Un empresario de 59 años, procesado por abuso sexual con acceso carnal de dos hermanitas de barrio Gráfico, fue beneficiado con una sustitución de prisión a pedido de sus defensores y actualmente se encuentra en libertad con algunas restricciones. El caso se hizo público en septiembre de 2010 cuando una representante del Movimiento Evita se presentó ante la Justicia para denunciar que dos niñas de escasos recursos –que asistían a un centro comunitario lindante a su casa– eran golpeadas y entregadas por su padre a otros adultos, quienes las sometían a distintas prácticas sexuales. El testimonio de la mujer desencadenó una investigación judicial que tuvo como resultado la detención y procesamiento de seis personas, entre ellas el padre, la madrastra y el empresario en cuestión, quien luego de varios intentos por obtener su libertad –circunstancia que fue denegada en el Juzgado de Instrucción 5ª donde tramitó la causa y por la Cámara Penal– logró su cometido en el Juzgado de Sentencia de la 4ª Nominación, cuando su abogado brindó una fianza personal. Esta determinación generó una marcha de la organización en los Tribunales para repudiar la medida adoptada y los referentes expresaron al magistrado su preocupación, no sólo por el posible riesgo de evasión del acusado, sino también por temor a la posible alteración de prueba o la presión sobre los testigos de la causa. La resolución se encuentra apelada.
El nombre de Antonio C. comenzó a sonar en la causa luego de algunas declaraciones brindadas por testigos y de los relatos de las nenas que surgieron a través de la Cámara Gesell, sistema que permite extraer información cuando los testigos o víctimas son niños sin que sea con la forma del tradicional interrogatorio.
Tras la recolección de las pruebas en su contra, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de Tony –como conocían sus víctimas a Antonio C.– pero el hasta entonces sospechado no se hallaba en el lugar. Por ese entonces, el hombre presentó un escrito en los Tribunales provinciales para informar que no se encontraba en su casa porque estaba internado. Luego de recibir el alta médica, el empresario quedó detenido. En su descargo, Tony admitió conocer al progenitor de las niñas, aunque aseguró que sólo le dio changas. También reconoció que alguna vez subió a las víctimas a su vehículo para llevarlas junto al padre hasta un departamento donde el hombre realizó un trabajo de pintura. Sin embargo, los elementos colectados en la causa concluyeron en el procesamiento del acusado por abuso sexual con acceso carnal.
En esa etapa, la jueza de Instrucción 5ª, María Luisa Pérez Vara, le denegó la posibilidad de transitar el juicio en libertad; resolución que fue confirmada por la Sala I de la Cámara Penal. Su defensa realizó un nuevo intento cuando el expediente pasó a juicio y presentó el pedido ante el Juzgado de Sentencia de la 4ª Nominación, a cargo de Julio Kesuani.
Según refirieron fuentes judiciales ante el planteo, la fiscalía a cargo de Graciela Argüelles pidió la intervención de la querella para que cuantifique el daño sufrido por las niñas, entres otras medidas.
“Las víctimas padecieron una grave afección psíquica. El hecho de que los acusados se encuentren detenidos fue un paso en su recuperación”, sostiene el informe entregado por la querella y que derivó en que la fiscal considerara insuficientes las previsiones brindadas por la defensa.
Además, la representante del Ministerio Público expuso que Tony se sustrajo al accionar de la Justicia antes de su detención, y compartió el criterio de la querella respecto a que la capacidad económica del acusado podría facilitar su fuga.
Por su parte, Kesuani desechó el pedido inicialmente, aunque una presentación posterior del defensor en la que ofreció hacerse cargo del imputado y garantizar su sometimiento al proceso hizo cambiar de opinión al magistrado, quien le otorgó la libertad con restricciones entre las que se detallan: fijar domicilio, presentarse un lunes al mes en el tribunal y la prohibición de acercarse a las víctimas ni tener contacto con sus familiares o testigos en la causa, ni aproximarse a sus viviendas, trabajos o lugares de estudio.
Militantes en Tribunales
La decisión del juez generó el repudio de los militantes del Movimiento Evita, quienes se manifestaron durante la mañana de ayer con carteles en el interior del edificio de los Tribunales Provinciales de Balcarce y Pellegrini. En diálogo con El ciudadano, el abogado y referente del Movimiento Evita, Fernando Rosúa, relató que se reunieron con el juez para manifestar su preocupación por la resolución atento al riego de evasión que ello genera, como también expresaron su temor ante la posible alteración de pruebas y presión sobre los testigos.
Respecto a los fundamentos de la resolución, Rosúa expresó que el magistrado les argumentó que tomó esa determinación “en base a que existe un profesional que se comprometió a que (el acusado) no evada la Justicia y él (por el juez) confió en la palabra del defensor. “Esperemos que salga todo bien y que no haya evasión, ni presión sobre los testigos. Esa (por el hostigamiento sobre los declarantes) es nuestra gran preocupación porque hay antecedentes sobre el tema”, sostuvo el abogado y ex concejal.
Ahora el caso quedará en manos de la Sala I de la Cámara que revisará la decisión.
