El jefe del Ejército, César Milani, desmintió un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el que se cuestiona a un fiscal que lo investiga en La Rioja y se queja de «las sospechas infundadas que se pretenden instalar mediáticamente».
En una gacetilla del Ejército, titulada «El general Milani desmiente al CELS», el militar desmiente un informe del CELS, que preside el periodista Horacio Verbitsky, y explica la tramitación de la causa judicial que afronta en La Rioja, en la que lo relacionan al secuestro y las torturas a Pedro Adán y Ramón Alfredo Olivera.
El CELS advirtió el sábado sobre «graves irregularidades» en la causa, luego de que el fiscal Michel Horacio Salman pidiera cerrar la investigación por su presunta participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
En su desmentida, Milani sostiene que él mismo denunció «las graves irregularidades cometidas en la causa judicial, desde su inicio en julio de 2013» y que también «tuvieron como protagonistas a Ramón Alfredo Olivera y a los fiscales Marta Elena Kunath (subrogante) y Darío Edgar Illanes».
«Me presenté voluntariamente por escrito, en forma personal y a través del defensor oficial, en varias oportunidades ante el fiscal Illanes, pero contrariamente a lo que afirma el CELS, no pude ejercer de manera real y efectiva el derecho de defensa en juicio. Sistemáticamente mis presentaciones fueron ignoradas por el fiscal Darío Illanes, quien no proveyó favorablemente ni siquiera un simple pedido de fotocopias de la causa», planteó.
Milani señaló que Illanes, «de probados pero no aclarados contactos con el Senador Nacional por la provincia de Córdoba, Luis Juez, se apartó de la causa recién en el mes de febrero de este año y no en el mes de diciembre del año pasado como erróneamente señaló Vertbitsky en el comunicado del CELS».
Sostuvo que el fiscal general Salman, «luego de analizar las 1.600 fojas del expediente y la documentación reservada, acompañó el planteo de nulidad y excepción por atipicidad manifiesta realizado por el defensor oficial, Eduardo Narbona».
Milani señaló que Narbona concluyó entonces que Olivera y los fiscales Kunath e Illanes lo «acusaron infundadamente», «se comportaron con arbitrariedad manifiesta», lesionando «las garantías constitucionales del debido proceso».
«Se probó que cuando ocurrieron los hechos contaba con 21 años de edad y que el día 12 de marzo de 1977 no estaba a cargo, ni pude haber participado, del procedimiento que concluyó con la detención del señor Pedro Adán Olivera (padre del denunciante)», aseveró Milani.
Y agregó: «(Se probó) que no incurrí en el delito de privación ilegítima de la libertad al haber acompañado a la policía provincial en los traslados de presos políticos, desde la cárcel de La Rioja hasta el juzgado federal, puesto que no contaba con ningún elemento objetivo que me hiciera pensar que las órdenes de traslado impartidas por un juez federal de la Nación en realidad estaban viciadas de ilegalidad, como se determinó treinta años más tarde».
Asimismo, señaló que «el traslado de Olivera fue dispuesto en el marco de una causa judicial iniciada en 1975, a partir de la cual resultó posteriormente condenado».
«Pese a las sospechas infundadas que se pretenden instalar mediáticamente de un actuar coordinado con el fiscal general Salman, cabe aclarar que tras la excusación de Illanes mi defensa también solicitó la recusación de Salman, ya que éste había iniciado de oficio actuaciones preliminares luego de la emisión del programa televisivo de Jorge Lanata, en julio de 2013. Ese pedido de recusación fue rechazado, en mi perjuicio, por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena», aseveró Milani.
Milani también señaló que la semana pasada, en su última presentación ante la Justicia, señaló que «Ramón Alfredo Olivera omitió intencionalmente mencionar que mantuvo contactos y comunicaciones con la producción del programa Periodismo Para Todos», de Lanata, lo que a su criterio demuestra que «la denuncia estaba armada desde su inicio».
«Ninguna víctima de causas de lesa humanidad en La Rioja mencionó mi nombre. Pese al rótulo de represor y las comparaciones con (el dictador Jorge Rafael) Videla, el propio Olivera tuvo que admitir que jamás nadie. nunca. nombró a Cesar Milani en sus denuncias y que desconocía totalmente ese apellido», apuntó Milani.
Sostuvo que Olivera ni siquiera llegó a involucrarlo en «la aplicación de tormentos», sino «solamente en dos situaciones: un traslado de la cárcel al juzgado y con la detención del padre».
«No hay imputados que hayan sido indagados o procesados por participar de traslados de detenidos entre el juzgado federal y la cárcel de la ciudad de La Rioja, con lo cual es falso que por casos similares haya imputados que estén en prisión y que por ser el actual Jefe del Ejército, se me brinde impunidad o la posibilidad de ser juzgado con un estándar probatorio distinto o se haya aplicado un doble estándar que me beneficie especialmente», afirmó Milani.
Finalmente, el jefe del Ejército dijo que le «sorprende el silencio guardado por el CELS y su presidente, Horacio Vertbisky, quienes conociendo los detalles de la causa, omitieron revelar las irregularidades señaladas en torno a la actuación del fiscal Illanes y el señor Ramón Alfredo Olivera».
El CELS había impugnado en 2013 el pliego de ascenso de Milani, debido a que sostenía que el militar tenía «falta de idoneidad para el cargo», en medio de las acusaciones que pesan en su contra por su actuación durante el terrorismo de Estado.
Además de este expediente, Milani está procesado en la causa por la desaparición forzosa del soldado riojano Alberto Ledo el 17 de junio de 1976 en la localidad tucumana de Monteros.
