costosas, aunque hay que aclarar que son inversiones: la provincia no tenía absolutamente nada preparado para este tipo de cosas. Incluso en la Nación el Sistema de Manejo del Fuego estaba en en el Ministerio de Ambiente y lo habían pasado al de Seguridad; y la verdad es que también tenía pocas herramientas. Se hizo mucho: hasta se regularizó la situación laboral de los brigadistas del Sistema. La verdad es que todo eso en medio de incendios, que no solamente hubo acá en el Delta sino en todo el país. La verdad es que nos encontramos, los que entrábamos en gestión, con situaciones bastante desoladoras. Se tuvieron que hacer inversiones grandes, pero también necesarias.
—También para esa situación inédita se generó una respuesta inédita, como la formación de voluntarios. ¿Se van a dar una política frente a esas organizaciones?
—No podemos dejar de decir que es peligroso si no están preparados. Tuvimos algunas reuniones tratando de programar que se capaciten: no puede ir cualquier persona a apagar un incendio, porque pone en riesgo su vida. Es muy peligroso; por eso tenemos bomberos, brigadistas… ¿Era suficiente? Y, con la magnitud de lo que estábamos enfrentando, llegamos a tener en la provincia 200 brigadistas trabajando y parecía que nada alcanzaba… Pero tuvimos reuniones en Alvear, donde estaba el centro operativo y tanto Bomberos como Protección Civil explicaban esto. ¿Se podía colaborar? Sí, había muchos puntos para hacerlo. Pero estar en el foco de incendio no era lo recomendable. Requiere práctica, requiere capacitación requiere entrenamiento. Ponemos muy en valor la voluntad, pero nosotros, que nos toca ser Estado, no podemos incentivar este tipo de cosas.
—¿El Inventario de Humedales se va a concretar?
—Lo hablamos a comienzos de este año con el gobernador Omar Perotti, que le pareció muy bien; lo hablamos con el ministro Juan Cabandié, que en una de sus últimas visitas firmó un convenio para trabajar en conjunto con el área correspondiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que son quienes nos están guiando. Nosotros esto lo contamos en la primera asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente, donde están todas las provincias con sus autoridades ambientales, y a raíz de esto tanto Ro Negro como Tierra del Fuego ya están con esta misma iniciativa, y se estaban sumando Chaco y Buenos Aires. Esto tiene que ver con la ley de Humedales, con el ordenamiento territorial. La ley de Humedales no va a ir contra ningún tipo de sector: es poder ordenar que los desarrollos productivos se hagan de manera sostenible; no va en contra de la actividad productiva. Esto es preservar recursos que no son recursos sino bienes comunes, y tenemos que velar por ellos. Son procesos que llevan mucho tiempo, pero la decisión política de hacerlo me parece importante.
—¿Qué desafíos ambientales tiene santa Fe y qué se continúa y qué se cambia respecto de la gestión anterior?
—Creo que la pandemia ha dejado al desnudo el tema ambiental. Y en este momento tan difícil y tremendo que nos toca pasar, también es una oportunidad, porque se ha visibilizado mucho más que antes. Creo que hay una gran revolución ambiental y que la llevan adelante los jóvenes, y a eso le damos un gran valor. Han empujado, primero en silencio, y ahora han quedado con una voz muy fuerte y alta. Creo que el cambio climático lo tenemos que trasladar a lo que afecta a cada uno como sociedad día a día. Las grandes olas de calor, los meses y meses de sequía, las bajantes de nuestro río son todas consecuencias que repercuten en la vida diaria, en la actividad, en la producción ganadera, agropecuaria. Los rindes son distintos, El gran cambio que lleva adelante la provincia es esto: poder hablar del cambio climático, y empezar a hablar de adaptación y mitigación. Y no nos pasa sólo en la provincia, sino que está pasando a nivel país y en el mundo. Poner en discusión el uso de combustibles fósiles, la forma de producir… Yo creo que hay una gran conciencia industrial y todas están viendo cómo se reconvierten. El gran desafío que tiene el Ministerio es poner todos estos temas no sólo en discusión, sino con acciones. El año pasado logramos tener una ley de Acción Climática, y fue producto del consenso político. Había otros proyectos, no del oficialismo, y logramos sentarnos, hablar del proyecto que tenía el Ejecutivo provincial y en diciembre teníamos ley. Con ese eslogan que tiene el Ministerio de la Nación y que nosotros hemos tomado como propio: “La acción climática es ahora”. No tenemos más tiempo. Es lo que hemos tomado conciencia generacionalmente y lo que les debemos a las generaciones futuras. De la gestión anterior tomamos muchas de las cosas que estaban iniciadas. Por ejemplo, el tema de los residuos. Santa Fe tienen conformados 33 consorcios que agrupan regionalmente municipios y comunas para el tratamiento de residuos, y muchos de ellos tenían grandes equipamientos. Pero la provincia tiene más basurales a cielo abierto que localidades. ¿En qué fallamos? Porque la figura de consorcios está muy bien, entonces hay algo que no estaba bien. Creemos en la conciencia colectiva, en que la separación es una cuestión ambiental y social que es de todos. Pero si en cada localidad el responsable territorial, intendente, presidente comunal, no tiene una política pública, vamos a seguir juntando, llevando a disposición final, y no vamos a estar trabajando sobre la separación en origen, que ya hace que estemos tirando el 50 por ciento menos de nuestros residuos. Es un trabajo artesanal, pero hay que hacerlo. Hay consorcios que funcionan muy bien en la provincia, otros que van por ese camino, varios municipios y comunas que han tomado la materia ambiental y la de residuos muy fuertemente. Es un gran camino por recorrer. Y un gran desafío. Rafaela es ejemplo en materia de separación en origen. Hace 15 años que está trabajando con el tema de residuos, tienen más del 70 por ciento de separación en origen, tres cooperativas con más de 60 personas trabajando. Y también es ejemplo una comuna como Emilia: el 92 por ciento de su población separa en origen. En Firmat trabajan desde hace mucho tiempo. El consorcio de San Jorge tiene una cooperativa con 15 personas que están trabajando en la separación en origen, ahí y en 12 localidades más que pertenecen al mismo consorcio, de dos departamentos: San Martín y Castellanos. Hay un sinnúmero de acciones, a veces individuales, que cuando se vuelcan a un consorcio generan como un efecto contagio entre localidades vecinas. Es un gran desafío, un gran trabajo, pero también un gran compromiso por parte de los jefes territoriales.
